¡Contra el hiyab! Por un Estado laico y democrático

La presencia del hiyab o velo islámico en los espacios públicos es un acto de militancia. Obedece a una consigna emanada de una comunidad, la musulmana, radicalmente hostil a cualquier noción de democracia. Najwa, la joven estudiante de Pozuelo ha lanzado un desafío que sume en la confusión y el desconcierto a una Patria a la deriva. El reglamento interno del instituto público de secundaria al que asistía, impide el uso de cualquier tocado para todos sus alumnos, sin excepción. ¿A qué viene tanta polémica?

El relativismo cultural y su canonizado corolario multicultural, prodigados tanto por el conservadurismo liberal como por el izquierdismo, junto al concepto de «aconfesionalidad» que integra el régimen juancarlista, han abonado el terreno para que germine una ofensiva deliberada, encaminada a la imponer la excepcionalidad islámica.

El Partido Nacional Republicano propugna el Estado laico y democrático, presupuesto irrenunciable para conformar un espacio público común para el ejercicio de las obligaciones y los derechos políticos, pero independiente de las siempre respetables creencias religiosas de cada cual.

Un problema de origen: la «aconfesionalidad» del régimen de Juan Carlos I

La constitución del régimen de 1978, declara que ninguna religión tendrá carácter estatal. Sin embargo, el mismo precepto cuela de rondón a la Iglesia Católica al mencionarla de manera expresa: «los poderes públicos tendrá en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás religiones». Se rompe de esta manera con la pretendida laicidad del Estado. Es decir, la «aconfesionalidad» contempla la necesaria cooperación con las confesiones. De manera privilegiada con la Iglesia Católica, que goza de una serie de prerrogativas sancionadas por el Concordato.

Desarrolla esta regulación la Ley Orgánica de Libertad Religiosa –que actualmente está siendo objeto de modificación–, con la introducción del concepto de religiones de «notorio arraigo» (a saber la Iglesia Evangélica, el judaísmo y el islam) con las que los poderes deberán igualmente cooperar. Estas confesiones, al alimón de la Iglesia católica o a su rebufo, aspiran a obtener los mismos privilegios a coste de las finanzas públicas y a penetrar en la educación pública.

El eslabón más débil: la enseñanza pública

No es casual que se esté plantando batalla con la cuestión del velo en el confuso sistema educativo español.

En atención al precepto constitucional de la libre elección de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias morales y religiosas, el sistema educativo se articula en una división entre centros públicos y centros privados –muchos de ellos de inspiración católica–, la mayoría de los cuales están concertados, esto es, financiados con dinero público. Así, musulmanes y niños de otras confesiones acceden a la escolarización en centros concertados –con cargo a los presupuestos públicos– en los que junto a la pizarra cuelga el crucifijo.

Este “derecho de los padres” se traduce también en la presencia en el currículo escolar, tanto público como privado, de las clases de religión impartidas por profesorado designado por las diócesis.

Claman los musulmanes, justamente conforme a los presupuestos del actual régimen, por equipararse con los católicos mediante la formación de un cuerpo profesoral de imanes y ulemas con acceso a los centros públicos y financiados por el erario para atender la demanda de clases de religión islámica de los escolarizados de esta religión.

El caldo de cultivo de un conflicto: la inmigración islámica

Hay un hecho incontestable: tanto los gobiernos de la derecha como de la izquierda, en atención a los intereses del capital, han abierto las puertas a una inmigración masiva e incontrolada, en buena parte de carácter ilegal, entre cuyos contingentes humanos se encuentra una nutrida presencia de musulmanes de origen magrebí, subsahariano y, en menor medida, asiático.

Según un estudio encargado por los ministerios de Interior, Justicia y Trabajo e Inmigración, el 16% de la población inmigrante (767.000 personas) es musulmana. La unión de comunidades islámicas de España (UCIDE) afirma que en España hay 1.130.000 mahometanos que representan el 2,5% de la población española, entre los cuales, habría que incluir a los 33.000 conversos españoles.

El hiyab, táctica de la yihad islámica

El significado de la yihad islámica, aparte de las connotaciones belicosas y violentas que se quieran traer a relucir, literalmente es «esfuerzo». Es la acción de proselitismo que se debe realizar tanto en la “casa del islam”, como fuera, en las naciones infieles. En todo musulmán practicante hay un predicador de la fe presto a blandir la “espada del islam”. El activismo islamita plantea su lucha religiosa en cualquier ocasión: la introducción del velo en los espacios públicos es la cabeza de playa a la que sigue el desembarco de imanes y mulás de barrio vindicando la aplicación de la ley islámica (la sharia) frente a la ley común.

Está al margen de las tareas del Partido Nacional Republicano el cuestionar los dogmas de una verdad revelada. Pero hay una serie de características políticas del islam que nos permiten afirmar su incompatibilidad con la democracia.

Pese a la inexistencia en el islam de un cuerpo clerical jerarquizado, no ha experimentado un proceso de separación Iglesia-Estado como el acontecido en Europa. Los intentos de secularización acometidos por distintos regímenes desde la pasada centuria, se han estrellado una y otra vez contra un mundo, el islámico, que no ha superado la distinción entre lo temporal y atemporal, lo político y lo religioso. El islam impone una cosmovisión omnicomprensiva de todos los aspectos de la vida, socio-políticos y económicos. No se limita una práctica privada e intimista de la fe.

Asimismo, el concepto de ciudadano, pilar de la democracia, resulta extraño a una visión que sólo se desenvuelve en la contraposición entre la umma, la comunidad de creyentes, y los infieles.

La elemental igualdad de la mujer con el hombre, aparentemente declarada por el Corán, es pisoteada en la práctica allí donde se practica con rigor el islam.

Un falso debate

El caso de Najwa ha desatado un debate polarizado entre dos corrientes del liberalismo: la liberal progresista que aspira a pastorear a las masas con su escala de valores contraculturales y anticlericales, y la derecha a la page, que pretende lo propio sobre los resabios del nacional-catolicismo.

Los apologetas de la “alianza de civilizaciones” han desplegado la defensa del velo en nombre del derecho a la escolarización de todos, dulcificando el asunto con tintes identitarios, como un “derecho a la diferencia”, expresión de la diversidad cultural e incluso con argumentaciones libertario-feministas del derecho de la mujer a vestir como desee.

En el campo de la derecha se ha producido una quiebra: el ala católica penetrada por la ortodoxia liberal ha identificado la prohibición del velo como un ataque más a la libertad religiosa del individuo, y por extensión al catolicismo, dentro del asalto nihilista desencadenado por la progresía. Así, mientras aplaude las invasiones yanqui-sionistas en nombre de la libertad y la democratización de países islámicos atrasados, aquí, entre nosotros, defiende ardorosamente la instalación retrógada del islam. Por el contrario, el ala liberal radical considera al islam y sus velos incompatibles con cualquier manifestación de libertad, una amenaza en definitiva al pluralismo de las “sociedades abiertas”. Este discurso, de ser consecuente, toparía al final con la insoportable presencia de la intervención estatal, ya que en la teoría liberal el Estado no debe ser más que una instancia neutral, una organización arbitral entre las organizaciones de signo religioso.

El posicionamiento de la Conferencia Episcopal respecto a la controversia del hiyab ha destacado por su oportunismo: la Iglesia ha hecho causa común en la defensa de un símbolo religioso de otra confesión, con la finalidad de que el crucifijo retorne a las aulas. La Iglesia Católica española deviene ahora en aliado del islam. Añade este despropósito a una larga colección que incluye el apoyo declarado al clero separatista de Vascongadas y Cataluña. Así como su oficio en la coreografía de boato y palios de las ceremonias de la nonarquía antinacional de Juan Carlos I.

Estado democrático, necesariamente laico

El PNR preconiza la constitución de España en República democrática, o lo que es lo mismo, en Nación política. Condición indispensable de cualquier proyecto nacional-democrático viable es su carácter laico. La España de futuro por la que luchamos exige el despliegue axiológico de una ética cívica y patriótica potente que ha de situarse por encima de cualquier particularismo, incluido el religioso. La República Nacional no se identifica con la preeminencia o erradicación sectaria de religión alguna, ni atiende a la confesión mayoritaria de su población. La laicidad del Estado implica en relación al hecho religioso una esfera de autonomía para el espacio de lo público, lo cual no supone neutralidad amoral ni beligerancia antirreligiosa. Esta determinación habilita un lugar común para el ejercicio de la igualdad y libertad ciudadana de los españoles, preservado de asechanzas teocráticas.

La nueva República española garantizará la libertad religiosa y de culto, sin más límite que el orden público. Sin embargo, no permitirá los símbolos religiosos en sus dependencias ni actos. Esta medida incluye las aulas de los centros de enseñanza pública que deben ser una encarnación majestuosa de la res pública.

La enseñanza será pública y laica. Irradiará valores patrióticos y cívicos. Como reza el programa-manifiesto del PNR, en ningún caso «invadirá esferas reservadas a la moral privada», tal y como ocurre con los contenidos de la “Educación para la Ciudadanía”. La catequesis religiosa podrá impartirse en las respectivas dependencias eclesiales.

La República Nacional denunciará todos los concordatos ratificados con la Santa Sede y derogará todos los convenios establecidos con diversas confesiones. Estas deberán someterse al derecho común.

Igualmente, retirará a todas las confesiones exenciones fiscales, subvenciones y financiación pública dedicada al mantenimiento de sus respectivos cultos. El sostenimiento de las confesiones debe ser sufragado por sus correligionarios.

El PNR considera un obstáculo para la construcción nacional de España la proliferación del islam en nuestro solar. Conforme a nuestro programa, «se evitará que las religiones contrarias a nuestra cultura política democrática, cual es el caso del islam, adquieran arraigo masivo en nuestra Patria».

Sin embargo, la República Española no tendrá ningún reparo en mantener relaciones diplomáticas y celebrar acuerdos comerciales con estados musulmanes, incluso si se trata de repúblicas islámicas dirigidas por ayatolás. Y se opondrá a toda agresión del imperialismo occidental depredadador contra estos países bajo el pretexto de “la libertad” o los “derechos humanos”.

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