Liliana Rodríguez, terapeuta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, habla del poder de las sotanas, de la responsabilidad de Francisco y de la unión Iglesia-Estado como causal de impunidad.
Por enésima vez en lo que va de 2016, la revelación de abusos perpetrados por sacerdotes generó una ola de repudio e indignación en buena parte de la sociedad. En este caso, se trató del salto a la arena pública de lo ocurrido en el Instituto Antonio Provolo, de Luján de Cuyo, Mendoza, donde se denunció que alrededor de 60 niños hipoacúsicos habrían sido abusados por, entre otros, el sacerdote italiano Nicolás Bruno Corradi, quien fue detenido junto con otro cura, Horacio Corbacho, un monaguillo y un empleado.
De acuerdo con el fiscal de la causa, Fabricio Sidote, la investigación se remontará a 1998: “Estoy mirando los legajos de los chicos que iban al colegio desde el 98 para ubicarlos y tomarles testimonial. Esta escuela se creó en el 98 y si están los mismos sacerdotes, tengo que empezar a partir de ese mismo año”.
Ya el año pasado, Julieta Añazco, referente nacional de la [Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico-http://www.laizquierdadiario.com/Barbara-Blaine-Solo-en-Estados-Unidos-los-sacerdotes-abusaron-de-cien-mil-ninos-y-ninas] (SNAP en inglés), había expuesto el caso de Corradi en la conferencia anual realizada en Estados Unidos. Allí la platense contó que Corradi había sido acusado de abusar, entre 1955 y 1984, en el Instituto Próvolo de Verona (Italia), a niños y jóvenes sordomudos. Ante las autoridades eclesiásticas fueron presentadas denuncias de violaciones, masturbaciones obligadas por curas y relaciones de sodomía cometidas en los dormitorios.
Los curas involucrados fueron aproximadamente 130. Algunos de ellos fueron trasladados a la Argentina, particularmente a La Plata y Mendoza. En esta última ciudad recaló el cura Corradi.
Extraoficialmente se supo que hubo abuso sexual contra algunos alumnos. Cuando los padres reclamaron, se les habría “comprado” el silencio con indemnizaciones. Sin embargo, para quienes leen La Izquierda Diario dista de ser una sorpresa lo que acaeció en Mendoza, que tendría una réplica en la institución sólo que en su sede platense.
Perdonan en nombre de Dios y cometen delitos aberrantes
Consultada a partir de lo sucedido en Mendoza, Liliana Rodríguez, la terapeuta que asesora a la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, precisó que el “abuso de poder a partir de la investidura de un cura, por un lado, le asegura impunidad. Por el otro, imposibilita aún más el animarse a contar, por terror a que no se le crea. Porque el rol del cura representa la fe y la institución Iglesia. ¿Cómo creer que la misma persona que absuelve los llamados pecados y que en el nombre de Dios perdona, es el mismo que comete uno de los delitos más aberrantes?”
¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de los abusos?
El daño postraumático es grave para la víctima. Genera mucha confusión, miedo, parálisis, vergüenza, terror a que no le crean, ira, dificultades en la puesta de límites, en poder decir que no, comportamientos autoagresivos, represivos. Por eso es muy importante la realización de un proceso terapéutico, el cual va a ser mucho más rico para esa persona si le creyeron, si fue apoyado. Si pudo contar lo que le pasó.
En el caso del Instituto Provolo, Rodríguez sostiene que “a mayor vulnerabilidad, mayor impunidad. La condición de que sean sordos no aumenta el riesgo, lo que lo incrementa es la actitud social que se tiene frente a la discapacidad. Hay que hacer visibles las deudas que el Estado tiene con la comunidad sorda, que es marginada. El Estado no ha formado ni ha impuesto que haya intérpretes de lenguas de señas en todos los estamentos del Estado, como el Poder Judicial, hospitales, etc. Eso generaría igualdad y accesibilidad”.
¿Qué particularidades registra que sean cometidos por sacerdotes?
El cura abusador no lo hace una vez, lo hace sistemáticamente, porque tiene impunidad. Lo hace en los momentos de la confesión, en los campamentos, convocando a niñas y niños a charlas “íntimas” bajo el argumento de que son para contener. Aprovechando de esos momentos que luego complican tanto a la víctima para darse a sí misma credibilidad de esos momentos que recuerdan. No son ni enfermos ni inimputables, porque tienen plena conciencia de sus actos. Los planifican y utilizan la manipulación afectiva, emocional y el secreto para captar a sus víctimas.
Para la terapeuta, la responsabilidad de Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, es tal que “en su país llega al punto de que no le ha quitado todavía la condición de sacerdote a Julio César Grassi. Su actitud ante el abuso eclesiástico no es diferente a la actitud que Bergoglio tuvo en la dictadura”. Asimismo, señaló que “poder llevar adelante la condena social ayuda a reparar y a hacer visible lo que sucede y que la comunidad pueda comprometerse”.
El problema es común a toda la institución católica a nivel mundial. Por eso, un grupo de profesionales latinoamericanos contra “el abuso de poder”, por medio de un comunicado, sostuvo que “la Iglesia Católica sigue diciendo que se arrepiente de estos sucesos. Los Próvolo no tienen la exclusividad en el tema. No vemos hasta ahora grandes movimientos, no solo que permitan llevar a estos delincuentes sexuales a la cárcel -que según sus representantes no es su función hacerlo- si no tampoco que se los prive de sus derechos sacerdotales. Baste el ejemplo del cura Grassi por estos lares, más de diez años para lograr su encarcelamiento y aun pudiendo oficiar misa”. En ese sentido, reclamaron que “sin separación Iglesia/Estado no se cumple la laicidad establecida en nuestra Constitución: ésta es parte de sus consecuencias”.
