La Junta mantienen un pulso firme para aplicar la norma en un asunto que ya ha llegado a la Fiscalía
Un colegio religioso y concertado de Málaga se está enfrentando a la Junta de Andalucía así como a la Fiscalía contra la Violencia de Género, por mantener una situación de resistencia a aceptar las normas que la Junta de Andalucía en materia de no discriminación de alumnos por la identidad sexual. El centro está siendo investigado por la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y discriminación sexual de género porque se niega a que, como piden los padres de la niña, la menor sea tratada como una alumna más.
Impiden que vista uniforme masculino
En principio se negaron a respetar la identidad de género de una alumna transexual de seis años en Málaga. Los padres estaban de acuerdo en que la niña asistiera a las aulas con el uniforme femenino y el centro no lo aceptó. Una fundación diocesana es la propietaria del colegio “San Patricio”. Como concertado que es recibe financiación pública. A este respecto la presidenta de la Junta fue contundente la semana pasad en el Parlamento andaluz afirmando que los centros concertados y por ende financiados con dinero público,tendrán que cumplir las leyes al respecto y que no toleraría la discriminación sexual así como que no se financiaría colegios que separen a los niños de las niñas en aulas.
Aceptan que vaya con chándal unisex
La niña del Colegio San Patricio anhelaba ir a su centro con el uniforme femenino pero pareció que para la moral religiosa era mucho tragar. Como solución intermedia a la espera que se cumpla la ley, la niña asiste con chándal. Un uniforme común “asexual” y que al mismo tiempo, al llevarlo también sus hermanos, hace que la niña no se dé cuenta del conflicto generado.
Investigado por Fiscalía
Se da la circunstancia de que inicialmente fueron tres los colegios andaluces que se rebelaron al tener entre sus filas de alumnado a niños transexuales. Finalmente y ante la actitud firme de la Junta de Andalucía, dos de ellos acataron la norma para respetar la identidad sexual de sus alumnos. Este, el de San Patricio, al ser religioso está intentando ser la excepción. Esto ha provocado que el colegio “San Patricio” este actualmente siendo investigado por la Fiscalía andaluza de Violencia contra la Mujer y Discriminación Sexual de Género, al negarse a acceder a la petición de los padres de la niña que se niegas a que ésta sea tratada como una alumna más.
Declaraciones del Obispado como si la niña fuera discapacitada
Caben destacar las declaraciones del secretario técnico de la Fundación Diocesana, Francisco José González, en el sentido de que el centro persigue “el bien del menor, de éste y de cualquier otro sin discriminación de ningún tipo” y que respetan su “condición”. Abunda en el hecho no ser ajeno a que en este mundo hay “gente de todo tipo” y de todo tipo de “orientación”, subrayando que “eso para nada lo juzgamos”. Justifica la buena acción del centro en el hecho de que desde se conoció la orientación de la niña “el menor está utilizando el servicio de discapacitados”. De hecho la niña no puede utilizar el servicio de chicas sino el de discapacitados.
Fiscalía obligará a cumplir las pautas de la Junta
La Junta de Andalucía tiene un conjunto de pautas dirigidas a respetar la identidad de género de los alumnos transexuales. Educación está siendo firme en este aspecto y asegura que el centro debe asegurar que no se perjudica la salud psíquica de la menor. Encaso de que el colegio siga poniendo obstáculos a su cumplimiento, será denunciardo por la Fiscalía al hallarse ante un posible delito de discriminación por razón de género.
Rebelión de un grupo de padres
Pero la polémica ya sobrepasa tanto a instituciones como propietarios del colegio y ya ha llegado a un grupo de padres. Según informa hoy “EL PAÍS” cien padres del colegio “San Basilio” han pedido a la Consejería de Educación que dé marcha atrás en las pautas que ha fijado y que instan al centro concertado de Málaga a respetar la identidad de género de la menor. Los padres firmantes le reprochan a la Junta de Andalucía que haya actuado sin consultar a las demás familias del centro y sin pensar “en los posibles efectos” que esta decisión “puede provocar en el normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos”. La Consejería de Educación asegura que no va a retirar las directrices enviadas al colegio y ha informado a la Fiscalía Superior de Andalucía de que el centro se niega a acatarlas. El escrito remitido a la Delegación de Educación de Málaga está firmado por “al menos 100 familias” de las más de 800 que tienen hijos en el colegio, según la fundación diocesana que gestiona el centro, dependiente del Obispado malagueño.
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