Ejecutivo suspende la aplicación de la Ley de Calidad de la Enseñanza y el PP anuncia un recurso

Las regiones gobernadas por los populares impugnarán la medida al considerar que se invaden competencias Fernández de la Vega advierte de que quien vulnere la legalidad «deberá atenerse a las consecuencias»

  La LOCE, la ley educativa más efímera, ya es historia. El Gobierno aprobó ayer el real decreto que suspende la aplicación de la reforma educativa patrocinada por el PP y que establecía la obligatoriedad del área de religión, los itinerarios formativos y la reválida. Los populares recurrirán la decisión del Gobierno con el argumento de que la Administración central invade competencias.

   Quien vulnere la legalidad y siga aplicando la LOCE deberá «atenerse a las consecuencias», sentenció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De esta manera, la portavoz del Ejecutivo lanzaba un serio aviso a los dirigentes del PP, que durante estos días están amagando con la idea de regirse por la legislación anterior, al entender que con la suspensión se ha creado un vacío legislativo.

Recurso del PP
Ante la determinación del Gobierno, la coordinadora de Participación y Acción Sectorial de PP, Ana Pastor, ratificó la decisión de las comunidades gobernadas por el PP de recurrir ante los tribunales ordinarios la paralización. Aparte de la invasión competencial, Pastor aseguró que «es nulo de pleno derecho que un decreto paralice una ley, y constituye una desviación de poder, al impedir que se aplique una ley orgánica vigente».

Dudas familiares
Pastor apremió a las autoridades educativas a que expliquen por qué se actúa con tal urgencia. A juicio de la dirigente popular, el PSOE carece de una alternativa, lo que hace que muchas familias ignoren qué van a estudiar sus hijos el próximo curso.
Sin embargo, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, negó tal extremo y recalcó que durante los dos años que dura la ‘moratoria’ los estudiantes cursarán los currículos de la LOGSE, la ley de 1990. San Segundo dijo que no renuncia a combatir el fracaso escolar y asumió el reto de los países de la UE para que en 2010 el 85 por ciento de los jóvenes logren terminar el bachillerato. La titular de Educación cree que la norma auspiciada por su antecesora Pilar del Castillo no es compatible con el principio de igualdad. A pesar de que el decreto detiene la implantación de la mayor parte de las medidas que contenía la LOCE, se siguen manteniendo aspectos que ya habían entrado en vigor en el presente curso escolar. Así, los alumnos tendrán que repetir curso en secundaria si suspenden más de dos asignaturas, al tiempo que se conservan los exámenes extraordinarios de septiembre y las calificaciones numéricas.

Más inglés
El Gobierno del PSOE ha asumido dos retos defendidos por la anterior Administración y que aparecían explicitados en la Ley de Calidad: el adelanto del aprendizaje inglés y la financiación de la etapa de la educación infantil que va de los 3 a los 6 años.
Está por ver si los socialistas apuestan por la creación de nuevas plazas públicas, como quieren las organizaciones progresistas de la enseñanza, o se inclinan por la firma de conciertos, como prefieren las patronales y los sectores partidarios de la escuela concertada. No sería en absoluto sorprendente que el PSOE optara por una solución equilibrada que repartiera los fondos entre la escuela pública y privada.
La ‘moratoria’ impuesta sobre la Ley de Calidad de la Enseñanza dudará dos años, tiempo que se considera suficiente para que se apruebe una nueva norma con el mayor consenso posible de los grupos parlamentarios y las organizaciones de la comunidad escolar.
Durante ese plazo de tiempo las comunidades autónomas dispondrán de tiempo para realizar los desarrollos legislativos pertinentes.

Estos son algunos de los aspectos más conflictivos de la Ley de Calidad de la Enseñanza que han enfrentado a PP y PSOE desde su aprobación:

Itinerarios: El PSOE siempre ha defendido que los itinerarios formativos a los 14 y 15 años, que permitían separar a los alumnos en función de rendimiento académico e intereses profesionales, eran inaceptables por ser «segregadores». Para compensar la ausencia de esta medida, el Gobierno propone actividades de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje y el refuerzo de la optatividad.

Reválida o Prueba General de Bachillerato: El examen que es preciso superar para acceder a la Universidad, no se aplicará. En su lugar continuará aplicándose la actual selectividad, único examen válido y homologable para cursar estudios superiores. De ese examen no dependerá la obtención del título de Bachiller ni tampoco será necesario para acceder a la Formación Profesional de Grado Superior, como establecía la Ley de Calidad. Los socialistas pretenden suprimir las pruebas de acceso complementarias que tienen algunas facultades. El objetivo es no duplicar exámenes y evitar que las universidades privadas seleccionen a sus alumnos.

Religión: La religión, que se iba a desdoblar en dos materias -una confesional y otra laica, ambas evaluables y computables en el expediente académico desde primaria a bachillerato- seguirá siendo una materia de oferta obligatoria por parte de los centros, pero voluntaria para los alumnos. El credo católico no será tenido en cuenta para acceder a un curso superior, recibir una beca o ingresar en la universidad.

Repetición de curso: La obligatoriedad de repetir curso en secundaria con más de dos asignaturas suspendidas seguirá rigiendo hasta que exista una nueva ley. La LOCE establece que cada curso podrá repetirse sólo una vez. La evaluación se realizará por asignaturas al final de cada uno de los cuatro cursos.

Calificación: Tampoco se puede paralizar la calificación numérica reinstaurada por el equipo de Pilar del Castillo. Y es que las anteriores autoridades educativas suprimieron la escala de «no apto», «progresa adecuadamente» o «necesita mejorar», consideraciones que fueron reemplazadas por evaluaciones de 1 a 10.

Educación infantil (de 3 a 6 años): La financiación pública es un objetivo que se mantiene, aunque es preciso, según el Gobierno, hacer un estudio económico para lograr este propósito. Fernández de la Vega insistió ayer en que la LOCE no fue acompañada en su tramitación de la preceptiva memoria económica.

De 0 a 3 años: Esta etapa educativa tendrá carácter formativo, no asistencial como pretendía el Partido Popular en su propuesta legal. En esa etapa se buscará desarrollar las habilidades del pequeño.

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