La presidenta de la Federación Estatal de Planificación Familiar, Isabel Serrano, y la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, responden al cuestionario de «Público» sobre la modificación de la normativa impulsada por el ministro de Justicia.
Dos mujeres, dos médicas y dos posturas opuestas sobre el derecho al aborto y su reflejo en las leyes. A las puertas de que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al endurecimiento de la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo, Público entrevista a Isabel Serrano, ginecóloga y presidenta de la Federación Estatal de Planificación Familiar, y a Gádor Joya, médica pediatra y portavoz de la plataforma Derecho a Vivir.
Para la primera, el aborto es «un derecho». Para la segunda, un «fracaso de la sociedad». La vuelta a la ley de supuestos que ha planificado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en contraposición a la vigente ley de plazos, va en el camino de lo que demanda Derecho a Vivir y supone un grave retroceso en la lucha de la FPFE.
¿Qué tiene de bueno la actual ley de plazos?
Isabel Serrano: Es razonable, no arbitraria. Respetar la decisión de las mujeres hasta un límite de gestación supone reconocerlas como personas autónomas, sin depender de la ideología de otros. Y también se protege al feto. Además, la ley de plazos de 2010 se está aplicando con normalidad en España y se ha logrado que las mujeres puedan acceder al aborto más equitativamente.
Gádor Joya: Permitir acabar con tu hijo por derecho, incluso por razón de sexo, discriminar al discapacitado y al enfermo sólo por serlos, obligar a los estudiantes a aprender a hacer abortos contra su voluntad y no procurar ayudar a la mujer que quiere ser madre no tiene nada de bueno, y esta es la actual ley de plazos.
¿Y qué tiene de malo?
I. S.: A veces el problema es acordar el plazo dentro del cual se puede abortar; siempre habrá quien considere que debería ser menor o mayor. Las leyes deben acompañarse de medidas que aún están por desarrollar: prevención de abortos, mayor implicación del sistema público de salud y ayudas garantizadas, de verdad, a quienes desean hijos y no los tienen por falta de recursos.
G. J.: Lo anterior, y que va en contra de una demanda social de ayudas a embarazadas en riesgo de exclusión social y de protección de la vida de los más débiles. Desprecia a la mujer al no considerar la información completa y veraz sobre el aborto y sus riesgos para ella, abandonándola a su suerte después de abortar.
Las chicas de 16 y 17 años ¿deben tener permiso paterno para abortar?
I. S.: Lo obligatorio es informar, no disponer de permiso. La confianza no se consigue a fuerza de leyes y la realidad es que casi el 90% de ellas van acompañadas. No tiene sentido generar más sufrimiento a las pocas jóvenes que no puedan contar con ese permiso.
G. J.: Suponer que el Estado está más capacitado que los padres para permitir que a esa edad las chicas tomen esa decisión es más típico de otro tipo de regímenes totalitaristas, no de nuestra democracia. Ellos la pueden ayudar a salvar su vida y la de su hijo.
¿Qué le parece el derecho de los médicos a declararse insumisos? ¿Debe ser financiada la intervención voluntaria del embarazo por la Sanidad Pública?
I. S.: El problema es que algunos quieren generalizar esa objeción de conciencia a todo el hospital e incumplen su deber de informar y derivar conforme a la ley. Y sí, debe estar financiada porque es una práctica que debe ser atendida por profesionales sanitarios ya que, si no se hace adecuadamente, puede generar graves enfermedades.
G. J.: El médico tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia en todo momento, también ante el caso del aborto, y así lo avaló el Consejo de Europa. Con todos los recortes que estamos sufriendo, seguir financiando el aborto con dinero de los españoles me parece fuera de toda lógica.
Según avanzó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el diario La Razón, la malformación del feto no será considerada un supuesto para abortar. ¿Qué le parece?
I. S.: Si las encuestas ya dan un amplio apoyo a la ley vigente, la mayoría es abrumadora respecto a mantener la posibilidad de abortar cuando existe una gravísima patología. El Gobierno debería respetar el sufrimiento de las 3.000 mujeres que cada año tienen que tomar tan delicada decisión.
G. J.: Una apuesta progresista propia del siglo XXI que protege al enfermo también antes de nacer. No basta con hacerse fotos con los síndromes de Down, hay que defender su derecho a la vida. Lo dice la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad.
En la nueva ley, el riesgo para la salud física y psicológica de la madre deberá acreditarse. «Será una constatación, no una declaración», sentenció Gallardón. ¿Cree que debe reforzarse este supuesto?
I. S.: La salud física y psicológica es tan importante, amplia y compleja que no puede banalizarse dando a entender que, dependiendo de quién la dictamine, está en peligro o no. Son pretextos para poner todo tipo de trabas a la ya de por sí difícil decisión de abortar. Mantener esas restricciones dejaría fuera de la posibilidad de abortar legalmente a aproximadamente 100.000 mujeres.
G. J.: El embarazo no altera la salud mental de la mujer sino las circunstancias adversas que la rodean, que son las que se pueden solucionar. Cuando un psicólogo es socio de un centro abortista busca más hacer negocio que ayudar a la mujer, y eso ha de ser evitado. Se ha cometido un fraude de ley a diario bajo este supuesto, y eso ha de controlarse.
Antes, cuando la ley era más restrictiva, había muchos abortos clandestinos. ¿Puede repetirse esta situación con la nueva norma?
I. S.: Actualmente el 90% de los abortos se realizan dentro del primer trimestre. Con la restricción, lo primero que encontraremos serán abortos más tardíos y peligrosos. Y más desigualdad: quién tenga dinero podrá buscar salidas; quien no, buscará cualquier salida, incluida esa.
G.J.: Estas afirmaciones no tienen base estadística y en España se demostró que no eran verdad. Aborto legal no es aborto seguro, las mujeres entran en los hospitales con úteros rotos e infecciones graves tras abortos legales. El aborto aumenta el peligro para la mujer, y no al revés.
Estudios científicos demuestran que la restricción del aborto hace aumentar las interrupciones del embarazo. Teniendo en cuenta estas investigaciones, ¿conseguirá Gallardón reducir el número de intervenciones restringiendo los supuestos en los que están permitidas?
I. S.: Efectivamente, allí donde las leyes de aborto no existen, los abortos no se reducen; simplemente se hacen en peores condiciones sanitarias, por lo que las mujeres enferman y mueren más. Las mayores tasas de aborto se dan donde los gobiernos prohíben los abortos ya que, a la vez, es donde el acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual es menor.
G.J.: No existen tales estudios estadísticos y científicos serios. Cuanto más laxa es una ley de aborto, más abortos se producen y más consecuencias negativas para la mujer. Sin embargo, sí hay estudios que confirman que, con menos abortos, la salud de la mujer mejora y la tasa de mortalidad materna disminuye año tras año.
¿Es compatible restringir el aborto sin ampliar las ayudas a la maternidad, teniendo en cuenta las cifras de paro (femenino, especialmente) y los recortes en recursos sociales?
I. S.: Las ayudas a la maternidad deben garantizarse en cualquier país avanzado independientemente de cómo se legisle el acceso al aborto. Si estas ayudas sólo tuvieran como fin coaccionar a las mujeres para que no aborten, estaríamos limitando sus derechos a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas, algo impropio de cualquier país democrático.
G. J.: No se puede dejar a la mujer embarazada sola con sus problemas y eso lo hace la actual ley. Urge un plan de ayuda a la maternidad eficaz y una conciencia social favorable a la misma. El aborto es un fracaso de la sociedad, aunque ahora se está empezando a comprender que es más eficaz proteger el derecho a la vida que atacarlo.
Si usted fuera ministra de Justicia y/o Sanidad, ¿qué ley haría?
I. S.: Me encantaría no hacer ninguna ley, que se regulara por el respeto y el sentido común. Pero lo principal es dejar bien claro los derechos fundamentales de las mujeres, y también de los hombres. Luego, con consenso, establecería ciertos límites sobre plazos, medidas preventivas y criterios de atención, tratando de igualarnos a los países civilizados de nuestro entorno.
G. J.: Proteger el derecho a la vida en todas su fases, integrar en la sociedad al enfermo y discapacitado sin discriminaciones prenatales, invertir en ayudas a las embarazadas con problemas, asegurarles un embarazo y parto seguros, promover un plan de adopción ágil y eficaz. Invertir en maternidad y natalidad como política de progreso.
