El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de aprobar el gasto de más de 300.000 euros para financiar los servicios religiosos católicos en las 25 residencias públicas de la región. La decisión ha abierto un debate sobre la laicidad de la Administración en el Ejecutivo, donde el titular de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Cs, está dispuesto a recortar en el próximo ejercicio la partida que tradicionalmente dedicaba el PP a misas, restringiéndola a aquellos centros en los que los residentes no tengan autonomía y movilidad para desplazarse por sus propios medios a la parroquia más cercana, y auditando el conjunto del sistema. En total, la Comunidad subvenciona con más de cuatro millones de euros al año a la Iglesia católica, frente a los 196.788 euros que reparte entre el Consejo Evangélico, la Comunidad Judía y la Unión de Comunidades Islámicas
Los Presupuestos de 2019, diseñados cuando Ángel Garrido presidía la región, destinan un total de 4.297.261 euros para subvenciones a la Iglesia católica, el Consejo evangélico, la Comunidad judía y la Unión de comunidades islámicas, según datos proporcionados por el Gobierno regional. Del total, la Iglesia Católica recibe 4.100.473 euros: más de 2 millones se invierten en la restauración de bienes culturales; 1.087.500 se destina a los religiosos que ofrecen sus servicios en distintos hospitales de la región; 673.105 a actividades educativas, culturales y sociales en convenios de colaboración con el Arzobispado de Madrid; y 304.868 a asistencia religiosa en residencias de mayores.
«La Administración no debería financiar servicios religiosos en residencias públicas en ningún momento», opina Juan José Picó, portavoz de Europa Laica, una organización sin ánimo de lucro promotora del laicismo, del Estado laico y de la separación Iglesia-Estado. «Si la movilidad de los residentes está limitada, como por ejemplo ocurre en las cárceles, donde los presos no tienen la posibilidad de atender sus necesidades espirituales, se entiende que se pueda permitir el acceso, pero ese servicio debe estar financiado por las propias confesiones religiosas», prosigue. «Y claro que el Estado tiene la obligación de mantener el patrimonio, todo aquello que sean bienes culturales, históricos, artísticos… pero lo primero que tiene que ocurrir es que sea de dominio público».
¿Qué se está restaurando? ¿Cuánto cuesta? Iglesias por millones de euros. Por ejemplo, arreglar el interior y los pavimentos de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, en Pinto, le costará a las arcas públicas una inversión prevista de 450.000 euros, según el convenio suscrito para 2019 con la Iglesia católica. Restaurar el convento de Santa Clara, en Chinchón, se disparará hasta los 426.000, igual que actuar sobre el interior de la ermita y la cripta de San Blas, en Madrid, supondrá 280.000. Hay otras actuaciones de conservación por importes menores: por ejemplo, arreglar el órgano del Cerro de los Ángeles, en Getafe (80.000 euros).
Dos modelos
«Hay dos modelos de laicidad en los Estados no confesionales», explica José Manuel Rodríguez Uribes, exdelegado del Gobierno en la Comunidad, diputado autonómico por el PSOE, secretario de laicidad de los socialistas madrileños y autor del libro Elogio de la laicidad (Tirant Lo Blanch). «Está lo que algunos llaman laicidad inclusiva que favorece que el Estado participe o financie algunas de esas actividades, aunque en puridad debería ser de todas las confesiones, y la laicidad clásica, que a mí me parece más correcta, que supone la neutralidad del Estado y que responde al viejo motto republicano o romano de Al Cesar lo que es el del Cesar…»
La Comunidad de Madrid apuesta por el primer modelo. El Consejo Evangélico, la Comunidad Judía y la Unión de Comunidades Islámicas reciben en 2019 un total de 196.788 euros para la restauración de patrimonio o actividades educativas: 85.596, 55.596 y 55.596 euros.
En consecuencia, la Iglesia católica se lleva más del 95% de la inversión pública. Además, cuenta con los ingresos vía IRPF: el 38,7% de los contribuyentes de Madrid marcaron la casilla de la Iglesia católica en sus declaraciones de la renta sobre el ejercicio de 2017, según la última memoria anual de actividades publicada por la conferencia episcopal.
