La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, adelantó que el Gobierno espera tener ultimado "antes del verano" el borrador del anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. En el texto, apuntó, se abordará la cuestión del uso de símbolos religiosos en las escuelas, que ha vuelto a saltar a la actualidad después de la polémica desatada en un instituto público de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que no permite a una alumna musulmana acudir a clase con el hiyab. No obstante, aseguró que la postura del Gobierno es la de "respetar los usos y costumbres religiosos y culturales individuales" siempre que se adecuen a la ley.
Buena parte de la rueda de prensa posterior al consejo de ministros ha estado centrada en la polémica de si se debe o no regular el uso de símbolos religiosos en las escuelas y otros centros públicos. La vicepresidenta De la Vega aseguró que aún no puede concertar hasta qué punto la nueva Ley de Libertad Religiosa especificará este tema, pero apuntó que la reforma de la norma abordará el asunto, ya que se pretende “avanzar en la laicidad” del Estado.
Conjugar derechos fundamentales y aconfesionalidad
De la Vega apuntó que la nueva norma deberá conjugar los “principios constitucionales de aconfesionalidad, no religiosidad estatal, neutralidad de lo público, y garantizar los derechos fundamentales” recogidos en la Constitución. En este sentido, apuntó que los derechos a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen, así como los de educación y escolarización, deben conjugarse con el principio de “aconfesionalidad” del Estado, también recogido en la Carta Magna.
No existe un problema social
“No es lo mismo la aconfesionalidad y la neutralidad de las instituciones públicas que los derechos individuales, que si se ejercen con respeto, hay que garantizarlos”, subrayó. Además, señaló que “desde el punto de vista social, el uso de símbolos religiosos no constituye ningún problema social en nuestro país”. “Es un problema puntual que debemos resolver desde posiciones conciliadoras, evitando la tentación de crear un problema donde no lo hay”, aseguró sobre la polémica generada en Pozuelo, e insistió en que “no es un problema de convivencia ni de otra índole social”, sino que es un “conflicto puntual” que se debe resolver “entre todos, con sentido común y con diálogo”.
Trabajando en la reforma
Según apuntó, el Gobierno “todavía está trabajando en al redacción del anteproyecto” de ley, puesto que la norma “afecta a los derechos fundamentales” de las personas y, por tanto, debe ser redactada “con rigor”. El objetivo de esta reforma, explicó, pasa por “adecuar la Ley de Libertad Religiosa, que tiene ya 30 años, a la realidad social de la España actual”, así como incorporar al texto “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” en esta materia. Además, pretende “garantizar la igualdad de la pluralidad y de las diferentes profesiones religiosas”, y “garantizar el principio de laicidad” y la “neutralidad de las instituciones del Estado”.
Los obispos, con el velo
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la Constitución establece el derecho a manifestar el propio credo y que, por tanto, es una conclusión errónea circunscribir el uso de símbolos religiosos al ámbito privado. Así se ha pronunciado en relación a la polémica de Pozuelo.
