Poner al día este tema lacerante de la pederastia en la iglesia, sabiendo que es algo mucho más amplio que se da sobre todo en las familias y que México ocupa uno de los primero lugares de abuso sexual a menores; es el objetivo de “Depredardores Sagrados”, libro coordinado por el sociólogo y especialista en temas religiosos, Bernardo Barranco.
El especialista conpartió en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco que “el tema de la pederastia clerical lastima no solamente por el acto criminal de un infante sino también el de contradecir de manera antagónica los principios religiosos”.
El texto observa Barranco, busca actualizar y “desmacielizar” la agenda del debate sobre el tema, pues afirma que “el año pasado los obispos dijeron que había 152 curas que habían sido separados de sus cargos, por acusaciones de delito sexual”, y se cuestiona ¿Cuál es el estatus de estos sacerdotes criminales?
Estamos hablando de cifras contundentes, mayores y de las cuales se guarda opacidad, señala.
El libro contiene datos más allá de artículos; con la pluma de víctimas de varias generaciones, especialistas, filósofos, teólogos, periodistas y pretende ampliar el panorama del “delito que se presenta no solo en la iglesia católica, sino en las protestantes y evangélicas en las que también hay pactos de silencio”, comparte.
“Depredadores Sagrados” retoma artículos como el de Cristina Sada sobre los colegios de los Legionarios de Cristo, que pese a los casos de pederastia continúan abarrotados, lo que afirma Bernador es por que “no importa si el nivel académico es bajo, lo importante es formar parte de esos ricos”, es cuestión de estatus.
El texto, afirma Barranco busca ir más allá de lo que significa el abuso en nombre de Dios, la perversión y el poder pues asegura “los políticos se sienten dueños de las masas… los religiosos se sienten dueños de la espiritualidad y el alma y sí hacen lo que quieran con las almas harán lo que quieran con los cuerpos”.
Ante el desgaste de 30 años de denuncias y el declive del tema, Baranco afirma que solo resta fotalecer a la sociedad civil, a las víctimas agrupadas que hagan presión y “que los gobiernos se fajen frente al tema, asuman su responsabilidad”, pues afirma han rehuido al tema. El Estado no es garante de los derechos de los menores, afirma.
