La semana pasada el popular Juan Cotino, miembro supernumerario del Opus, situaba en lugar preferente de su mesa de presidente de las Cortes Valencianas un cristo crucificado; días después el flamante alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, también miembro del PP, terminaba su discurso de toma de posesión con un ejemplar de la Constitución en una mano y una Biblia en la otra.
Por si el gesto no era captado en su plenitud, Zoido lo acompañaba con esta memorable frase: “La ley y mis creencias han sido, son y serán mi faro en la vida. Y a partir de este día la luz que guiará mis pasos como alcalde de Sevilla” Perfecto, si lo que se quiere es ser hermano mayor de la Macarena. Pero tratándose de un alcalde democrático ese colofón retórico no parece muy apropiado porque suscita numerosas dudas. Por ejemplo, ¿por cuál de los dos faros se va a dejar guiar Zoido cuando la ley y sus creencias no coincidan en un mismo haz de luz? Más aún, ¿qué luminoso camino seguirá en el caso de que no sólo no coincidan sino que apunten a direcciones contrarias? ¿Hará caso al faro de ley en virtud de la cual los sevillanos le han hecho alcalde? ¿O al faro de sus creencias como si hubiese sido Dios el que, al igual que hizo con los peces, hubiera multiplicado sus votos? ¿Biblia o Constitución?
Es verdad, que cabe una tercera vía y que gobierne en simbiosis de ambas de manera que, por poner un ejemplo, en vez de multas, a los conductores que aparquen en lugar prohibido se impongan el rezo de tres avemarías (dos si las reza antes de quince días). Eso si el municipal se atiene a una interpretación civilizada de la Biblia, si opta por juzgar la infracción al estilo Antiguo Testamento es posible que la sanción resulte bastante más dramática y al pobre hombre le toque cortarle un pie a su primogénito.
Otra duda que suscita ese empeño de algunos políticos en equiparar el respeto a la ley civil y la obediencia a los mandamientos religiosos en su tarea es si, en consecuencia, asumen una doble responsabilidad ante los votantes por su posible incumplimiento. Es decir, está fuera de toda duda que Cotino deba rendir cuentas sobre por qué razón la empresa de geriátricos de la que es presidente su sobrino fue claramente beneficiada con las decisiones que tomó cuando era Conseller de Bienestar Social. Pero ¿puede el ciudadano exigirle que pague también, puesto que promete públicamente su acatamiento, sus faltas como católico? Por ejemplo, cuando en una sesión parlamentaria Cotino responde a una incómoda pregunta de una diputada espetándole algo tan poco cristiano como “si fuera padre sentiría vergüenza de tener una hija como usted pero como probablemente no lo conozca…”, ¿podemos exigirle que dimita, al menos, como miembro del Opus?
Por no hablar de declaraciones como aquella en la que, respecto al caso Faisán, señalaba al Gobierno afirmando: “allí se estaba negociando con dinero para pagar en la tregua a ETA, para que ETA comprara armas o los explosivos con los que luego voló la T-4”. No soy experto en leyes ni tampoco en religión, pero sé lo suficiente de ambas disciplinas como para colegir que con esa falsa acusación el católico Cotino quebranta, como mínimo, uno de los diez mandamientos divinos y algún que otro artículo del código penal.
No respondió por ello en la pasada legislatura ni lo hará en ésta. Su gestión no es de este mundo. Basta echar un vistazo a su cuenta de Twitter para comprobarlo. En uno de sus últimos mensajes, además de agradecer a sus seguidores las felicitaciones recibidas por su reciente nombramiento, les transmitía este ruego: “Pedirle a Santo Tomás Moro Patrono de los Políticos por mi (sic.)” Espero que Santo Tomás Moro no tenga Twitter y tarde en enterarse del marrón que le ha caído.
Miguel Sánchez-Romero es director de El Intermedio
