Tras la caída de Hosni Mubarak del poder en junio de 2011, la posibilidad de que Egipto se convierta en una democracia se ve lejana.
La hermandad musulmana, grupo islamista que aboga por la instauración de una teocracia similar a Irán, ha ganado poder político.
Mohamed Mursi, actual presidente por los salafistas declaró que la ley islámica servirá como base de la nueva constitución, pero que el país no se convertirá en una teocracia. Lo primero, para complacer a salafistas e islamistas de la propia Hermandad, lo segundo, para apaciguar los temores de los sectores liberales que temen que el país del Nilo sufra una islamización total.
Decenas de miles de salafistas, seguidores de una corriente ultraconservadora del islam, ocuparon el viernes cinco de octubre la plaza Tarhri de El Cairo para pedir la aplicación integral de la sharia o ley islámica. Esta ley sería prácticamente la pena de prisión o muerte para los ateos, agnóticos y librepensadores, asi como para el 10% de la población egipcia que son cristianos coptos.
En el artículo 2 de la Constitución de 1971, se establece que los “principios de la sharia” representan la principal fuente de derecho, una expresión vaga que, a la práctica, no ha constreñido el margen de maniobra del Parlamento. Los movimientos salafistas pretenden modificar el redactado del artículo en la nueva Carta Magna, o bien añadir una nueva provisión que defina qué significa la expresión “principios de la sharia”, para blindar así la aplicación de la ley islámica.
El caso Albert Saber Ayyad
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