La llamada del arzobispo de Granada a la desobediencia civil contra la educación para la ciudadanía encuentra escaso apoyo
Si hace unos meses muchos representantes de la Iglesia española sorprendieron al asistir pancarta en mano a las primeras filas de manifestaciones callejeras contra el Gobierno central, el arzobispo de Granada fue la semana pasada mucho más allá en el nuevo espíritu iconoclasta de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. Javier Martínez invitó a los padres a ejercer la "desobediencia civil" contra la Educación para la Ciudadanía, una asignatura incluida en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en el Parlamento.
La llamada a la rebeldía, que ya había sido sugerida por otros altos cargos de la Iglesia, ha recibido críticas feroces del Gobierno y la Junta y tampoco ha sido bien recibida por la mayoría de la comunidad educativa. Pero ¿hay padres que realmente estén planteándose que sus hijos no cursen una materia que será obligatoria y evaluable? ¿Por qué genera tanto debate esta asignatura? Y, sobre todo, lo que plantea el arzobispo ¿es constitucional?
Las reacciones que han suscitado las palabras del prelado granadino hacen pensar que no cuenta con muchos adeptos. Las principales asociaciones educativas católicas se han desmarcado y aseguran que cumplirán con la ley. La mayoritaria, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) ya ha dicho que no promoverá la objeción en sus centros, mientras que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que hace unos meses sugirió la posibilidad de boicotear la nueva asignatura, tampoco se muestra ya partidaria de esta idea. "Los centros deben impartirla, sobre eso no tenemos ninguna duda", señala Rafael Camaño, secretario general de CECE en Andalucía. "Respetamos la opinión del arzobispo y la de cualquiera que piense otra cosa, pero independientemente de las opiniones que tengamos cada uno, una vez que la asignatura aparece en el BOE, hay que aceptarla".
No obstante, Camaño considera que los centros católicos sí que deben intentar "adaptar" los contenidos de la materia a su propio ideario. "Un colegio no puede ir contra sus propias ideas". En opinión de esta asociación, la asignatura no debería traspasar la frontera de "aquellos contenidos de naturaleza moral o que presupongan un determinado modelo de sociedad o de persona". ¿Y cuáles son esos contenidos? CECE cree que deberían quedarse fuera temas como "el modelo de familia o el matrimonio". Tal y como está diseñada hoy, Educación para la Ciudadanía explica al alumno, por ejemplo, que existen familias formadas por parejas de hecho, matrimonios gays o monoparentales y que no es admisible discriminar a una persona "por razón de la orientación afectivo-sexual". CECE tampoco está de acuerdo con que la materia sea obligatoria y evaluable. "¿Cómo se valora que un alumno ha adquirido un grado determinado de educación para la ciudadanía?". Desde esta asociación creen que era más acertado el modelo de la Logse, que no consideraba la tolerancia o la humanidad como materias "tranversales" que debían transmitirse a través de todas las demás asignaturas.
Pero ese modelo, para algunos, era una mera declaración de intenciones que en la práctica se quedaba en nada. "Era todo tan transversal que al final se olvidaba que había que tratar esos temas", advierte Pilar Trigueros, presidenta de la Confederación Andaluza de Apas por la Enseñanza Pública (Codapa). "La asignatura que se plantea ahora es la misma que lleva 10 años impartiéndose en los países europeos más avanzados en el sistema educativo", explica. Respecto a la invitación a la desobediencia civil, Trigueros, quien se reconoce católica, asegura sentir "indignación". "Es muy duro que llamen a la insumisión por una asignatura que inculca valores a nuestros hijos pero no lo hagan cuando un país decide entrar en guerra".
La llamada a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil no es, sin embargo, una idea original del prelado granadino. Algunas de las asociaciones más conservadoras la promueven desde hace meses e incluso han publicado una guía para explicar cómo objetar. ¿Cómo hacerlo? "Mediante un escrito dirigido al director del centro en el momento de inscribir o renovar plaza para nuestro hijo en el centro educativo para el curso 2007-2008 [cuando empieza a impartirse la asignatura]", explica el libro editado hace unas semanas.
El servicio de comunicación de los obispos del sur de España (Odisur) entiende también que "el derecho a la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa y no requiere de un desarrollo legal para ser directamente aplicable" y que no tendría consecuencias ni para los padres ni para los niños. Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, rebate estos argumentos. "La desobediencia a la ley es una decisión extraordinariamente grave porque supone negar el orden jurídico y los fundamentos del propio Estado, razón por la que sólo podría estar justificada en una democracia ante situaciones límite".
La asignatura en cuestión, no es una de ellas, según Cámara. "Nada hay en la mencionada asignatura que permita mantener la más mínima duda sobre su plena adecuación constitucional e incluso sobre su conveniencia para una sociedad democrática avanzada".
La doctrina "personal" se impone en la Iglesia granadina
F. Valverde
Al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, que en la actualidad está siendo juzgado por un presunto delito de acoso moral, lesiones, injurias y coacciones, no le parecen apropiadas las enseñanzas que se llevan a cabo en la Facultad de Teología de Granada. Al menos, eso ha dicho a sus seminaristas, a los que ha prohibido regresar al ámbito universitario ya que "allí sólo se dice lo que todo el mundo quiere oír". Aunque no existe versión oficial de lo sucedido, fuentes del seminario de Granada han explicado que el arzobispo se sintió "molesto" y "ofendido" por una lección magistral sobre bioética con motivo del nuevo curso académico universitario. Bajo este pretexto, el arzobispo aprovechó para tratar de arengar a sus seminaristas, a los que confesó que la Facultad de Teología tiene "la culpa de todos los males de la Iglesia en Granada".
Cierto o no, lo que parece claro es que no todos los seminaristas confían en la versión del arzobispo y algunos ya han abandonado la diócesis de Granada para ingresar en el Seminario de Málaga, un centro que sí confía en la docencia de la Facultad granadina. De momento, esta parece ser la única opción que les queda a los seminaristas, ya que el arzobispado no parece escatimar en represalias. Los primeros afectados han sido los frailes agustinos que, tras decidir inscribir a sus seminaristas en la Universidad, han perdido la parroquia del Barrio de la Vega, en la localidad granadina de Monachil, que han regentado a lo largo de varias décadas.
Por su parte, el rector de la Facultad de Teología, Ildefonso Camacho, ha calificado la decisión del arzobispo como "dolorosa" y ha recordado que sin el apoyo de una facultad los seminaristas no podrán obtener un título oficial. "El arzobispo no se debe fiar mucho de nosotros, pero aquí se han formado los seminaristas desde 1939", aseguró, tras aclarar que fue informado de la noticia por carta, en la que se precisaba la justificación a lo sucedido: "El contexto cultural actual".
