El año pasado la Policía Nacional registró 1.285 delitos, de ellos 102 en Madrid.
El 25 por ciento los sufren los menores y sólo una de cada diez víctimas denuncia.
El 25 por ciento de los delitos de odio cometidos en España los sufren los menores, según los datos registrados en el último año por las Fuerzas de Seguridad, que advierten de que solo una de cada diez víctimas llega a poner una denuncia.
El año pasado se registraron por la Policía Nacional en España 1.285 delitos de odio, de ellos 102 en la Comunidad de Madrid, y la mayoría, el 40 por ciento, por orientación sexual de la víctima, seguidos de cerca por los relacionados con el racismo y la xenofobia.
Estos datos han sido facilitados este martes por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en la Jefatura Superior de Policía madrileña, donde ha inaugurado unas jornadas sobre delitos de odio y discriminación y ha felicitado a este Cuerpo por resolver dos de cada tres delitos de odio el pasado año.
Ha abundado en que la sensibilidad que muestran los agentes en el trato es fundamental siempre pero sobre todo a la hora de atender a colectivos vulnerables como son los menores.
Nuevas formas: el ciberodio
Además ha apostillado que la formación continua también es necesaria para estar actualizados en las nuevas forma en las que se materializan las agresiones como por ejemplo el «ciberodio«, que está creciendo amparado por el anonimato de las redes sociales y la facilidad de acceso.
«Internet y las redes sociales son unas de las principales formas de los terroristas yihadistas para difundir sus mensajes de odio hacia occidente y para captar nuevos combatientes por todo el mundo», ha recordado la delegada del Gobierno.
Dancausa cree que aunque queda mucho por hacer se está avanzando por el camino correcto para alcanzar la deseable «tolerancia cero» y la mejor atención posible a las víctimas y ha explicado que una de las formas de garantizarlo es la formación especializada de los agentes encargados de atenderlas.
Ha comentado que aunque la sociedad española es una sociedad abierta e integradora, en la que predomina el respeto hacia la diversidad de ideas, personas y culturas, la intolerancia existe y la Policía Nacional tiene la obligación de combatirla y proteger el derecho de todos a la no discriminación.
Por ello ha asegurado que se les exige a los agentes una total contundencia a la hora de rechazar y perseguir cualquier agresión que sufra una persona por su pertenencia a una determinada etnia, raza, religión o práctica religiosa o por su discapacidad, orientación o identidad sexual, así como por su situación de pobreza y exclusión social.
Más visibilidad
Dancausa ha señalado que el primer paso necesario es dar visibilidad a estos delitos y ha recalcado que en muchos casos las víctimas viven la discriminación en silencio por diversos motivos.
Al respecto ha apuntado que a veces, como en el caso de muchos inmigrantes, porque están en una situación de ilegalidad y en ocasiones porque creen que denunciar no va a servir de nada y temen además que no van a encontrar comprensión por parte de las instituciones.
«Esta percepción no solo es errónea sino también un obstáculo para combatir el problema puesto que, como ocurre por ejemplo con la violencia de género, la denuncia suele ser la única vía para conocer la agresión y poder poner en marcha las acciones necesarias para proteger a la víctima», ha subrayado la delegada del Gobierno.
