La educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una sociedad democrática es aquella en la que los individuos, al poder desarrollar su autonomía de pensamiento y su capacidad crítica en libertad, son difícilmente manipulables y no quedan a merced de las élites que controlan los medios de comunicación. La educación es el único medio para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente esa libertad.
Así pues, la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos son los pilares fundamentales de toda democracia. De ellos se deriva la necesaria separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Esto es, los principios del laicismo.
El laicismo defiende esos valores que dotan a la Democracia de una sólida base moral para promover y soportar la convivencia en comunidades como las actuales, de gran diversidad de culturas y de credos. Sin el laicismo, la Historia nos lo enseña, se produce la imposición de un credo que tiene la hegemonía, o la lucha, entre las varias confesiones y opciones espirituales.
Es necesario pues que la escuela garantice que los futuros ciudadanos puedan aprender, entender, valorar, practicar y defender los valores democráticos en igualdad de condiciones, como sujetos de derechos y deberes. La escuela pública tiene que garantizar una educación laica, con un acceso al conocimiento universal, igual para todos, libre de adoctrinamientos y de encasillamientos o manipulaciones ideológicas. Para conseguirlo, la escuela, en su dinámica cotidiana, ha de ser una escuela de democracia, porque no hay mejor aprendizaje que aquel que es vivido desde la experiencia.
Por todo ello aspiramos a un Estado verdaderamente laico y que la enseñanza confesional de la religión desaparezca definitivamente del ámbito escolar. Las creencias y prácticas religiosas no son una asignatura, pertenecen a la esfera de las creencias personales, por lo que no forman parte de las competencias básicas escolares ni del currículo de la enseñanza obligatoria. El adoctrinamiento religioso, la catequesis, no es ni puede ser un área de conocimiento en la escuela porque segrega a niños, niñas y adolescentes por cuestiones ideológicas y de conciencia, lo cual va en contra de los principios de la educación en igualdad, base de la Democracia.
En el momento actual consideramos que la debida separación Iglesia-Estado tiene carencias inmediatamente subsanables, después de una Constitución aprobada hace ya 32 años. Es inadmisible que muchos centros educativos públicos (y concertados) mantengan crucifijos u otros símbolos religiosos a pesar de haberse ya pronunciado en contra los tribunales internacionales. Es inadmisible que puedan ser promovidos en el ámbito de la escuela actos religiosos como actividades extraescolares, y que se organicen actividades de formación del profesorado subvencionadas con dinero público cuyo objetivo es la catequesis o la evangelización de alumnos o de profesores.
Reclamamos que el Estado no financie como concertados a los centros privados religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico, o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el parlamento democrático. Tampoco a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas. Los centros educativos confesionales transmiten a sus alumnos el particular ideario de la confesión católica, desdeñando otros modelos, contraviniendo en su caso principios constitucionales y fomentando actitudes antisociales como el machismo, la homofobia y la discriminación de los que tienen convicciones diferentes. Sin mencionar los casos más graves de encubrimiento o justificación de conductas que son graves delitos (contra la consideración igualitaria de la mujer, el respeto a menores, etc.).
Consideramos por ello dejación de las responsabilidades del Estado equiparar sin más bajo la categoría de “servicio público de educación” la red de centros públicos con la de los privados concertados (mayoritariamente católicos) y rechazamos las políticas que desmantelan la oferta de enseñanza de pública (desde la etapa infantil hasta la universitaria) favoreciendo la enseñanza privada, que es en España mayoritariamente católica. Las últimas leyes educativas (LOE, LEA) y las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para el fallido pacto de Estado reinciden en esta identificación inaceptable.
Como un paso imprescindible, previo a la erradicación de la enseñanza confesional, exigimos la supresión inmediata en el próximo curso de la llamada “Debida atención educativa” (DAE) que con la aquiescencia y protección del propio estado privilegia la elección de la asignatura de religión al obligar a que los niños y adolescentes permanezcan en el centro educativo sin poder desarrollar actividades provechosas si no dan religión.
Por último, para una atención especial al fracaso escolar, exigimos que la formación del profesorado así como la modernización y actualización de contenidos, métodos y formas de evaluación, basada en la innovación, la reflexión y la investigación contrastada y rigurosa por parte de ese profesorado, cuente con el apoyo y la adecuada cobertura de medios por parte de la administración.
La escuela pública debe garantizar una formación integral y básica y un aprendizaje relevante, duradero y de calidad para todos.
