Por primera vez en 29 años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no emitir un dictamen sobre el anteproyecto de “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, propuesto por el Gobierno. Pese a que dicho dictamen, favorable o no, hubiera sido de carácter meramente consultivo; las organizaciones y partidos contrarios a la llamada ley del aborto, han pedido que el anteproyecto sea retirado.
29 años… ¡eso es mucho tiempo! En casi tres décadas, el CPGJ siempre había emitido un dictamen sobre los anteproyectos de ley en los que se había requerido su informe. Siempre… hasta el jueves pasado. Inmediatamente una se pregunta qué tendrá el anteproyecto de ley del aborto que lo haga tan especial. Evidentemente, es un tema controvertido, pero en 29 años, no será el primero que se encuentran. Debe de haber otras razones más contundentes.
En mi opinión, la actitud del CPGJ en este caso, se debe principalmente a que se han supeditado las valoraciones judiciales a las valoraciones morales. Los jueces, han dejado que su ideología, religión o sensibilidad ante el aborto, condujeran al Consejo a un callejón sin salida. Dicha situación queda claramente reflejada en las declaraciones de la portavoz del CPGJ: "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas".
No creo que sea el papel de los jueces, ni de nadie, emitir veredictos sobre la moral. Evidentemente, es legítimo tanto estar a favor como en contra del aborto, pero a mi entender, un juez debería limitarse a determinar si el anteproyecto cumple los requisitos legales que debe cumplir cualquier ley. De la misma forma que nos parecería reprobable que un juez dictara una sentencia basándose en sus opciones morales o religiosas, y no en la legislación vigente.
Hay otra razón por la que considero que el CPGJ no se ha pronunciado, una razón que creo que subyace también en la enérgica oposición de algunos sectores políticos y civiles a la futura ley. La razón es que dicha ley aumentará los derechos de las mujeres, puesto que seremos nosotras las que en última instancia tendremos el derecho de decidir. Lamentablemente, vivimos en una sociedad en la que la ampliación de derechos, se vive como un agravio. Ya lo pudimos comprobar cuando miles de personas salieron a la calle para manifestarse contra la ley de matrimonios homosexuales.
La sociedad española católica y patriarcal sale en defensa, otra vez, de la “moral universal” a la que consideran que todos deberíamos someternos, pues es la única verdadera, claro. La moral que no permite que 2 personas que se quieren puedan casarse, la moral que castiga la libertad de elección, la moral que relega a las mujeres. A ver si los moralistas de este país se dan cuenta de una vez de que no existe UNA moral, a ver si se dan cuenta de que vivimos en un país LIBRE en el que uno puede pensar lo que quiera, sentir libremente, rezar a cualquier dios, o no rezar, y amar sin dar explicaciones.
Yo estoy a favor del aborto, e incluso me atrevería a decir que en ciertos aspectos haría una ley más ambiciosa que la que propone el Gobierno. No soy una mala persona, ni una asesina de niños, ni una desalmada; simplemente soy alguien que está a favor de la libertad, y que en mi condición de mujer, considero que la aprobación de esta ley sería un paso más en nuestro camino hacia la igualdad de derechos. Un camino, del que queda mucho por recorrer.
Clara Bosch es Licenciada en Ciencias Políticas
