Cuarta sentencia contra la orden de Camps de dar Ciudadanía en inglés

El TSJ valenciano reitera que los programas plurilingües no se pueden imponer de forma obligatoria para todos los alumnos y centros

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha dado la razón a la federación de enseñanza de UGT en su recurso contra la orden del 10 de junio de 2008 de la Consejería de Educación que obligaba a traducir al inglés las clases y el temario de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una materia de nuevo cuño que el PP objetó en toda España. La ocurrencia del gobierno de Francisco Camps, que disfrazó su boicot en forma de "programa plurilingüe", recibe un severo varapalo del tribunal, que reitera que estos planes "no se pueden imponer de forma obligatoria para todos los alumnos y centros". Éste es el cuarto y último recurso contra la orden de la Consejería de Educación, que el TSJ ya tumbó en julio del año pasado.

La Sala de lo Contencioso-administrativo advierte que la consejería no puede imponer los programas de idiomas, sino que son los centros los que en su caso pueden pedirlos. La sentencia afirma que la orden era "confusa, contradictoria e incongruente", al intentar establecer de forma obligatoria e unilateral que Ciudadanía se impartiera en inglés en todos los centros.

Los magistrados, además, destacan que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora -que rechazó las protestas multitudinarias en las calles y en los centros de padres, alumnos, profesores y directores- tampoco tiene competencia para establecer "una opción B" del currículo de esta asignatura hecha a medida de las familias objetoras. Esta opción pretendía reducir los "objetivos" y los "contenidos" de una materia escolar obligatoria en toda España dejándola en un examen del tema elegido por los padres y trabajado de manera no presencial, en casa.

La novedad del auto -que en la práctica asume los argumentos que han dado la razón a los otros tres recursos contra la orden del Ministerio de Educación, CC OO y el STEPV- es que ahora los magistrados incorporan la nueva doctrina del Tribunal Supremo, que considera que no se puede amparar la objeción de conciencia a una materia escolar obligatoria. El TSJ valenciano hace extensible esta doctrina a las objeciones propuestas por grupos derechistas contra las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Ética-cívica (ambas de la etapa de Secundaria) y la de Filosofía y Ciudadanía (que se estudia en 3º de Bachillerato).

Fete-UGT ha pedido al Gobierno valenciano que "cesen de forma definitiva todas las malas prácticas y ocurrencias" y que "el consejero reflexione sobre la importancia que debe darle a la educación".

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