Contrasentido a la naturaleza laica del Estado

Uno de los logros históricos más trascendentes en la vida y organización del Estado mexicano es el que se identifica como la separación del Estado y las iglesias. El triunfo de este modelo liberal instauró una sociedad libre de dogmas religiosos, cuyo elemento más poderoso se tradujo en el establecimiento de la educación pública laica y libre de toda influencia religiosa, tal como está hoy en día normado por el artículo 3º constitucional.

A pesar de los sucesos trágicos que llevaron a esta conquista y que de ella dependió la instauración del Estado laico y el tránsito de México a la democracia, con todo lo cuestionable que este último pueda ser, en la actualidad hay quienes están a favor de una regresión y actúan en contrasentido a la norma constitucional al querer acabar con el laicismo del Estado.

La referencia es por las declaraciones que hace unos días hizo el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, quien se dijo convencido de que “los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos”, y —a propuesta del arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago— instruyó al secretario de educación de la entidad, Alberto Diosdado, para que revise el tema de incluir la enseñanza de la religión en las escuelas públicas.

Al hacerse eco de la exigencia del arzobispado de León, de incluir a la religión en la educación pública, el gobernador de la entidad está reabriendo peligrosamente una cuestión que ya fue zanjada por la historia a un gran costo político, económico, social, y que además significó la pérdida de muchas vidas ante la insensatez de conservadores y jerarquía eclesiástica que, en la oportunidad, se aferraron a posesiones y poder terrenal.

La justificación de que los padres deben elegir la educación que quieren para sus hijos está mal dirigida, pues el artículo 24 de la Constitución fija que: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.

Sin embargo, lo que el artículo 3° constitucional prevé es simple y directo: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación… I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.

La pretensión de incorporar a la religión en la educación pública, tal como lo declaró el gobernador Oliva Ramírez, es además de un contrasentido histórico, una grave falta al deber que juró el gobernador constitucional del estado de Guanajuato de respetar y hacer respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen y es, a todas luces, un rumbo condenable que no deben tolerar las autoridades y mucho menos el Poder Legislativo, quien tiene el ineludible deber de pronunciarse categóricamente al respecto.

Bajo este contexto, el día de hoy presentaré a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo que constará de tres propuestas: la primera, que la Comisión Permanente reitere la naturaleza laica de la educación pública que imparte el Estado mexicano, consagrada por nuestra Constitución Política, así como la sujeción obligatoria a sus preceptos por parte de todas las autoridades de gobierno en todo ámbito y nivel; la segunda será que se rechace sin rodeos la pretensión manifestada por el gobernador de Guanajuato de revisar la posible inclusión de la religión en la enseñanza pública de la entidad por ser contraria a nuestra carta magna.

Y por si lo anterior no fuera suficiente para hacer desistir al Ejecutivo local del contrasentido al laicismo del Estado que quiere imponer en su entidad, la tercera propuesta es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, para que desista de llevar a cabo cualquier acción, particularmente en el ámbito de la educación pública, que debilite la naturaleza laica del Estado mexicano y le recuerda que al inicio de su mandato él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ésta emanen.

Desconocer la historia de nuestro país no sólo puede generar tropiezos y descalabros, lo más peligroso es que puede implicar estancamiento o, lo que es peor, regresiones al pasado. Los triunfos democráticos no han sido dádivas de nadie y es por ello que hay que defenderlos.


*Senador del PRD

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