¿Cómo puede mantenerse y ampliarse el sistema de conciertos educativos, la mayoría a organizaciones religiosas, en un Estado moderno del siglo XXI? Máxime cuando los sistemas generales de servicios básicos como la sanidad o la educación justifican la existencia del Estado. Eso está sucediendo en la España de 2018, y en nuestra Andalucía.
Así en las capitales la oferta concertada supone ya casi el 60% de la enseñanza obligatoria. En la provincia de Córdoba, además del centro de la capital, plagado de concertada (casi el 70%), la situación de ésta es también preponderante en el distrito de Fuensanta y en la localidad de Baena.
Los conciertos comienzan en España con la LODE, BOE 4 de Julio de 1985, ley del gobierno de Felipe González, justificada por la necesidad de puestos escolares en la generalización de la enseñanza obligatoria y por el derecho de los padres o tutores a “escoger centro público o distinto”, y el derecho a que los hijos reciban “la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones”. Es cierto que había necesidad de colegios, que podían haberse construido si se hubiera optado por mantener una enseñanza única ( como se construyeron cientos de Institutos en el año 1978- 79), desde luego no tantos como se concertaron, y no tiene justificación mantenerlos y ampliarlos mientras se cierran unidades y colegios públicos. Tampoco aparece en dicha ley la posibilidad de concertar enseñanzas no obligatorias, como el Bachillerato o la FP. El derecho a elegir centro público se respeta en función de las plazas y del derecho de los demás, y la elección voluntaria de otros no públicos no obliga a que lo paguen los demás. En cuanto a recibir formación de acuerdo a las convicciones de los tutores o padres, pasando por encima del derecho del menor, el Estado la reconoce y ampara, pero no está obligado a pagarla, y desde luego no debería plantearla en los centros públicos, que deben dar una educación igual para toda la ciudadanía y, además, porque no es factible responder en un centro escolar a “todas las convicciones religiosas y morales” (cientos de religiones, opciones morales tan diversas desde el ateísmo o el agnosticismo hasta las múltiples ideologías sociales y políticas de interpretación del mundo); de hecho lo que está generalizado es el predominio de la religión católica en los espacios públicos educativos.
Otro argumento de la administración educativa para defender su política privatizadora de la educación es la económica, “es más rentable”. La eficacia de los servicios públicos fundamentales no se puede medir por la “rentabilidad económica”, sino por el cumplimiento de sus funciones; pero además esa afirmación es falsa, ya que se comparan las cifras globales, obviando el “detalle” de que las enseñanzas más costosas son las que se prestan en las zonas rurales, las de las personas con dificultades y necesidades específicas…y de esas se encarga exclusivamente el sistema público, mientras que en los centros standards medianos y grandes los costes son similares.
Pero sobre todo esta realidad de conciertos con centros educativos privados, mayoritariamente católicos, se debe a los mantras (razones repetidas sin comprobación científica) entre las familias, como:
-“Lo privado es mejor”, “si pagas serás mejor atendido” ( Por cierto, el artículo 51.1 de la LODE obliga a la gratuidad, y condena en otros apartados el cobro de cualquier cuantía). A pesar de las evidencias: 1-los centros privados tienen objetivos lucrativos; 2-el profesorado se elige por criterios de la dirección, primando la afinidad ideológica, sin la selección por méritos de los centros públicos; 3-los objetivos ideológicos, católicos en la mayoría de los casos, determinan en parte el programa y los horarios, en detrimento de los aprendizajes generales fundamentales, (aunque el art. 52.1 de la LODE obligue a que “toda práctica confesional tendrá carácter voluntario”); 4-quizás por ello, al margen de las calificaciones obtenidas en los centros, en las pruebas externas, como el examen de selectividad ( no la media con la calificación del centro), los premios académicos públicos, etc, hay una proporción mayor de alumnado de la pública con mejores resultados, o el número de proyectos innovadores, internacionales y de calidad es mucho mayor en los centros públicos. Y en las evaluaciones de los sistemas educativos, como PISA, se evidencia el mayor nivel en los Estados con sistema único público, como el caso de Finlandia.
-“El control del trabajo es mayor”. Obligar con “disciplina” impositiva no garantiza el aprendizaje. El desarrollo de la curiosidad y la autonomía son las claves del aprendizaje, y se consiguen mejores avances en un ambiente agradable de trabajo compartido. Y uno de los factores más importantes en el aprendizaje es el interés de las familias y tutores.
-Hay una razón-excusa muy repetida, “la cercanía”. En una ciudad como Cordoba, con transporte público, donde nos desplazamos a otras zonas para cualquier compra…En realidad sucede lo contrario, hay cientos de niños y niñas yendo en autobuses a los centros privados- concertados fuera de su zona, burlando en muchos casos las normas de escolarización.
Quizás la razón fundamental, casi nunca confesada, de tal elección es la idea de una selección clasista del alumnado, compartida por el sector más tradicional y conservador de las clases medias y medias altas; y asimilada por buena parte de las clases populares como medio de ascenso social. Se trata de garantizar un ambiente “homogéneo”, sin diversidad. Algo científicamente imposible y educativamente perjudicial.
Y por encima el imperio aplastante del neoliberalismo, aplicado por nuestro gobierno estatal y Andaluz, que busca desestatalizar todos los servicios en provecho de las empresas privadas.
Nada de ello cambia la realidad de la calidad general de la pública.
José A. Naz Valverde
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