La jornada del jueves en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos promete estar intensa de cara al dictamen del proyecto…
La jornada del jueves en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos promete estar intensa de cara al dictamen del proyecto 23.928. Este sancionaría la inacción ante casos de delitos sexuales en diversos entornos sociales, entre ellos la Iglesia.
El Frente Amplio, proponente de la iniciativa, la defiende como una política sobre el deber de denuncia y la aplicación de protocolos de investigación.
El texto ya está para votarse pero antes de ello se escuchará la posición de la Conferencia Episcopal. Esta organización adelantó este miércoles algunos de los dardos que lleva contra el trasfondo del proyecto.
“Bajo tan loable fin, se expone un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión, específicamente obligando al sacerdote confesor tanto a revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza; como a su obligación de denunciar de estos delitos aún en el caso de que su única fuente de información sea dentro de sacramento de la confesión”, aducen.
Rezar por las decisiones de los diputados
El reclamo de la Iglesia Católica suma que no es la primera vez que hay una propuesta similar.
“Es un claro intento de algunos legisladores de inmiscuirse en la doctrina y liturgia de la Iglesia irrespetando la sacralidad de ese momento en que el penitente está frente a Dios y su conciencia”, sostienen.
“Esto es reprobable tanto desde el punto de vista de la Iglesia, como desde la doctrina de Derechos Humanos más actualizada. Constituiría un ataque a la Libertad Religiosa en nuestro país”, agregaron.
Los obispos llamaron a los católicos a defender su fe ante el debate de la iniciativa de ley.
“Pedimos a nuestros fieles a unirse a nuestro rechazo a esta iniciativa de Ley. Y como creyentes pedir que el Espíritu Santo ilumine a nuestros legisladores y gobernantes para que cumplan con su cometido de buscar siempre el Bien Común”, afirman.
La propuesta contra los delitos sexuales
La propuesta de ley en cuestión fue presentada por el diputado Antonio Ortega.
Aplicaría no solo para la iglesia sino para otras organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales, así como las personas jurídicas cuyos personeros, ministros religiosos u otras autoridades, cometan un delito sexual punible en perjuicio de persona menor de edad. También se aplicaría si la víctima presenta una condición de discapacidad cognoscitiva o volitiva.
Para el caso de los grupos religiosos, el elemento esencial será que se aproveche la condición clerical o de poder para la preparación de los delitos sexuales. También sancionaría actos de intento, consumación u ocultamiento de los mismos.
De la misma forma, aquellas organizaciones que sean responsables de encubrir estos delitos deberán responder con su patrimonio para el pago de daños y prejuicios.
Otro tema que toca directamente a la Iglesia Católica es que se eximiría del deber de abstención a ministros religiosos, cuando la persona interesada les exima del deber de guardar secreto, tal y como ya ocurre con otras profesiones donde existe ese deber.
