La religión lleva tanto tiempo en el sistema educativo que a muchas personas no les llama la atención, siempre ha sido así, es lo normal. Tal vez por eso, la publicación en el BOE, el pasado 24 de febrero, del currículo de religión ha levantado cierto revuelo. Se ha denunciado que se proponen contenidos que entran en contradicción con lo que el alumnado aprende en otras materias; que contiene una concepción muy devaluada del ser humano; que se trata de un texto catequético y dogmático… En fin, que no parecen contenidos apropiados para una materia escolar.
Pero nada de esto es nuevo. Como tampoco lo es el hecho de que aparezca en el BOE, instrumento del Estado para ratificar las leyes, una resolución ministerial redactada por la Conferencia Episcopal Española. Los Acuerdos que el Estado español firmó con la Santa Sede en 1979 -continuación del Concordato de 1953- conceden a la Iglesia Católica una serie de privilegios entre los que se encuentran la existencia misma de esta materia escolar y la atribución de establecer sus contenidos. Con ello, el Estado claudica ante un credo religioso.
Incluso son también viejos los argumentos que en la misma resolución se dan para justificar que se enseñe religión en la escuela. Se apela, por ejemplo, a la libertad religiosa. En un estado democrático, cualquier persona es libre de adherirse a las creencias que quiera, incluso a las estrafalarias, y todas las religiones tienen derecho a adoctrinar en sus respectivos credos a quienes así lo deseen. Pero la libertad religiosa, una conquista del laicismo, acaba ahí. Quienes han redactado la resolución del currículo quieren hacernos pasar como ejercicio de su libertad religiosa lo que no es más que un enorme e injustificable privilegio: disponer de casi 20.000 catequistas, sufragados con fondos públicos y nombrados directamente por el obispo, para adoctrinar al alumnado en un credo concreto. No se trata, pues de una libertad o de un derecho sino de un descarado abuso que conculca los derechos de una buena parte de la ciudadanía.
El descaro llega al cinismo: la resolución invoca la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Constitución y, más adelante afirma: “La enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. (…) el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia…”. Y digo cinismo porque, pese a la palabrería usada, tanto la presencia de la religión en la escuela como los contenidos que se proponen atentan contra los derechos fundamentales y conculcan principios constitucionales.
Su sola presencia segrega al alumnado -ahora ya desde los 3 años, una perversa novedad de la LOMCE- por las creencias de sus familias, contraviniendo el principio constitucional de no discriminación. Además, conculca la aconfesionalidad del Estado que la Constitución proclama. Los privilegios que concede a un credo concreto son tantos, que no se distingue de un estado confesional. Tampoco respeta la libertad de conciencia del alumnado que no opta por religión, castigándole a cursar otra asignatura, también evaluable, mientras en el aula de al lado se adoctrina. Y, desde luego, el principio de igualdad queda hecho añicos.
Respecto a los contenidos ya hemos dicho que son contradictorios con muchas conclusiones científicas y que son dogmáticos y, por tanto, nunca revisables ni criticables. Pero, además, no son compatibles con los derechos humanos ni con la Constitución. Una buena parte del currículo está dedicada a la Biblia, sus personajes y narraciones y otra a la Iglesia Católica, su organización y funcionamiento. En ambos casos se transmite al alumnado, como muy valiosa, una tradición patriarcal, androcéntrica y misógina, en la que no hace mella el principio de igualdad. (Una curiosa novedad del currículo es la desaparición de la Virgen María. Su presencia queda reducida a “Dios elige a María para que su hijo se haga hombre”, en el bloque 3 del 2º curso de primaria).
Otro contenido es la familia, cuya concepción, como es sabido, contraviene la libertad individual de algunos colectivos y, además, se opone con virulencia a leyes aprobadas por el parlamento y vigentes en la actualidad.
Comentario aparte merece otra novedad, también perversa, de la LOMCE. Se trata de la asignatura alternativa. En primaria se llama Valores culturales y sociales y en secundaria Valores éticos. Parece que en la mente del legislador está que quienes van a clase de religión, sólo por sus creencias, ya quedan capacitados para la vida en sociedad. No necesitan conocer y reflexionar acerca de a qué valores culturales, sociales y éticos conviene ajustar sus acciones. Eso queda para los réprobos que no acuden a clases de religión. La discriminación que subyace a esta novedad es atroz.
El sistema público de enseñanza es de todos y para todos. Ha de integrar, en condiciones de igualdad, a todas las personas sean cuales sean sus creencias o las de sus familias. En él no puede situarse a una parte del alumnado, por sus creencias, por encima y al margen de los demás, y excluirla de la obligación de conocer los valores comúnmente compartidos en una sociedad democrática. ¿Es o no cinismo afirmar que el currículo de religión enseña las “virtudes cívicas” y mira por “el bien común”?.
Alguien podría pensar que “con la Iglesia hemos topado”, que este asunto está tan arraigado que no tiene solución. Ciertamente, en las décadas que llevamos de democracia ningún gobierno ha dado un solo paso para resolverlo. Pero la solución ya está inventada por la teoría política democrática: el ESTADO LAICO. Como es bien sabido, el laicismo pretende una forma de organización social de la convivencia que sea justa, que respete los derechos y libertades de todos, en condiciones de igualdad y que salvaguarde la pluralidad y diversidad sociales. Para ello el Estado y todas sus instituciones, especialmente la escuela, han de ser estrictamente neutrales en cuestión de creencias.
¿Cómo caminar hacia allí? Por una parte, es indispensable que todas las religiones acepten que sus creencias, por muy verdaderas que las consideren sus fieles o sus jerarquías, no merecen más respeto que las demás convicciones posibles en la sociedad. Si quieren ganar adeptos habrán de hacerlo por la sensatez y atractivo de sus doctrinas y no por el disfrute de privilegios que pisotean los derechos de otras personas.
Por otra parte, es necesaria la firme voluntad política de avanzar hacia la laicidad del Estado. Los sucesivos gobiernos, los partidos, las organizaciones y movimientos sociales, y la ciudadanía en general han de comprometerse en eliminar todas las situaciones de privilegio. El logro de una organización social más justa no será la derrota de nadie sino el triunfo de todos.
De lo que se trata, pues, es hacer que el Estado sea soberano y acabe con los privilegios. Para ello la religión ha de estar fuera del sistema público de enseñanza, los acuerdos con el Vaticano deben ser derogados y no deben utilizarse fondos públicos para financiar el adoctrinamiento religioso en las aulas. La escuela ha de dedicarse a conseguir una ciudadanía bien formada y libre para organizar su propia vida y, por supuesto, elegir sus convicciones.
Rafael Cuesta
Profesor de Filosofía y Miembro de Valencia Laica
