Distintas organizaciones rechazan el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Gobierno de Argentina

Marta Alanis, titular de Católicas por el Derecho a Decidir, expresó los cuestionamientos a la iniciativa presentada por el Gobierno nacional.

Organizaciones de mujeres, por la diversidad sexual y de derechos humanos se pronunciaron en contra del proyecto por considerar que la introducción de la figura de la objeción de conciencia “impedirá el ejercicio de derechos” ya conquistados, en especial en el caso de grupos vulnerables.

 Organizaciones de mujeres, por la diversidad sexual y de derechos humanos se pronunciaron hoy en rechazo al proyecto de ley de Libertad Religiosa presentado por el Ejecutivo nacional a mediados de junio, por considerar que la introducción de la figura de la objeción de conciencia “impedirá el ejercicio de derechos” ya conquistados, en especial en el caso de grupos vulnerables.
“La objeción de conciencia, que solo puede ser individual, ya existe y es respetada aunque no haya una ley al respecto y no está considerada como un derecho humano en ningún tratado internacional”, aseguró a Télam, Marta Alanis, titular de Católicas por el Derecho a Decidir.

Alanis estimó que “el problema es que, con esta ley, la actitud individual de una minoría se puede transformar en una estrategia para que las mayorías se opongan a derechos como el matrimonio igualitario, la identidad de género, el aborto no punible o el acceso a la salud sexual y reproductiva”.

La activista hizo estas declaraciones previo a la conferencia de prensa convocada por Católicas por el Derecho a Decidir, de la que participaron también otras seis agrupaciones y que tuvo como invitado especial al teólogo mexicano Julián Cruzalta.

Detalles del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional

El proyecto, que fue remitido al Congreso el 12 de junio, instituye en su artículo 7 “la objeción de conciencia” que supone que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustantiva, como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”.
El texto enumera también una serie de casos en lo que podría ser invocado, entre los cuales se encuentran “el cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario”, el “sometimiento a tratamientos médicos”, los “juramentos” y “actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso”, y establece que las personas jurídicas podrán interponer “objeción institucional o de ideario”.

La iniciativa crea el Registro Nacional de Entidades Religiosas y modifica el Código Penal para agravar las penas para los delitos de hurto y daños, cuando éstos afectan a objetos sagrados o espacios de culto.

A su turno, el miembro fundador de la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata, Fernando Lozada, aseguró que el proyecto oficialista “nos hace retroceder casi cuatro siglos al volver a introducir conceptos que confunden delito con pecado” lo que implica “romper con la lógica del código penal”

“La libertad religiosa en Argentina ya está absolutamente garantizada, lo que tenemos es un grave problema con la igualdad porque hay un culto predominante que ha construido un poder hegemónico”, dijo.

En tanto, la presidenta de 100 por Ciento Diversidad y Derechos, Greta Peña, consideró que el proyecto “legitima actos discriminatorios contra amplios colectivos”, entre ellos el LGBTI, porque “actuaría como un dique que habilitaría los prejuicios, los estereotipos, la criminalización y la patologización de nuestro colectivo”.

“Vemos con mucha preocupación que se instaló un mecanismo perverso que no se centra en derogar las leyes igualitarias, sino en desmantelar las políticas públicas que están incluidas en ellas y en impulsar iniciativas que suponen un retiro del Estado como garante de derechos, como este proyecto de libertad religiosa”, dijo.

Paola García Rey, de Amnistía Internacional, recordó que la organización envió una carta al Ejecutivo pidiendo que retire la iniciativa porque “básicamente, lo que hace es establecer un ‘estado pluriconfesional’ donde las religiones tienen una fuerte injerencia en las políticas públicas y en los derechos humanos”.

Estuvieron representantes del colectivo Ni una Menos, de Cladem y de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).

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