El pasado lunes el Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe no vinculante que decía: «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, se mueve en el terreno de la expresión de ideas. Y aunque estas sean «contrarias a los valores» de la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión». Con dos.
Según esto, yo ahora puedo gritar libremente «Viva Franco» sin que los miles y miles de víctimas del carnicero del Ferrol se sientan humilladas y me denuncien. Porque tengo derecho a decir lo que me da la gana.
Pero servidor tiene un par de dudas. Me pregunto si con ese informe en la mano yo puedo gritar también «Gora ETA» y estar protegido por la libertad de expresión sin que por ello humille a las víctimas de ETA. Y otra duda. ¿Si atento verbalmente contra Dios o la Virgen del Pilar estaré protegido por la libertad de expresión sin que los creyentes puedan encausarme por atentar contra sus sentimientos religiosos según el artículo 525 del Código Penal?
No sé señorías. Sé que ustedes son expertos en ingeniería jurídica. Y que retuercen la ley de palabra, obra y omisión. Pero algo falla. Y eso tiene que ver con la politización de sus valoraciones. No puede ser que a las víctimas de ETA se les humille, a los creyentes se les ofenda y a miles y miles de asesinados por obra y gracia del carnicero del Ferrol les pasé el tiempo por encima. Como si nada nos importara menos que nuestro pasado. Y es que equiparar la apología franquista con libertad de expresión es deslegitimar la memoria histórica.
¿O es que las víctimas del franquismo son incómodas porque sobre su sufrimiento se levantaron privilegios, grandes patrimonios y carreras políticas? Quizás por eso, a la justicia memorialística le cuesta tanto llamar a su puerta.
