La Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación ya ha echado a andar. Los grupos parlamentarios tienen por delante el reto de alcanzar el primer gran pacto nacional en materia de Educación. Dispondrán de un plazo de seis meses para elaborar un informe que sirva de base para que un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la más que polémica y cuestionada Lomce.
El camino hasta ese pacto, sin embargo, está lleno de piedras y obstáculos y la situación es urgente. Al caos legal creado por la Lomce y sus paralizaciones y retrasos, hay que sumar el rechazo constante de la comunidad educativa. El próximo 9 de marzo, de hecho, se celebrará una nueva huelga de estudiantes que persigue el objetivo de derogar íntegramente la conocida como ‘ley Wert’.
Con los siguientes retos echa a andar, por tanto, una Subcomisión que ya con un problema de raíz: no tiene el apoyo de Unidos Podemos, PNV, ERC, la antigua Convergència y CiU y si el objetivo es un gran pacto nacional parece obvio que, al menos, debe entrar dentro del acuerdo el tercero partido en importancia en el Congreso y los principales partidos nacionalistas.
1. El apoyo a la educación concertada
La Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados, eso es, seis de cada diez euros. ¿La educación privada y concertada va a seguir financiándose con fondos provenientes de las arcas públicas? Jurjo Torres, catedrático de Didáctica en la Universidad de Santiago de Compostela, duda que eso cambie. «No me creo que la ideología no entorpezca el debate, es muy complicado llegar a un pacto partiendo de una política conservadora, sesgada, intervencionista y que ha premiado a los creadores de la LOMCE con puestos en la OCDE», argumenta.
Para que el supuesto pacto logre algún cambio en la legislación educativa, indica el catedrático, deberá dejar «cierta ambigüedad en la mayoría de cuestiones» parar lograr luego «una norma de mínimos con un articulado pequeño». Sin embargo, Torres advierte del peligro posterior: «Es en el desarrollo de los decretos ley donde se sueltan las verdaderas bombas».
2. La religión, ¿dentro o fuera de las aulas?
Los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 incumplen varios artículos de la Constitución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978, que declara España como aconfesional. Sin embargo, ni el PSOE ni el PP se han planteado la posibilidad de revisar estos acuerdos, que dan privilegios a la Iglesia en ámbitos como la Educación, la Jusitica, el Ejército y los Presupuestos. «La religión tiene que ser una cuestión privada y no puede formar parte de los currículos de la educación pública. Ninguna ideología debe estar presente en la escuela y menos aún financiada por el Gobierno», opina Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga y portavoz del Foro Sevilla por Otra Política Educativa. Este colectivo ha redactado un Documento de bases para una nueva Ley de Educación que ha recibido el apoyo de sindicatos, estudiantes, padres, colectivos sociales y partidos políticos (Unidos Podemos, PSOE, ERC y Bildu).
En seis meses, la subcomisión deberá responder a las eternas preguntas sobre esta cuestión: ¿La nota en la asignatura de Religión contará para pasar de curso?, ¿puntuará para acceder a becas?, ¿se seguirán financiando con dinero público los centros religiosos que segregan por razón de sexo? En definitiva, ¿la ideología se quedará, por fin, al margen de la educación?
3. ¿La educación es para todos?
El Gobierno ha dado marcha atrás con las reválidas —las evaluaciones finales de Primaria y ESO serán muestrales y de diagnóstico y la de Bachillerato será similar a la Selectividad—, pero ¿hasta qué punto cederá en otros ámbitos? Rafael Feito, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, ve «muy difícil que el PP se apee del dogmatismo con el que impulsó la LOMCE». «Si PP y Ciudadanos no entienden que un joven sin Bachillerato o sin una formación en Grado Medio lo va a tener muy difícil en la vida, un pacto no servirá de nada«, argumenta Feito, que sostiene que «los conservadores en general piensan que la educación no es para todos».
Un ejemplo de este pensamiento —que prefiere la excelencia a la equidad— son los llamados itinerarios tempranos, que expulsan a parte del alumnado del sistema porque lo mandan a diferentes niveles de formación a partir de 3º de la ESO. «Los partidos conservadores apuestan por segregar a partir de la Primaria y partiendo de esa base es muy difícil llegar a un buen acuerdo».
4. Las competencias de las comunidades
Aunque la creación de un espacio de diálogo en el Congreso ha sido muy bien recibido por la mayoría de partidos, sindicatos de profesores, alumnos y padres, no ha sido celebrado del mismo modo por todas las comunidades autónomas. Aunque la mayoría ha acogido de buen grado la creación de la subcomisión y la consiguiente paralización de las reválidas, Catalunya, Navarra y Euskadi siguendescontentas porque consideran que se siguen invadiendo sus competencias.
Las comunidades no gobernadas por el PP se han puesto en pie de guerra durante el desarrollo de la LOMCE y algunas de ellas incluso han incumplido los decretos ley marcados por la norma. ¿Será posible llegar ahora a un consenso tras tantos años de desencuentros?
