«No creo que el Gobierno perdiera muchos votos por denunciar los acuerdos con el Vaticano», afirma el especialista
Dionisio Llamazares (Yugueros, León, 1936) participó ayer en la Facultad de Ciencias Políticas en un debate del Aula de Pensamiento Crítico, organizado por Acción Alternativa, sobre 'La urgente actualidad de la laicidad', junto al catedrático de la UGR Nicolás López Calera. Llamazares es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense, director de la Cátedra Fernando de los Ríos sobre Laicidad y Libertades Públicas de la Carlos III y presidente de la asociación Derecho, Laicidad y Libertades.
-¿Qué cambios jurídicos tendría que emprender España para caminar hacia la laicidad?
-La laicidad tiene dos principios fundamentales: la separación del Estado con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos y una neutralidad escrupulosa de los poderes públicos con respecto a esas creencias, sean o no religiosas. Pero en España hay situaciones en que parece que se confunde a una determinada iglesia, en este caso, la Iglesia católica, con el Estado. Por ejemplo, que el Estado, aunque sea con una fórmula extraña que se llama asignación tributaria, termine pagando los sueldos de obispos y sacerdotes, no parece muy armonizable con la laicidad. O que tengan un tratamiento fiscal más favorable las confesiones religiosas que las ONG. No parece coherente con la laicidad que haya una clase de religión evaluada académicamente. Ni que en los centros públicos la actividad docente, que debe ser escrupulosamente neutral, esté presidida por un crucifijo. Ni que el cuerpo de Policía participe en procesiones en honor de una Virgen o un Cristo, ni que el Ejército presente armas al Santísimo Hay muchas pequeñas o grandes cosas que hay que resolver.
-Usted fue director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, con un Gobierno socialista. ¿Ha mejorado la situación desde entonces?
-No ha mejorado mucho. Hay cosas que han cambiado, pero no sé si para mejor. Por ejemplo, hace año y medio por fin se puso en marcha el acuerdo de la asignación tributaria a la Iglesia católica, que teóricamente tenía que haberse puesto en marcha en 1995. En todo ese tiempo, había un sistema de dotación presupuestaria similar al del régimen anterior. Y se ha puesto en marcha a cambio de determinadas concesiones, como subir el porcentaje del 0,5% al 0,7%. Y, además, ese acuerdo no tiene punto final. Parece que el Estado siempre cede a lo que se le pide y se obliga a financiar indefinidamente a la Iglesia católica. No es de recibo.
-El PSOE respondió al documento de los obispos amenazando con revisar los acuerdos con el Vaticano. ¿Cree que lo hará?
-Creo que no.
-¿Por motivos jurídicos o electoralistas?
-Las consecuencias electorales de una revisión de los acuerdos, con las posibles tensiones que generaría, es uno de los datos que va a tener en cuenta el Gobierno. Creo que tendría menos consecuencias de las que se prevén. No creo que la izquierda perdiese muchos de los votos que ya tiene, y quizá conseguiría más votantes jóvenes.
-En los últimos años, quizá para compensar su trato hacia la Iglesia católica, el Estado ha reconocido a otras confesiones. ¿En vez de más laicismo, tenemos más religión?
-Efectivamente, había que hacer un reconocimiento de las demás religiones, pero con cuidado: lo que no se puede hacer es extender la inconstitucionalidad que supone el privilegio de la Iglesia católica. En virtud del principio de igualdad, como a la Iglesia se le financia por parte del Estado con esa fórmula -que yo entiendo que es inconstitucional-, se arregla aplicando esa misma financiación a las otras confesiones con acuerdo Pero el Estado no puede financiar a ninguna iglesia ni ninguna actividad de carácter religioso.
-Han sido muy criticadas las 'injerencias' de la Iglesia católica en asuntos públicos. ¿Qué opina?
-En virtud del principio de libertad de expresión todos los ciudadanos, y los obispos son ciudadanos españoles, están perfectamente legitimados para rechazar la eutanasia o el matrimonio homosexual. Lo que no es de recibo es que cuestionen la legitimidad del Parlamento para dictar leyes que no se acomodan a una moral concreta, la suya. Pretender imponer a todos esa moral particular supone una violación flagrante del principio de libertad de conciencia de los que no la comparten.
