Los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución española, y los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes entre los que se encuentran el derecho a la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho a ser oído y escuchado y el derecho de participación, asociación y reunión. Estos derechos se deben ejercer progresivamente tanto en el medio escolar como en el familiar porque el interés superior del menor y su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa son imperativos legales. La información suministrada a los menores, por otra parte, debe ser siempre “veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales” (Ley orgánica 8/2015 de 22 de julio de 2015, artículo 5).
Iniciativas como la prohibición de actividades escolares, por parte de sus tutores, como la del llamado “pin parental”, no tienen cabida en nuestro sistema educativo. El cauce participativo de los padres y madres reside en las Ampas (asociaciones de madres y padres del alumnado) que son actores fundamentales y que sostienen un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas. En los colegios e institutos, a través de sus consejos escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, las madres y los padres y el alumnado, a través de sus representantes, acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección, que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos. La escuela es un lugar de convivencia en el que una comunidad de aprendizaje cooperativa garantiza para los menores el derecho a la educación que, en nuestro ordenamiento jurídico, está vinculado, además, con la libertad de cátedra.
El pretender restar oportunidades de aprendizaje a los propios hijos e hijas o menores tutelados impidiendo que participen en actividades que son desarrolladas con el resto de sus compañeros y compañeras de clase, y que le impondrían una anómala exclusión en horario escolar, atenta contra los derechos de los menores que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado están obligados a proteger, por imperativo legal.
La libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras. Esta es una obviedad que hoy se encuentra objetada por los que buscan que nos centremos en polémicas estériles por su nulo recorrido jurídico y que pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico. Frente a todo sentido común, llaman libertad a prácticas que la aniquilan. E incluso esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho. Su compromiso democrático así como su adhesión a los principios constitucionales son, a todas luces, inexistentes.
Como responsables en nuestras comunidades autónomas de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes, concluimos que los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es la misión de la educación. Se cimienta así, con bases sólidas, el ejercicio futuro de la ciudadanía en una democracia constitucional. En España educamos en libertad y para la libertad.
*Felipe Faci es consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón. Carmen Suárez es consejera de Educación del Gobierno del Principado de Asturias. Martí March es consejero de Educación, Universidad e Investigación del Govern de les Illes Balears. María José Guerra es consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Rosa Ana Rodríguez es consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla La Mancha. Esther Gutiérrez es consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Luis Cacho es consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja. Carlos Gimeno es consejero de Educación del Gobierno de Navarra. Miguel Soler es secretario autonómico de Educación y Formación Profesional de la Generalitat Valenciana.
