El pasado sábado, 15 de septiembre, se presentó públicamente en Córdoba el informe elaborado por la comisión de expertos nombrada por el Ayuntamiento de la ciudad, de la que formé parte, para abordar el problema creado en 2006 por la Iglesia católica con la inmatriculación de la Santa Iglesia Catedral a cambio de 30 euros y sin previa obligación de demostrar título de propiedad alguno.
El Obispado cordobés se beneficiaba, de esta forma, de la reforma de la Ley Hipotecaria hecha por Aznar en 1998 y que equiparaba a los obispos con notarios públicos, tal y como establecía la Ley Hipotecaria franquista. Gracias a este insólito regreso al nacionalcatolicismo se consumaba la ilegítima apropiación de un sitio histórico de singular importancia, declarado Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.
En los días posteriores a la publicación de dicho informe se han escuchado voces críticas respecto al informe, voces que reclaman la propiedad de la Mezquita para la Iglesia sobre la base de la supuesta donación realizada por parte del rey Fernando III en 1236, tras la conquista de Córdoba. Estas voces no sólo proceden de sectores eclesiásticos, lo que podría, hasta cierto punto entenderse, sino, lo que resulta mucho más sorprendente, por parte de algunos historiadores académicos, a quienes se supone cierta formación y, sobre todo, una ética profesional.
Los historiadores trabajamos con las fuentes, y entre las que tenemos respecto al asunto de la Mezquita hay una referencia bien conocida, el texto legal de Las Siete Partidas, elaborado en época de Alfonso X, hijo y sucesor de Fernando III. Creo que resulta de interés reproducirla en su integridad. Aparece en la última Partida, la séptima, en el título referido a los moros, y dice lo siguiente: “Y las mezquitas que tenían antiguamente deben ser del rey, y puédelas él dar a quien se quisiere”. El texto es harto elocuente y el enorme peso de la tradición en las normas de la sociedad medieval nos permite asumir sin mucho margen de error que se trata de la puesta por escrito en época de Alfonso X de una norma legal bien asentada en la Corona de Castilla desde épocas anteriores.
Más aún, si por algo se caracteriza la Iglesia medieval es por ser la institución dotada de la más prodigiosa memoria histórica conocida, sobre todo a la hora de acreditar derechos y privilegios. ¿Alguien puede realmente pensar que si un edificio del extraordinario valor y la singularidad de la Mezquita cordobesa hubiese sido realmente donado a la Iglesia por Fernando III, no se habría conservado ese documento de donación, al igual que otros cientos de documentos de privilegios que se conservan de esa época, entre ellos muchos relativos a la propia Mezquita cordobesa?
Por lo demás, si hay algo que la historia de la Mezquita posterior a 1236 deja claro es la absoluta, constante y directa implicación de la Corona en su gestión y mantenimiento, como revela la documentación desde la época del propio Fernando III hasta el siglo XIX. De donación, en cambio, nada.
Durante los siglos XIX y XX, la Mezquita siguió siendo un templo católico, pero administrado directamente por el Estado, que ha empleado considerables sumas de dinero en su mantenimiento. No por casualidad, el propio obispo de Córdoba confesaba en 1910, después de un incendio que afectó a la propia estructura de la Iglesia catedral cordobesa, que colocar un pararrayos no era de su incumbencia, sino de la del Estado.
La Mezquita de Córdoba ha sido y debe seguir siendo un patrimonio común de todos los cordobeses, de todos los españoles y de la humanidad. Su apropiación ilegítima, inmoral e ilegal por la Iglesia, merced a privilegios propios del nacionalcatolicismo franquista, está sirviendo para degradar un elemento fundamental del patrimonio histórico español, ya que el proyecto de gestión del Obispado cordobés se reduce a convertirla en una especie de museo cofrade de Córdoba. A este respecto, no puede soslayarse la enorme responsabilidad que recae en todo este asunto sobre la Junta de Andalucía, a la que, por ley, corresponde la gestión del patrimonio histórico andaluz, del que la Mezquita de Córdoba es auténtico santo y seña.
Para terminar, quisiera hacerlo con una última reflexión. Entre los elementos de interés desvelados gracias a la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador fascista del Valle de los Caídos se encuentra, sin duda, la masiva salida del armario de numerosos franquistas que vivían, hasta ahora, disimuladamente como respetables demócratas. Ha sido, sobre todo, de estos sectores, esperpéntico y deprimente aquelarre de ex comunistas y ex falangistas unidos en defensa del nacionalcatolicismo, de los que han salido las voces académicas críticas contra el trabajo de la Comisión del Ayuntamiento de Córdoba. Un dato a tener en cuenta a la hora de valorar las posiciones respectivas.
Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva
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