Un capítulo específico de la relación entre el Estado y la Iglesia se escribió en la década del 40, cuando la segunda logró la derogación de la ley 1420.
En el marco de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las y los jóvenes pusieron en discusión la relación del Estado con la Iglesia y la injerencia de esta sobre la educación. Aunque esta injerencia es permanente por la vía de los subsidios estatales a la educación religiosa y la intromisión en las políticas educativas provinciales, un capítulo específico de esa relación se escribió en la década del 40, cuando la Iglesia logró la derogación de la ley 1420.
La educación laica: blanco del ataque clerical
Desde la sanción de la ley 1420 de 1884, donde la oligarquía roquista estableció la instrucción primaria obligatoria, laica y gratuita, la Iglesia profundizó su disputa con un Estado en proceso de secularización que avanzaba sobre funciones históricamente dominadas por aquella. Mientras los claustros universitarios seguían estando bajo el dominio clerical, la oligarquía, de matriz ideológica liberal y necesitada de la modernización relativa del país para consolidar su integración al mercado mundial, confrontaba a la Iglesia avanzando en la laicización de la instrucción pública obligatoria. Así, en las décadas siguientes al establecimiento de la 1420 una de las reivindicaciones históricas centrales de la Iglesia católica giró en torno a la necesidad de establecer la instrucción religiosa en las escuelas públicas en el horario de clase, y no fuera de este como establecía explícitamente la ley.
El mito de la nación católica
El carácter laico del sistema educativo comenzó a ser fuertemente atacado durante la década de 1930, en el contexto de la restauración conservadora operada con el primer golpe de estado que derrocó al gobierno radical de Yrigoyen. En esta etapa se produjo una crisis de la hegemonía liberal y la conformación de un bloque conservador-nacionalista articulado en torno a la Iglesia y el Ejército, pilares del llamado “mito de la nación católica” que en ruptura con la tradicional oligarquía liberal fundadora del Estado tendió a identificar catolicismo con nacionalidad.
La creciente militarización y confesionalización de la vida política fueron un emergente de este proceso y sentaron las bases de un “nuevo orden cristiano” sustentado sobre la idea de la religión católica como representación del núcleo de la nacionalidad argentina, factor de integración e identidad nacional. En este marco, el debate sobre la enseñanza religiosa tuvo centralidad política a nivel nacional durante la década del treinta y del cuarenta. Mientras el presidente del Consejo Nacional de Educación, Octavio Pico, realizaba declaraciones contra la “escuela sin Dios”, el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires en 1934 movilizó a civiles y militares en torno a las consignas antilaicistas de la Iglesia. Así, entre 1936 y 1937 se sancionaron leyes, decretos o resoluciones que implantaron la enseñanza de la religión católica en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
La presión de la Iglesia estaba ligada, a su vez, al reforzamiento del estereotipo de mujer como transmisora de la moral católica “Las mujeres han sido las principales custodios de la fe durante los años de liberalismo con su inevitable secuela el laicismo (…) Las que enseñaban a los adultos, las que enseñaban a los niños, las que organizaban misiones, las que bajo la dirección de la Jerarquía enseñaban en las escuelas fuera del horario de clase”, planteaba la revista Criterio en el año 1947.
Esta presión ascendente de la Iglesia dio sus frutos con el golpe de 1943 que posibilitó el acceso del integrismo católico a las decisiones en materia de política educativa. El gobierno de Pedro Ramírez emitió el decreto 18411 que derogó el art. 8 de la ley 1420 y estableció la impartición de la religión católica como materia ordinaria en los planes de estudio “en todas las escuelas públicas, de enseñanza primaria, secundaria y especial (…) quedando excluidos aquellos niños cuyos padres manifiesten expresa oposición, por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral.”
Este decreto estuvo fundamentado, al igual que lo hicieron diversos senadores en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en la invocación a Dios que aparece en el preámbulo de la Constitución nacional de 1853, que a su vez establece la obligación del Estado de sostener el culto católico y que quienes encabezan el poder ejecutivo deben ser católicos.
Perón y la educación religiosa
Una vez electo democráticamente (luego de haber sido vicepresidente del gobierno de facto de Farrell) Perón mantuvo una continuidad con la obra educativa de la dictadura impulsando en el año 1947 la sanción de la ley n° 12978 que ratificaba el decreto de 1943. Los argumentos de los diputados peronistas que defendieron la ley en el Congreso se fundamentaron en los principios del catolicismo integrista que venía consolidándose desde la década anterior a la cabeza del Estado.
La identificación entre hispanidad, catolicismo y nacionalidad, la consideración de la religión como fundamento del cuerpo social y del liberalismo/laicismo como elemento de su desintegración fueron los principales ejes del discurso parlamentario peronista. El diputado Lasciar, por ejemplo, afirmó durante el debate: “Nuestra tradición es Cristo y estar contra ella es estar contra Cristo. Dios es el alma nacional”. Mientras Díaz de Vivar, designado por Perón para conducir el debate parlamentario, planteó “… [hemos] sido víctimas de un percance histórico de muy grandes proporciones (…) Con España, el catolicismo era el otro gran calumniado; se estableció la siguiente sinonimia: hispanidad, catolicidad, oscurantismo. Y así comenzó, señores diputados, todo el proceso de descastización, una de cuyas afloraciones más eminentes fue precisamente, en mi opinión, la ley 1.420. Entre otras cosas, eso significó la ley que tratamos de modificar: una ruptura violenta con la más pura y rancia tradición argentina”. Pero la importancia de la enseñanza religiosa no residía para el peronismo sólo en la recuperación de una tradición, sino en la posibilidad de introducir un elemento tendiente al orden y la armonía social “… el trabajador argentino se siente solidario con la enseñanza religiosa en las escuelas, amén de apreciar la trascendencia de la misma en lo que se refiere principalmente a la formación de la conciencia y a la jerarquización de los sentimientos como factores de orden y disciplina […] La enseñanza religiosa, al suavizar las asperezas entre los hombres, coopera eficientemente a destruir todo asomo de anarquía y atropello…” (1).
Entre los principios y metas de la escuela argentina, la ley señalaba que las metas de la escuela eran “entronizar a Dios en las conciencias, exaltando sobre lo material y lo espiritual” (2). Con esto Perón cumplía las promesas que había hecho durante la campaña electoral, tal como había declarado seis días antes de los comicios del año 1945 en el diario La época: “He jurado escuchar y satisfacer los anhelos del pueblo argentino, y como el pueblo argentino, por mayoría abrumadora, quiere para sus hijos la enseñanza religiosa, he de mantenerla y acrecentarla con el mayor empeño, ya que responde, además, a una íntima convicción de mi espíritu”.
La Iglesia había logrado introducir esta discusión como tema de campaña, al punto que la jerarquía católica en su pastoral de septiembre de 1954 prohibía a sus fieles votar por los partidos que incluyeran en sus programas la enseñanza laica. En el mensaje de la pastoral, se señalaba “(…) La Iglesia ha recibido el derecho de enseñar de Dios mismo. Puede, pues, exigirlo también en nombre de los intereses del niño que exigen se les imparta una educación integral haciéndole conocer su origen divino, sus destinos inmortales y los derechos sagrados de su persona. Puede exigirlo en nombre de la Constitución, como también de la tradición argentina…”.
Miles de jóvenes fueron educados en las escuelas públicas según las concepciones de la Iglesia católica, que incidió sobre planes de estudio tal como permitía le ley, impuso festividades religiosas y tuvo injerencia en distintas actividades en el ámbito escolar. La enseñanza religiosa en las escuelas públicas se sostuvo hasta 1955, cuando Perón resolvió retroceder de esa concesión a una Iglesia ya pasada al campo de la oposición política al peronismo y activa organizadora del golpe que llevó a la “fusiladora”. Pero este pasaje al campo golpista no significó una ruptura de relaciones entre la Iglesia y el peronismo, que se mantiene hasta nuestros días. Sin dudas en esa relación anida parte importante de la explicación del rechazo en el Senado a la ley IVE bajo argumentos retrógrados y oscurantistas, así como el pedido de Cristina Kirchner a las pibas y pibes de “no enojarse con la Iglesia”. Por fortuna, las y los miles de jóvenes que se apropiaron de la consigna “Iglesia y Estado, asuntos separados”, parecieran no estar dispuestos a hacerle mucho caso.
1. Jorgelina Silvia Sassera. (2004). “La enseñanza religiosa durante 1943 y 1947: una nueva mirada”. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
2. C. Pitelli, “La enseñanza religiosa en las escuelas públicas durante el primer peronismo” en: Estudios de historia de la educación durante el primer peronismo 1943- 1955, H. R. CUCUZZA, comp., Editorial Los libros del Riel, 1997.
