La fiscalía pedía más de seis años de prisión por tres delitos; entre ellos, el de cooperación al suicidio
Dos personas acusadas por el suicidio de una mujer en Avilés en mayo de 2012 han sido condenados este martes a dos años de cárcel. Además se les acusaba de haber intentado ayudar a que se quitara la vida unn enfermo terminal de Cádiz y por proporcionar medicamentos sin receta. Se trata de dos voluntarios de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.La Fiscalía de Asturias pedía, sin embargo, seis años y cinco meses de prisión por tres delitos; entre ellos, el de cooperación al suicidio. Un tercer acusado, el hermano de un enfermo terminal residente en Cádiz, ha sido sentenciado a seis meses de cárcel por haber contactado con los otros dos socios para ayudar a su familiar a que acabara con su vida, siguiendo su voluntad.
Los sentenciados llegaron a un acuerdo con el ministerio público, de tal forma que, con esta sentencia, han evitado la entrada en prisión. El pacto ha consistido en rebajar la pena de tres a un año de cárcel por el delito de cooperación—al considerar que no fueron autores, pero sí cómplices—; por atentar contra la salud pública se ha modificado de dos años de prisión a seis meses; y en el caso de Cádiz se ha rebajado hasta los seis meses cuando la fiscalía pedía año y medio por cooperación al suicidio.
La fiscalía sostenía que, en marzo de 2012, la mujer fallecida se puso en contacto con un voluntario de DMD porque sufría una fuerte depresión y quería quitarse la vida, algo que ya había intentando en otras ocasiones. Este trabajaba como voluntario en la asociación en Cataluña, lo que le permitía estar en contacto directo con uno de los sentenciados, médico de profesión, miembro de esta misma asociación en Madrid y fundador de la asociación ENCASA Cuidados Paliativos. Él sería, siempre según el ministerio público, quien se encargaba de suministrar al otro implicado distintos medicamentos, a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que se produciría. La otra condenada es una voluntaria de la asociación que se encargaba de preparar los paquetes con los medicamentos que le solicitaban.
Tras unos meses, el acusado fallecido y la mujer que se suicidó decidieron verse, concretamente el 17 de mayo de 2012 en Valladolid. El motivo, según las pesquisas judiciales, sería para que el primero entregara a la mujer pentobarbital sódico a cambio de 6.000 euros. Posteriormente, ambos se dirigieron hacia Avilés y, allí, él dejó a la mujer, que se alojó en un hotel.
Ya en su habitación, ingirió el pentobarbital combinado con un zumo y falleció entre las 19.00 y las 21.00 de ese mismo día. En su organismo, según la autopsia, se encontró una dosis letal de esa sustancia. La mujer dejó además una nota de suicidio.
Aquel caso llevó a las otras dos acusaciones. Durante el tiempo que estuvo desaparecida, un familiar de la mujer denunció que no la encontraba, lo que llevó a la policía hasta su relación con el voluntario de DMD. A través de los contactos de este con el hombre condenado, se supo del segundo de los casos investigados. Se trata de un médico, que pidió consejo a DMD para sedar a su hermano en Cádiz, que sufría un cáncer terminal y tenía muchos dolores. Como el condenado de DMD tenía el teléfono intervenido, la policía se incautó del paquete con los medicamentos enviados, que también llevaba instrucciones sobre cómo usarlos para causar en el enfermo terminal una sedación profunda que le evitara los dolores, aunque con la consecuencia de acortar su agonía.El envío fue interceptado, y el enfermo falleció a las 24 horas de la fecha en que estaba acordado que su hermano le sedara.
La asociación, que prefiere aceptar el acuerdo para no correr «riesgos innecesarios» como que uno o dos de sus socios entren en prisión, ha precisado, sin embargo, varios aspectos. Es cierto que adquirieron medicación que necesita receta por Internet, pero afirma que era «su responsabilidad controlar la fiabilidad de la información difundida por Internet referente a la disponibilidad de la propia vida».
Respecto a la mujer que se quitó la vida, afirma que ni siquiera la conocían, y que ellos solo enviaron medicación a un socio, pero sin saber lo que este iba a hacer después con ella. El voluntario que la vendió a la mujer en Valladolid actuó por su cuenta.
Pero de las tres acusaciones, la que más les ha molestado es la de cooperación al suicidio en grado de tentativa del caso del hombre de Cádiz. Ellos insisten en que se trataba de facilitar la sedación de un enfermo terminal al que, pese a su estado de sufrimiento sin que hubiera ninguna esperanza de que se recuperara y teniendo la muerte muy próxima, los servicios de cuidados paliativos que le atendían no consideraban que estuviera sufriendo tanto como para requerirla, y que tanto el enfermo cono su hermano estaban en desacuerdo con ese criterio.
De hecho, esta práctica ha sido aplicada por miembros de la asociación en toros casos sin que hayan tenido represalias, porque se enmarca –afirman– en una práctica legal y aceptada ética y médicamente, que es la sedación terminal.
