Se ha producido un pequeño escándalo cuando la Consejería de Educación ha retirado los crucifijos de las aulas de un colegio de titularidad estatal, el San Juan de la Cruz de Baeza. La argumentación de la consejera ha sido impecable: un centro educativo estatal ha de ser neutral respecto a las creencias e ideologías particulares, sean religiosas, políticas… o futbolísticas.
La enseñanza estatal ha de ser especialmente cuidadosa de no traspasar la línea que separa la información y el debate del adoctrinamiento. Y es que en el espacio público de lo que se trata es de plantear abiertamente los temas científicos y filosóficos desde la pluralidad de perspectivas que respetan los criterios de la racionalidad y la crítica, con pasión no exenta de objetividad pero sí de caprichos y prejuicios, de superstición y de dogma.
En el instituto Alto Guadiato de Peñarroya–Pueblonuevo se debatió hace unos años la misma cuestión, y tras la discusión realizada en los órganos competentes, claustro y consejo escolar, la orden de la Delegación de retirar los crucifijos de las aulas fue aceptada incluso por los que no estaban de acuerdo, en un acto de madurez democrática que honra al instituto y que no se ha repetido ahora en Jaén.
Pero la cuestión no afecta sólo a los símbolos religiosos. De vez en cuando sectores fanatizados llevan a los institutos sus cuitas simbólicas. Así fue recurrente el empapelamiento de institutos públicos andaluces con el lema partidista "No a la guerra". La incapacidad de distinguir el ámbito privado de lo público no sólo afecta al catolicismo proselitista sino también a sectas políticas que se creen con licencia para adoctrinar.
Lo más preocupante es cuando es la misma Consejería de Educación la que detenta dicha licencia. En el Plan de Igualdad de hombres y mujeres que ha sido recientemente aprobado, junto a medidas educativas asumibles de forma universal en cuanto a la igualdad moral y legal que ha de garantizarse independientemente del sexo, hay un intento del legislador de intervenir ilegítimamente en la libertad de los miembros de la comunidad educativa imponiendo un modo de hablar artificial y tartufo, la ya famosa obsesión de construir un lenguaje pretendidamente no sexista.
La Consejería no puede imponer a los ciudadanos una neolengua de reminiscencias orwellianas amparándose en una supuesta superioridad moral. El nuevo Ejército de Salvación Lingüístico es muy libre de expresarse como le venga en gana pero no de imponer sus dogmas ideológicos parasitando el Estado que, por definición, ha de ser un lugar de encuentro de todos.
Escribe Sánchez Ferlosio que "el escrúpulo de la objetividad es incluso anterior a la honradez: es condición de posibilidad de ésta; quien no lo tenga no puede ni tan siquiera aspirar a ser honrado" Y dicho escrúpulo ha de ser referente de la acción en la educación tutelada por el Estado, que no puede verse asaltado por ningún grupo o ideología particularista, y aún menos por las viejas o nuevas versiones de lo reaccionario.
