El colegio cardenalicio reunido el viernes en Roma pasó la maroma y reservó alguna sorpresa, de tal manera que nadie pueda acusar a los príncipes de la Iglesia católica de desentenderse de los casos de pederastia, pero, al mismo tiempo, son muchos -dentro y fuera de la feligresía- quienes consideran criticables partes importantes del enfoque dado al asunto. En especial en cuanto atañe al pago de las indemnizaciones a las víctimas, que el Vaticano difiere a las diócesis, cuando lo cierto es que estas, en muchos casos, carecen de recursos, han quebrado -40 solo en Estados Unidos- o están intervenidas por las autoridades judiciales.
En una institución tan sumamente centralizada, donde todos los movimientos deben contar, al menos en el plano teórico, con el beneplácito romano, limitar a la capacidad de cada diócesis el resarcimiento pecuniario de las víctimas resulta por lo menos sorprendente. Una sorpresa que se acrecienta si se tiene en consideración que el Vaticano tiene conocimiento desde hace decenios de la conducta desviada y delictiva de algunos de sus ministros, y ha sido justamente la jerarquía vaticana la que ha fijado siempre los criterios a seguir, incluido el recurso al encubrimiento, para evitar el escándalo.
Todo esto coincide con la leve apertura del Papa en cuanto al uso del preservativo. Un cambio de opinión esperanzador, pero insuficiente para luchar contra las enfermedades de transmisión sexual y, en especial, contra el sida, tal como señalan la mayoría de especialistas.
