Ayer sábado en el salón de la Biblioteca Provincial, D. Antonio Manuel Rodríguez, Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y miembro de la Plataforma por La Mezquita Pública, impartió una conferencia sobre la inmatriculación de la misma por parte de la Iglesia, así como de multitud de inmuebles en el conjunto del Estado. La conferencia estaba organizada por Jaén Ciudad Laica y el Círculo de Filosofía Política de Podemos de Jaén.
Comenzó destacando que no se trata de una cuestión religiosa, sino jurídica y política. Detalló cómo estas inmatriculaciones se descubrieron primero en núcleos rurales de Navarra, donde sus habitantes se alarmaron al comprobar que multitud de iglesias y bienes comunales, que hasta el momento habían sido de dominio público aparecían inscritos a nombre de la Iglesia. En ningún caso se trataba de un enfrentamiento por creencias, sino de la defensa por parte de esos municipios de sus bienes ancestrales, dada la irregularidad de su apropiación por parte de la jerarquía eclesiástica.
Aunque con algunos antecedentes, este proceso se produce masivamente a partir de una pequeña y aparentemente inofensiva modificación realizada en un reglamento que Aznar realizó en 1998 y que permitió inscribir en el registro como privados, lugares de culto que hasta entonces no se podían inscribir por considerarse públicos.
Y para inscribirlos se resucitaron unos artículos en desuso de la Ley Hipotecaria previa a la Constitución, que permitían a los obispos actuar como notarios. Así, los obispos se autocertifican la propiedad de los bienes hasta entonces no inscritos por considerarse públicos y los registran a nombre de la Iglesia, apropiándose así de templos, ermitas, predios y fincas rústicas, calles y plazas, todo con la más absoluta discreción, dado que tanto el gobierno central como el autonómico se han negado a publicar el listado de bienes inscritos por la Iglesia a su nombre.
En el coloquio final se resaltó la necesidad de que se investigue en nuestra provincia qué bienes públicos han sido inmatriculados por la Iglesia para lo que se hace necesaria la colaboración de las instancias municipales.
