Que Dolores Serrat diga que la escuela privada concertada está «infradotada» es un disparate interesado
Cuando la consejera de Educación, Dolores Serrat, y la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, presentaron la semana pasada un informe sobre la situación de la educación en Aragón con un profuso paquete de medidas y propuestas, hablaron de árboles, pero no del bosque. Un cargo público yerra su punto de mira si pierde la perspectiva de conjunto de toda la comunidad, sin privilegiar a un sector en detrimento del conjunto.
Dice la consejera que la escuela privada concertada está "infradotada" (¿en comparación con la pública?). En el fondo, parece no solo carecer de información sobre lo que realmente hay actualmente en la educación aragonesa en su conjunto, sino también desconocer que lo fundamental para un responsable del interés general es el por qué y el para qué de sus decisiones. Seguramente movida (concedamos el beneficio de la duda) por esa etérea virtud moral denominada "buena voluntad", parece prescindir del alcance global de sus responsabilidades educativas.
No hace muchos años, la situación de la educación era bastante penosa. Ya en democracia, existía una multisecular red de colegios privados donde se formaba una minoría, y el resto de los niños y los jóvenes quedaba a merced de unas escuelas públicas escasas e infradotadas. El 10% de los niños de 6 a 11 años no estaba aún escolarizado y solo un 65% de los que tenían de 12 a 14 años iba a la escuela, estando destinado a zambullirse a renglón seguido en un mundo laboral muy poco especializado. Dos tercios de los muchachos de entre 15 y 16 años no seguían estudios secundarios postobligatorios, e incluso la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional o carecía simplemente de estudios. Entretanto, mientras la enseñanza privada llevaba a cabo holgadamente sus objetivos, enseñando a los suyos y cerca de donde vivían los suyos, la enseñanza pública seguía sumida en la precariedad de medios y a cargo de unos pocos maestros convertidos en paradigma de quienes pasan estrecheces ("tiene más hambre que un maestro de escuela"…) Para colmo, en Aragón la situación era aún más grave por su estructura social, geográfica y poblacional.
Pues bien, al Partido Popular todo esto parece sonarle a música celestial, pues se debe a quienes ideológicamente sustentan sus votos. Así como en la reciente Reforma Laboral han quedado plasmados fielmente los intereses del empresariado, en las propuestas supuestamente educativas de la consejería aragonesa se atiende las demandas de la enseñanza privada, cada vez más concertada. Tras los tan denostados Pactos de la Moncloa, la enseñanza pública se vio fuertemente impulsada: se crearon numerosos institutos de bachillerato y Formación Profesional, así como escuelas de Primaria y Secundaria, y aumentó de forma importante el numero de profesores, de tal forma que en solo dos décadas la enseñanza pública había mejorado sustancialmente su situación pasada de inferioridad respecto de la privada. Finalmente, la escuela pública estaba en condiciones de educar dignamente y con calidad a su alumnado, como mínimo hasta los 16 años de edad.
No obstante, quedaban y siguen quedando muchas cosas por hacer. No se trata de borrar del mapa a nadie, incluida la red privada de enseñanza, pero sí de dotar a la escuela pública de cuantos medios, personal y servicios son necesarios para que pueda llevar a cabo real y dignamente sus fines educativos en todos y cada uno de los barrios, pueblos y comarcas de Aragón. Cualquier concierto con la privada debe tener en consideración que previamente ha de quedar garantizada suficientemente una educación pública, laica, integradora, universal y de calidad. Que la consejera Serrat afirme a estas alturas que la escuela privada concertada está "infradotada" es un monumento al disparate interesado, al servicio de los intereses particulares de la enseñanza privada.
Más allá de la hojarasca retórica de las 25 medidas propuestas por la consejera y su Ley de Autoridad del Profesorado, el Partido Popular prefiere que los libros de texto sean propiedad del alumno, en lugar de recibidos gratuitamente de curso en curso, así como la desaparición del Programa Escuela 2.0, el concierto en etapas no obligatorias o la supresión de CPRs. Se sigue hablando de fracaso escolar, sin entrar a analizar (ni saben ni quieren) qué hacer y no hacer, qué impartir y dejar de impartir con ese 26% de repetidores y con ese número abrumador de alumnos que se aburren como una ostra de lunes a viernes, cinco horas diarias.
La escuela pública está en peligro al estar en manos de quienes se desentienden, de hecho, de las metas y los valores comunes y generales, compartidos por toda la ciudadanía. Todos y cada uno de los agentes sociales pertenecientes a la comunidad educativa (¡despertad, sindicatos!) deben trabajar más que nunca por que la escuela pública no acabe regresando a los estados de desatención y penuria pasados.
