Siete de cada diez víctimas de delitos de odio en Europa no denuncian su caso. España tiene unidades especializadas pero la prevalencia de esta clase de crímenes y situaciones de acoso ha aumentado en los últimos años.
Comportamiento tras el incidente más reciente de violencia motivada por discriminación
Con el impacto por el asesinato homofóbico de Samuel Luiz el pasado 1 de julio en A Coruña, y menos de un mes después del asesinato racista de Younes Bilal en Mazarrón (Huelva), aun presentes en gran parte de la sociedad española, un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) aporta orientaciones para superar la falta de información sobre los delitos de odio, que atentan contra derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que corresponde por obligación protegerlos a todos los estados miembros.
Lo paradójico es que el incremento de las notificaciones por delito de odio dentro de los países de la Unión Europea no es necesariamente una mala noticia. Es una de las conclusiones más chocantes del informe Fomentar la denuncia de delitos de odio: el papel de las fuerzas del orden y otras autoridades, publicado ayer 7 de julio por la Agencia de los Derechos Fundamentales.
Ha experimentado violencia física y acoso en los cinco años anteriores a la encuesta
El problema principal es la baja relación que la FRA ha detectado entre los casos de acoso y de crímenes de odio y las denuncias de esos mismos casos. Siete de cada diez personas no reportaron haber sufrido uno de estos ataques. La cifra aumenta espectacularmente en el caso de la población roma, gitanos e itinerantes, que solo denunciaron a alguna institución y organización en un 12% de los casos.
En el caso de las personas no heterosexuales, la media es también alta: un 79% de las víctimas de acoso y de delitos de odio no acudieron a explicar su caso a la policía o a otros organismos.
La falta de información preocupa a la Agencia de los Derechos Fundamentales, como expresa su director, el irlandés Michael O’Flaherty, que recuerda que los delitos de odio no denunciados, “no pueden ser investigados y procesados, lo que genera impunidad para los perpetradores”.
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