Con el gobierno de Calles se hizo valer el artículo 27 según su texto original de 1917, y se cerraron conventos, iglesias, escuelas católicas que no impartían educación laica, etcétera. Los curas extranjeros fueron expulsados. La Iglesia reaccionó y el arzobispo primado de México, José Mora y del Río, declaró el 4 de febrero de 1925: La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3º, 5º, 27º y 130º de la Constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión
(ver: http://guadalupe.luxdomini.com/ guadalupe_iglesia.htm).
El 14 de marzo de 1925 se creó la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Detrás de ella lucharían los Caballeros de Colón (sus fundadores), la Unión Nacional de Damas Católicas Mexicanas, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). En junio de 1926 Calles decretó reformas al Código Penal, denominadas Ley Calles, que entrarían en vigor el 31 de julio. En respuesta, el primero de agosto el Episcopado mexicano resolvió suspender el culto público para alebrestar al pueblo católico contra el gobierno. El 16 de agosto de 1926 el Episcopado envió a Calles un Memorial, firmado por el arzobispo primado de México y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. Tres semanas después enviaron el mismo Memorial al Congreso de la Unión. Dicho documento pedía la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, por considerarlos contrarios al clero y a la Iglesia católica. El 18 de noviembre Pío XI proclamó la encíclica Iniquis afflictisque, la cual dictaba la conducta a seguir por los católicos mexicanos en contra del gobierno mexicano. La encíclica llamaba –elípticamente, como suelen escribirse las encíclicas– a luchar y a morir por la santísima libertad de la fe
atacada por los gobernantes de la República mexicana que, por su despiadado odio contra la religión, han continuado urgiendo sus malas leyes con más acritud y fiereza
(http://guadalupe.luxdomini.com/iniquis_afflictisque.htm). El desenlace de dichas exigencias eclesiásticas fue la cruenta guerra cristera de 1927 a 1929.
Esos episodios de enfrentamientos entre la Iglesia católica y el Estado fueron mitigados,en parte por Cárdenas y sobre todo a partir del gobierno de Ávila Camacho. Pero la Iglesia no cedió, si bien su tono fue menos beligerante. Con las reformas de Salinas el clero quedó más satisfecho, pero con el triunfo de Fox y de su esposa, que no figuraba en las boletas electorales, los jerarcas religiosos se envalentonaron y van por más. Ahora quieren que se enseñe religión en las escuelas públicas y están en contra del uso del condón, de la píldora anticonceptiva y de la del día siguiente y, por supuesto, del aborto.
So pretexto de la lucha contra el aborto, que los católicos llaman lucha por la vida
, y aprovechando la derechización de la política en manos del PAN (con El Yunque o sin él) y de muchos jóvenes priístas educados en escuelas confesionales y privadas, la Iglesia católica está presionando por imponer sus valores sobre los demás tanto en las escuelas (siempre ha estado en contra de la educación laica) como en la esfera estatal y la vida familiar.
A diferencia de las izquierdas, que suelen estar ansiosas por obtener resultados en sus luchas por cambios sociales, la Iglesia católica y sus fieles más fanáticos son pacientes y saben, o intuyen, que si logran triunfos, como la penalización del aborto, avanzarán más hasta lograr un Estado que, aunque no sea católico (como en el pasado), no sea expresamente laico y acepte que la separación de la Iglesia deje de ser una realidad, como de alguna forma ocurre en Estados Unidos.
En esta lógica es que Rodolfo Echeverría Ruiz ha estado promoviendo un grupo ciudadano que ha sido llamado indistintamente República laica
o Ciudadanos en defensa del Estado laico
, para actuar unidos a fin de gestionar ante la Cámara de Diputados que se lleve al pleno –para ser discutido y votado– un dictamen elaborado por la anterior legislatura. Ese dictamen se refiere a una iniciativa destinada a reformar dos artículos de la Constitución: 40 y 115. “Como todos sabemos –me ha escrito Rodolfo–, el concepto de laicidad está incluido de manera inequívoca en el artículo 3º constitucional. Sin embargo, no vuelve a mencionarse ni el concepto ni la palabra laico en el resto del texto constitucional. La propuesta sería que el artículo 40 señalara que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, pluriétnica y pluricultural… Lo mismo en el artículo 115.”
Me sumo a esta lucha junto con Juan Ramón de la Fuente, Cuauhtémoc Cárdenas, David Ibarra, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Pagés, Fernando Zertuche, Manuel Tello, Jesús Silva Herzog, José Iturriaga, José Rogelio Álvarez, José Woldenberg, Miguel González Avelar, Guillermo Tovar y de Teresa, Héctor Bonilla, Alejandro Carrillo Castro, Rolando Cordera, Alejandro Encinas, León García Soler, Ignacio López Tarso, Ifigenia Martínez, Alejandra Moreno Toscano, Humberto Musacchio, Ricardo Raphael, Diego Valadés, Héctor Vasconcelos, Miguel Ángel Granados Chapa y más que de memoria me ha citado Rodolfo.
Una cosa es que las iglesias tengan su derechos y otra que sus valores deban formar parte de las políticas públicas del Estado mexicano e imponerse a quienes no comulgan con ellos. El tema del aborto, sensible como es gracias a creencias sin justificación científica, es la cuña que la Iglesia católica ha encontrado para romper con la laicidad del Estado y de nuestras leyes.
A Lorenzo Ochoa, descanse en paz