Los países desarrollados tienden hacia leyes de interrupción del embarazo más permisivas. Cuatro Estados de América Latina prohíben esta prestación sanitaria
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo también es un ecuador que divide el planeta. Más del 60% de la población mundial vive en países donde el aborto se permite bajo supuestos amplios —se incluyen las razones sociales o económicas, por ejemplo— o donde es un derecho de la mujer durante las primeras semanas de gestación. Europa, Estados Unidos… es decir, la mayoría de los países desarrollados situados en el hemisferio Norte —salvo excepciones, como Australia— se guían por este modelo. En el otro lado del panorama global, y del ecuador —porque son Estados que se concentran en el hemisferio Sur—, cerca del 40% de la población mundial vive en países con marcos normativos restrictivos, donde el aborto se prohíbe o se permite en supuestos restrictivos, como para salvar la vida de la mujer. Es el caso de la mayor parte de África, América Latina, Oriente Próximo o Asia meridional, según el informe sobre el acceso a esta prestación sanitaria elaborado por la ONU en 2013.
España, con la nueva Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, se trasladará de la lista de países en los que el aborto es un derecho de la mujer para situarse junto a los que solo permiten esta intervención por razones médicas, junto a Estados como Bolivia, Malasia, Polonia o Israel. La ley presentada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón —que debe pasar por los trámites parlamentarios— permite el aborto solo en caso de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer (hasta la 22 semanas de gestación), riesgo que incluye también el perjuicio para su salud mental tras el diagnóstico de una patología fetal incompatible con la vida.
A nivel mundial, y con algunas excepciones, los Estados han ido liberalizando sus marcos normativos sobre acceso al aborto desde mediados del siglo XX. España involuciona, apunta Viviana Waisman, presidenta de la organización internacional Women's Link Worlwide, que trabaja en temas de derechos humanos y justicia con perspectiva de género. “La nueva ley sitúa a España a la cola de Europa, junto con los países con peores leyes de acceso. Pero es que el modelo elegido por Gallardón es incluso más restrictivo que el que se sigue en muchos países de Latinoamérica, porque exige que el riesgo para la salud de la mujer sea grave; algo que no se especifica, por ejemplo, en Colombia”, sostiene. “Además, el procedimiento burocrático elegido puede hacer que el acceso real sea muy complicado”, sigue.
La nueva ley coloca a España junto a los países americanos más restrictivos
Desde 1996 —tras la firma, dos años antes, del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en El Cairo— varios países han aprobado leyes para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hicieron para seguir las recomendaciones internacionales que luchan contra el aborto inseguro. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las leyes más restrictivas no logran atajar las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo. Solo contribuyen a aumentar la mortalidad por abortos arriesgados. Según la OMS, unas 47.000 mujeres murieron en 2008 (último año con estimaciones generales) en el mundo a consecuencia de intervenciones clandestinas o poco seguras. Una realidad que supone un grave problema de salud pública en el África Subsahariana y América Latina, según la ONU.
En los últimos años, la situación en América Latina ha ido variando, aunque con matices. La dicotomía es inmensa. Algunos países han aprobado leyes aperturistas; otros, restrictivas. En cuatro estados de la región —Haití, Guatemala, Surinam y Honduras— el aborto se permite solo para salvar la vida de la mujer; aunque en ocasiones únicamente sobre el papel: el acceso es complicadísimo. En Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica prohibida. En América Latina son muchas las mujeres perseguidas por abortar, o que han tenido que recurrir a la justicia —casi siempre con escasos resultados— para defender su derecho a la vida y a la salud.
La oposición a esta práctica de los sectores más conservadores y de la Iglesia llevan chocando años con los tímidos intentos de despenalizarla. A pesar de esto, se han registrado algunos cambios estructurales. Uruguay, por ejemplo, despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación; un modelo de ley de plazos similar al de la mayoría de la UE y elegido también en la ciudad de México (desde 2007). Colombia aprobó, hace unos años, una ley que permite la interrupción del embarazo en tres supuestos (riesgo para la salud de la mujer, violación, o anomalías fetales) y Argentina aceptó en su legislación la interrupción del embarazo en casos de violación.
El regreso de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile, después de haber dirigido ONU Mujeres, podría traer cambios a una de las legislaciones más restrictivas del planeta. “En el programa de campaña, Bachelet incluye la despenalización del aborto por tres causas: malformación fetal, violación y aborto por indicación médica”, explica Lidia Casas Becerra, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en Chile. “Su postura es clara. Su papel será clave, y las posibilidades parecen más reales que nunca porque su grupo tiene mayoría en el legislativo”, sigue.
Pero el proceso podría encontrarse con la oposición del Tribunal Constitucional. Casas explica que cuando Bachelet intentó aprobar la píldora del día siguiente, en su anterior mandato, una parte de la oposición apeló al Constitucional y logró impedir su aplicación.En Chile, los movimientos sociales piden una regulación como las europeas, que respete el derecho de la mujer a decidir su maternidad. Aunque la experta reconoce que la propuesta de Bachelet, que busca el consenso, se parece más a un acuerdo de mínimos.
Las normativas de El Salvador y Nicaragua, que han endurecido el acceso al aborto legal en las últimas décadas, representan la otra cara de la tendencia en América Latina. En el primero, el Parlamento prohibió, en 1997, el aborto terapéutico. En Nicaragua, que hasta 2008 tenía una de las legislaciones más avanzadas del continente, el Gobierno del sandinista Daniel Ortega aprobó un nuevo Código Penal con duras condenas contra niñas y mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo bajo cualquier supuesto.
En otros países, como Ecuador, se sigue librando una batalla. La ley solo permite el aborto legal en dos supuestos: si la vida o la salud de la mujer está en peligro, o cuando el embarazo sea producto de una violación de una mujer con discapacidad mental.
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Fuente ONU (El País)
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