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El consejero de educación, Jokin Bildarratz, visita un colegio público de Antzuola. Foto: Irekia

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Los artículos de opinión o editoriales expresan la de su autor o medio, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus:

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A principios de agosto, Gobierno vasco ha determinado el incremento económico de los módulos económicos de la educación concertada: una subida del 6% para el profesorado, del 8,5% para las aulas desde el segundo ciclo de infantil al bachillerado y del 25% para el mantenimiento.

Desde que en marzo de este año la mayoría del Parlamento Vasco firmara un Acuerdo Educativo, el Gobierno vasco ha adoptado tres medidas a favor de la red privada de educación no universitaria —no entraremos ahora a denunciar el reconocimiento de centro universitario que acaba de recibir la academia privada Euneiz—. 

Estas tres medidas son la prórroga de los Pactos económicos (conciertos) por seis años, a pesar de que en ese periodo habrá un descenso espectacular en el número de alumnado; la elaboración de un nuevo decreto de planificación que da más facilidades a los centros privados para mantener las aulas abiertas, y, ahora, a principios de agosto, el incremento económico de los módulos de concertación (módulos de profesorado, en torno al +6%, módulos por aula del segundo ciclo de Educación Infantil al Bachillerato, +8,5% y el 25% de mantenimiento). Estas tres medidas garantizan la matrícula y la viabilidad económica de la red concertada, por lo que juegan a favor de la privatización del sistema educativo y la segregación.

Sabiendo que dos tercios de la red privada vasca son centros religiosos, y que en ellos se concentran la mayoría de los modelos A y B, resulta incomprensible que se siga reforzando sin medida esta red 

Decimos privatización porque consideramos que los centros que son propiedad privada de sus titulares, en los que la potestad de contratar recae en ese titular, que también tiene potestad para buscar fuentes propias de financiación, como puede ser el alquiler de sus instalaciones o la organización de eventos con fines de lucro, son centros privados, aunque se sustentan con dinero público y se denominen “de iniciativa social”. Estos centros son numerosos en la CAPV (no tienen un peso comparable en toda Europa, aunque en Madrid se están acercando ahora). Algunos de ellos son muy grandes y sus respectivas patronales son capaces de superar sus rivalidades y actuar coordinadamente para exigir dinero público y presionar a la administración. Decimos segregación porque esos centros privados seleccionan a su alumnado. La inmensa mayoría de la población en situación de vulnerabilidad (de poco dinero, de origen extranjero y/o etnias minorizadas , de necesidades educativas especiales…) está en la red pública, y no puede acceder a la red privada. Así las cosas, a medida que la privatización es mayor, también lo es la segregación escolar que sufrimos en la sociedad, con sus graves consecuencias para la cohesión social y la normalización del euskera. 

La mitad del alumnado no universitario de la CAV está en la red pública, un alumnado que incluye las tres cuartas partes de los y las estudiantes “vulnerables”, hay que defender la Escuela Pública contra los abusos, contra el neoliberalismo, contra la ignorancia, a favor de la plena euskaldunación y de la convivencia.

No nos importa si las medidas arriba mencionadas van en contra del Acuerdo Educativo o son  consecuencia directa del mismo, nuestras preocupaciones son otras:

  • Hay partidos políticos que se declaran de izquierdas y soberanistas pero parecen estar de acuerdo con todas esas medidas, tras haber firmado el Acuerdo solo hemos visto un par de tuits y declaraciones puntuales en contra de esos excesos. Sabiendo que dos tercios de la red privada vasca son centros religiosos, y que en ellos se concentran la mayoría de los modelos A y B, resulta incomprensible que se siga reforzando sin medida esta red en el camino hacia la educación laica, feminista y euskaldun.
  • Hubo una mayoría sindical en Euskal Herria que reivindicaba otras políticas sociales y abogaba por defender los servicios públicos, argumentando que las privatizaciones van en contra de la clase trabajadora en su conjunto, porque pone a la venta derechos humanos fundamentales, deteriora las condiciones laborales para convertir los servicios en negocio, y son muy costosas tanto en dinero como en efectos sociales (injusticia, segregación…). Compartimos esos argumentos, pero en estos momentos no diríamos que los sindicatos vascos, salvo excepciones, sean fervientes defensores de la escuela pública.
  • Muchas familias perciben como normal que en los colegios solo se junten alumnas y alumnos del mismo nivel socioeconómico y reflejen menor diversidad que los barrios y pueblos en los que residen. Un vistazo a los resultados académicos y a las investigaciones que se realizan nos informan de que esa falta de diversidad que a menudo se percibe como un privilegio sólo redunda en ignorancia y prejuicios para el alumnado.
  • No pretendemos comparar la responsabilidad de quienes promueven o permiten políticas privatizadoras con la responsabilidad individual de cada familia a la hora de elegir centro; unos dibujan el tablero, establecen las normas y reparten las fichas mientras otras tienen escaso margen de maniobra; pero queremos subrayar que en la defensa de los derechos, especialmente los de la infancia, hay que tomar partido. La mitad del alumnado no universitario de la CAV está en la red pública, un alumnado que incluye las tres cuartas partes de los estudiantes “vulnerables”, hay que defender la Escuela Pública contra los abusos, contra el neoliberalismo, contra la ignorancia, a favor de la plena euskaldunización y de la convivencia. 

Arantza Fernandez de Garayalde, José Manuel Martínez Fernández y Eli Lamarka Iturbe. Miembros del grupo gestor de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea.

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