La nueva norma desafía la doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la separación entre Iglesia y Estado
Luisiana ha aprobado una ley que exige que los Diez Mandamientos estén expuestos en todas las aulas de las guarderías, colegios, institutos y universidades públicos en letra grande y fácilmente legible. La norma, aprobada por el legislativo estatal, de mayoría republicana, ha sido firmada por el gobernador de Luisiana, el también conservador Jeff Landry, y desafía la jurisprudencia en la materia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
La ley H. B. 71 exige que los Diez Mandamientos se exhiban en todas las aulas en “un póster o documento enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas” (28 por 36 centímetros). Los Mandamientos deben ser el “foco central” del cartel y estar “impresos en un tipo de letra grande y fácilmente legible”. El proyecto de ley también exige que se utilice una versión específica de los Diez Mandamientos, dictada por la legislatura estatal. Los carteles con los Diez Mandamientos irán acompañados de una “declaración de contexto” de cuatro párrafos en la que se describa cómo “fueron una parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos”.
Otras medidas también aprobadas autorizan la contratación de capellanes en las escuelas, restringen a los profesores la mención de la orientación sexual o la identidad de género e impiden a los centros utilizar el nombre o los pronombres preferidos de un alumno transexual, a menos que los padres lo autoricen.
En 1980, en el caso Stone contra Graham, el Supremo dictaminó que una ley similar de Kentucky era inconstitucional y violaba la llamada cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos, que dice que el Congreso no puede “dictar ninguna ley relativa al establecimiento de una religión”. El Alto Tribunal consideró que aquella ley no tenía una finalidad laica, sino que respondía a un propósito claramente religioso. El aluvión migratorio de las primeras colonias, con personas que profesaban religiones diferentes, llevó a los llamados padres fundadores de Estados Unidos a reconocer la libertad religiosa y, al tiempo, dejarla al margen de los asuntos del Gobierno. Como señaló Thomas Jefferson, debía haber “un muro de separación” entre Iglesia y Estado.
Grietas en el muro
Los republicanos de Luisiana cuentan con nuevas bazas para que el Supremo no anule su ley. Por una parte, alegan que los Diez Mandamientos tienen un valor histórico más allá de lo religioso. Por otra, su colocación no se financiará con fondos públicos, sino mediante donaciones. Uno de los argumentos de la separación entre Iglesia y Estado de los padres fundadores era que hacer pagar impuestos a quienes profesaban una religión para usar fondos públicos en favor de otra parecía contra natura. Pero la principal baza es que el Supremo cuenta ahora con una clara mayoría conservadora que ya ha abierto grietas en ese muro.
Esa mayoría sentenció que los fondos públicos empleados por el Estado de Maine para ayudar a estudiantes en un programa de becas podían ser utilizados en colegios religiosos. Según los jueces de la mayoría, la separación entre Iglesia y Estado que exige la Constitución no se veía afectada por ello y, en cambio, dejar a los estudiantes de esos colegios al margen de las becas violaba su libertad religiosa. En otra sentencia, dieron la razón al entrenador de un equipo de fútbol americano de un instituto público que fue despedido por arrodillarse y rezar en la mitad del campo al acabar los partidos. Las juezas progresistas del Supremo interpretaban que esa actitud forzaba de alguna manera a los jugadores a sumarse y, por tanto, favorecía a una religión desde los poderes públicos. Sin embargo, la mayoría conservadora consideró que primaba la libertad de expresión y de culto y que el entrenador no podía ser despedido por ejercerla, sino que tenía el derecho constitucional a rezar así.
“Si se quiere respetar el Estado de derecho, hay que empezar por el legislador original, que fue Moisés”, quien recibió los mandamientos de Dios, dijo en la ceremonia de firma de la ley el gobernador Landry, que ha capitaneado un giro ultraconservador en Luisiana desde que sustituyó en enero al demócrata John Bel Edwards, gracias a que los republicanos tienen el control del legislativo y todos los cargos estatales.
La Unión Americana de Libertades Civiles, Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, y la Fundación Libertad de Religión anunciaron que presentarán una demanda para impedir la aplicación de la ley, que entra en vigor a principio de 2025. “La ley viola la separación entre Iglesia y Estado y es abiertamente inconstitucional. La Primera Enmienda promete que todos podemos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, en su caso, mantener y practicar, sin la presión del Gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa preferida a los alumnos y las familias en las escuelas públicas”, indicaron a través de un comunicado.
La ley impide que los estudiantes reciban una educación igualitaria y evitará que los niños que tienen creencias diferentes se sientan seguros en la escuela, argumentan. “Incluso entre quienes creen en alguna versión de los Diez Mandamientos, el texto concreto al que se adhieren puede diferir según la confesión religiosa o la tradición. El Gobierno no debería tomar partido en este debate teológico”, añaden los grupos.
La ley también “autoriza” pero no exige la exhibición de otros elementos en los colegios públicos, entre ellos, la Declaración de Independencia y el Pacto del Mayflower, que firmaron los peregrinos religiosos a bordo de ese buqueen 1620.
En otros Estados, como Texas, Oklahoma y Utah, se han propuesto proyectos de ley similares que exigen la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas, informa AP. Sin embargo, ante las amenazas de batallas legales sobre la constitucionalidad de tales medidas, ningún Estado, aparte de Luisiana, ha logrado convertir estos proyectos en ley.
