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Dos universidades se niegan a abrir sus aulas a la aplicación de la Ley del aborto

La nueva ley dice que en las universidades relacionadas con las Ciencias de la Salud deberán enseñarse las técnicas para practicar un aborto. Las universidades de Navarra y San Pablo CEU emitieron sendos comunicados en los que se negaban a impartir prácticas abortistas.

La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como ley del aborto se aprobó el pasado 24 de febrero en el Senado. En previsión de que así fuera, dos universidades españolas emitieron sendos comunicados refiriéndose al artículo 8 de esa ley, el que se refiere a la formación de profesionales en las técnicas abortivas.

Ese punto de la ley especifica que en los estudios relacionados con las Ciencias de la Salud, como medicina, enfermería o farmacia, se debe producir "la incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares […] incluyendo la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo".

La Universidad de Navarra (UNAV) y la Universidad San Pablo CEU, ambas privadas y católicas, interpretaron esta nueva ley como una intromisión en los planes de estudios y un ataque a sus principios deontológicos, ya que aseguran que les obligaría a enseñar en sus aulas prácticas abortivas, a lo que se negaron en sus comunicados.

¿Puede obligar la ley a enseñar técnicas abortistas en las universidades?

Para Inma Castilla de Cortázar, decana de la Facultad de Medicina de la San Pablo-CEU, el comunicado emitido por su centro de estudios se es "una declaración haciendo una objeción de ciencia, por unos principios deontológicos inamovibles".

Coincide con Secundino Fernández, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, que asegura que a los médicos les gusta dedicarse a lo suyo, "que es curar y enseñar a curar". Ambos médicos quieren dejar claro que la suya es una postura puramente profesional, aunque "podría ser una legítima posición desde un punto de vista moral", en opinión de Castilla de Cortázar.

Según estos profesionales ese artículo es además innecesario. "Los efectos abortivos de determinados fármacos y las consecuencias letales para el embrión de algunas técnicas están entre los contenidos habituales de materias clásicas de los estudios de Medicina", asegura Fernández. La decana de la San Pablo CEU va más allá, al calificar la ley como "una provocación, porque demuestra que hay un absoluto desconocimiento de los planes de estudios".

La pregunta que se plantea es: ¿puede obligar la ley a enseñar técnicas abortistas en las universidades españolas? Es posible: la libertad de cátedra no ampara al profesor a la hora de elegir qué contenidos debe impartir, pues debe ceñirse a los planes de estudios establecidos, aunque le permite vertir opiniones propias en relación a los contenidos que trate.

No podemos hacer convenios de prácticas con clínicas abortistas"

Secundino Fernández, de la UNAV, matiza su negativa, asegurando que en su intención está el cumplir las leyes, pero "sobre todo, cumplir con nuestro deber ético, profesional y ciudadano de enseñar a curar. Estamos convencidos de que el poder político no pretenderá imponer criterios ajenos a la propia actividad académica", asegura el vicedecano.

Desde el Ministerio de Educación, que supuestamente debería implementar esta parte de la ley, se remiten a "la autonomía de las Universidades para elegir qué quieren enseñar.

Quizá puedan plantearse más problemas, de tipo práctico, como los que ve Inma Castilla de Cortázar cuando afirma que la práctica del aborto “no se puede enseñar", aunque sólo sea por la imposibilidad física. "No podemos hacer convenios de prácticas con clínicas abortistas", asegura la docente.

Para ambos facultativos y sus universidades, lo prioritario es buscar soluciones alternativas a los embarazos no deseados, puesto que la del aborto es "la peor de las soluciones".

20minutos.es se ha puesto en contacto con dos universidades públicas españolas, La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona, para recabar la opinión de su expertos, sin que ninguno de sus docentes haya hecho declaraciones.

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