La Corte Suprema de Canadá aceptó este 23 de enero atender un recurso judicial que impugna la controvertida Ley de Laicidad del Estado, una legislación adoptada en la provincia de Quebec, conocida como Ley 21.
La solicitud de autorización para apelar fue concedida sin explicación alguna, como es costumbre de parte del máximo tribunal de Canadá.
La Ley 21 fue aprobada el 16 de junio de 2019 por la Asamblea Nacional durante el primer mandato del gobierno de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Coalición por el Futuro de Quebec.
Entre otras cosas, prohíbe a ciertos funcionarios públicos que ocupan puestos de autoridad, como jueces, policías, guardias de prisiones y maestras de escuela, llevar símbolos religiosos en el ejercicio de sus funciones.
Para blindar esa ley de toda impugnación en los tribunales, los legisladores de la CAQ invocaron la cláusula derogatoria inscrita en la Constitución, que permite que una ley pueda inclusive violar partes de la carta de Derechos y Libertades de Canadá.
La aplicación de esa cláusula derogatoria debe ser renovada cada cinco años. Ya fue renovada en 2024 por el gobierno de Legault.
No obstante, esa polémica ley ha sido impugnada, primero en la Corte Superior de Quebec y luego en la Corte de Apelaciones de Quebec, pero sin lograr resultados favorables para los demandantes.
Como máximo, los dos tribunales dictaminaron que la prohibición de llevar símbolos religiosos no podía aplicarse a los miembros de la Asamblea Nacional.
La Corte Superior de Quebec dio la razón a las juntas escolares de lengua inglesa, que argumentaron que esa ley violaba sus derechos lingüísticos. La Corte de Apelación revocó esta decisión en febrero de 2024.
La Junta Escolar Inglesa de Montreal (EMSB) es una de las partes que han solicitado que la Corte Suprema aborde esta cuestión. El 22 de enero, la EMSB dijo que no hará comentarios sobre el tema hasta que la Corte Suprema emita su decisión.
Varios otras organizaciones e individuos también habían pedido la intervención de la Corte Suprema, entre ellos la Federación Autónoma de la Enseñanza (FAE), una federación de sindicatos de docentes, y la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (ACLC).
La Ley 21 es una flagrante violación de los derechos que afecta injustamente a las personas que expresan su fe a través de lo que llevan puesto. Las personas no deben verse obligadas a elegir entre su religión, su identidad y su profesión. El gobierno no debería tener el poder de imponer sus creencias a los quebequenses, ni dictar a las personas lo que pueden o no pueden llevar puesto.
Una cita de Asociación Canadiense de Libertades Civiles.
La participación de la ACLC llevó al juez de la Corte Suprema Mahmud Jamal a recusarse, ya que era el presidente de esa asociación cuando presentó una impugnación a la Ley de Secularismo de Quebec ante la Corte Superior en junio de 2019. Jamal fue nominado a la Corte Suprema de Canadá en 2021.
El gobierno del primer ministro provincial François Legault se mantiene firme en la defensa de la ley tal como fue redactada hace cinco años y cuenta con el apoyo de grupos como el Movimiento Laico Quebequense(MLQ), una organización laica provincial.
Las partes que impugnan la Ley 21 celebraron la decisión de la Corte Suprema
La Federación Autónoma de la Enseñanza dijo en un comunicado que estaba satisfecha de que la Corte Suprema de Canadá haya decidido escuchar la apelación. El sindicato dijo que apoya las escuelas laicas, pero se opone a la parte de la ley que prohíbe contratar o ascender a maestros que porten símbolos religiosos.
El comisionado de Lenguas Oficiales de Canadá, Raymond Théberge, también se pronunció a favor de la decisión del máximo tribunal, argumentando que afecta el derecho de la minoría anglófona de Quebec a gestionar y controlar sus instalaciones y su sistema de enseñanza.
Me satisface saber que la Corte Suprema de Canadá ha aceptado las solicitudes de admisión de apelación contra la Ley sobre la Laicidad del Estado presentadas por varios partidos. Este proyecto de ley tiene efectos innegables en las escuelas de las minorías en Quebec.
Una cita de Raymond Théberge, comisionado de Lenguas Oficiales de Canadá.
Reaccionando en nombre del gobierno de Quebec este 23 de enero, los ministros provinciales de Justicia, Simon Jolin-Barrette, y de Laicismo, Jean-François Roberge, declararon a través de las redes sociales que la intervención del Gobierno federal ante la Corte Suprema será considerada como un ataque a la autonomía de los Estados federados
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