El 3 de junio pasado saltó la noticia de que se le negaba el aborto a una niña de 12 años embarazada a causa de una violación. La negativa se producía porque la actual ley de aborto, la aprobada por el gobierno socialista, prohíbe abortos en embarazos avanzados como el de esta niña, aunque peligre la vida de la gestante que se pone así, como en los sistemas más bárbaros, a disposición de un embarazo sobre el que la propia gestante no tiene ningún poder de decisión. Sin embargo con la antigua ley un aborto como este hubiera sido perfectamente legal al encuadrarse en el supuesto de “riesgo para la salud física o psíquica de la mujer”.
Esto nos demuestra varias cosas que en su momento algunas feministas denunciamos. Que la ley aprobada por el PSOE y vendida como una de las más adelantadas de Europa es una engañifa. Esta niña podría abortar en cualquier país europeo en donde el derecho al aborto es una realidad normalizada desde hace décadas. Nos demuestra también que esta ley es mucho peor que la anterior desde el punto de vista de la autonomía de las mujeres y de su salud; que deja a las mujeres desprotegidas y a merced de los profesionales de la salud; que nos trata como menores de edad y no como ciudadanas con derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hay que recordar que las feministas institucionales en general callaron ante una ley que en términos generales es más restrictiva que la anterior y que, además, lo es especialmente en los casos a los que pueden enfrentarse las mujeres más vulnerables y desprotegidas, como esta niña.
Pero este caso nos sitúa de bruces también con la realidad de que todo el montaje representado por el PP y la Iglesia era ridículo, absurdo e injustificado, puesto que está ley dificulta el aborto respecto a la anterior así que, como yo escribí en varias ocasiones en esta misma columna, en realidad los antiabortistas, los antielección, los antifeministas, deberían haber dado saltos de alegría ante su aprobación ya que con esta ley se restringen las posibilidades de acceder a este derecho. Esto demuestra que no les importan tanto el número de abortos como el hecho de que se pueda abortar sin aducir un motivo (cosa que sí facilita esta ley). Es decir, no les importa tanto el hecho en sí como la libertad de las mujeres, que es el verdadero problema.
Desde el punto de vista de la realidad del aborto, de la realidad de las mujeres más desprotegidas y vulnerables, la ley anterior era mejor. Y desde el punto de vista político y de los derechos de las mujeres para aprobar una ley como esta, mejor hubiera sido no haber tocado la anterior porque cambiar de ley supuso volver a traer un debate que era inexistente al primer plano político. El debate estaba extinguido y el PP no hubiera tocado aquella ley al llegar al poder como ahora sí amenaza con hacer, y hará, con esta nueva. Desde el punto de vista estratégico abrir el debate sobre el aborto sólo se justificaba para aprobar una ley que realmente nos pusiera al nivel de los países más avanzados de Europa. Lo único que consiguió la nueva ley fue lanzar al PP y a la iglesia contra el derecho al aborto; y a cambio de casi nada.
Todo esto al final viene a demostrar hasta qué punto el Movimiento 15 M tiene razón en su denuncia de que estamos dominados por una política de gestos, donde lo que cuenta son los intereses del propio partido y para ello se tuerce la realidad lo que haya que torcerla; donde lo que cuenta es lo que se dice machaconamente hasta hacer pasar mentiras evidentes por verdades que la gente termina por creerse; que la realidad está cada vez más alejada de la política y que los partidos ponen sus propios intereses por encima de cualquier otro, aunque con ello traicionen a sus votantes naturales.
Beatriz Gimeno es escritora y expresidenta de la FELGT (Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales)
