El expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino (PP) y los cabecillas de la trama Gürtel como Francisco Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes; o Pablo Crespo serán juzgados por asociación ilícita en el caso de los contratos irregulares en lavisita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha notificado este lunes el auto de apertura de juicio oral por este caso en el que se investigó la adjudicación a las empresas de la trama Gürtel del contrato para las pantallas gigantes y la megafonía de los actos del Pontífice en el V Encuentro Mundial de las Familias.
El contrato, realizado por la Radio Televisión Valenciana, se infló hasta los 7,4 millones de euros, una cifra «desorbitada» para la fiscalía. De esta cantidad, 3,38 millones se destinaronpresuntamente a comisiones ilegales para el director del ente público, Pedro García Gimeno, y para la cúpula de la trama Gürtel de corrupción. Los trabajos fueron adjudicados por la televisión autonómica a la constructora Teconsa, sin experiencia en el sector audiovisual. Desde allí, la instalación de las pantallas se subcontrató con las empresas de la red de Correa.
El magistrado, siguiendo la petición de una de las acusaciones particulares, considera que en el caso existen indicios de que Cotino, García Ferrer y los empresarios de Gürtel constituyeron un grupo cuyo fin era «enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos». Este grupo obtenía sus beneficios «mediante de la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago de la correspondiente comisión», afirma el juez.
El magistrado señala que Cotino actuó «como factótum en la Generalitat y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias», manejando «desde atrás» la toma de decisiones administrativas y contractuales «hasta conseguir que fuera asignada a la RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación».
Por su parte, García Gimeno, afirma el juez, «aguardó» como director de RTVV a que llegara el «negocio» al ente público que dirigía «para armar toda la operativa administrativa ilegal, y adjudicarlo con extraordinarios sobreprecios (y ganancias ilícitas para todos los integrantes del grupo)».
El ministerio público acusa a Cotino de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada, y pide para él 11 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. La pena más alta la reclama contra Pedro García Gimeno, para quien solicita 40 años de prisión.
El fiscal también solicita penas elevadas para los responsables del entramado de empresas de Gürtel, el llamado grupo Correa: Francisco Correa (38 años y 3 meses), Pablo Crespo (37 años y 3 meses), Álvaro Pérez (37 años y 3 meses) y José Ramón Blanco Balín (18 años).
En otro auto el juez se inhibe en favor de los juzgados de Valencia en relación con la pieza abierta recientemente por la que se ampliaba la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias desde su constitución, en enero de 2005 hasta su extinción en marzo de 2014. En línea con la fiscalía, el juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas.
