El 4 de Febrero de 2015, las organizaciones políticas y sindicales, CGT, CHA, IU, MHUEL y STEA-i presentamos a la Consejería de Educación cuatro iniciativas: dos recursos contra sendos actos de la administración y dos solicitudes. Esta Consejería se ha posicionado ideológicamente a favor de la enseñanza concertada y eso hace que todas sus decisiones tengan siempre el mismo sesgo: cuando se trata de atender las necesidades educativas de un barrio, se retrasa la construcción de los centros públicos para crear espacio de negocio y concertar con los privados, cuando se aborda el proceso de admisión, se reduce la oferta educativa en los centros públicos a la vez que se mantienen conciertos, cuando se aborda la adscripción se crea un caos en la enseñanza pública que contrasta con la continuidad en los centros que se ofrece a las familias desde la privada concertada. Todo ello sin nombrar la reducción de profesores y de fondos que afectan especialmente a la escuela pública. Incluso, en la formación permanente de profesorado aparece un trato de favor.
Las organizaciones aquí representadas compartimos criterios opuestos a los de la Consejería. De ahí nuestras iniciativas.
Recurso de reposición contra la Orden de conciertos educativos. Son diez las razones técnicas y legales que aducimos de entre las que destacamos la vulneración del principio de discriminación (articulo 84.3 de ley orgánica de educación 2006).
La gestión que la casi totalidad de empresas religiosas, al abrigo de una ley que se lo permite, están haciendo en los procesos de selección de alumnado, esta llevando a la escuela pública a asumir en solitario el compromiso social de la educación porque casi el 90 % del alumnado social o académicamente desfavorecido lo asume la escuela pública, La red concertada no complementa la red pública, va contra la red pública en casi todos los casos. Por ello lucharemos en todos los frentes posibles contra este modelo antisocial en el que España y Aragón van a la cabeza de Europa.
Creemos firmemente que la Escuela Pública es la única red capaz de garantizar una enseñanza de calidad a toda la ciudadanía con independencia de su origen, creencias o estrato social. Se rige exclusivamente por criterios de equidad para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas. Es la base para impulsar un modelo de ciudadanía participativa y responsable en una sociedad cada vez más compleja. Por eso las todos los países europeos, salvo Bélgica y España, apuestan por lo público como único referente en la mayoría de los países. Pero en Aragón los presupuestos recortan año tras año los recursos de la educación pública, obligando así a cerrar aulas y centros y precarizando el sistema en general, mientras se aumenta la dotación destinada a la concertada, lo que permite un incremento del número de aulas y centros concertados.
El segundo recurso denuncia el trato diferenciado, discrecional y discriminatorio con el que desde la Consejería se trata a la Federación Española de Religiosos de la Educación de Aragón (FERE). La cuestión se sustancia en dos hechos: En primer lugar, mientras todos los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro e instituciones públicas son convocadas a la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de formación permanente del profesorado no universitario mediante una resolución pública, la citada entidad soslaya dicha convocatoria pública por medio de un convenio de colaboración suscrito previamente con el Departamento de Educación. En segundo lugar, dado que el departamento proporciona un marco de competencias docentes y líneas prioritarias a las que deben ajustarse las acciones propuestas, se supone que este marco ha de aplicarse a todas y por igual. Ni es a todas ni por igual, sino desigual y discriminatoria. A modo de ejemplo, no se reconoce como actividad de formación del profesorado la “GESTIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA NO VIOLENCIA”, organizada por la Fundación Seminario Investigación para la Paz, alegando que no se ajusta a líneas prioritarias y su aplicabilidad en el aula, cuando una de las líneas prioritarias del Departamento, establecida en la Resolución de 4 de Septiembre es: “Competencia en gestión de la convivencia: Promoción de la convivencia, mediación y resolución de conflictos, control de la convivencia“. En contraste, con lo anterior se reconoce oficialmente efectos de méritos de formación para los participantes UNA JORNADA DE PASTORAL Y UN CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS, que no encajan en absoluto en ninguna de las competencias y líneas establecidas.
Primera solicitud a la Consejera de Educación para que ante la inminente publicación de la orden de admisión de alumnos en los centros de infantil y primaria
Se detenga la tendencia a reducir el número de aulas casi exclusivamente en centros públicos salvando del descenso de alumnado el número de aulas concertadas.
Se revisen las ratios de los centros privados concertados y se supriman los conciertos de aquellas unidades que no cumplen las ratios establecidas, tal como ya denunciamos el curso pasado con centros de Zuera que finalmente la administración tuvo que reconocer.
Que se tenga en cuenta las Sugerencias del Justicia de Aragón, del Consejo Escolar de Aragón y finalmente la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Aragón en la que todos coinciden en la gravedad que esta teniendo el elevado número de alumnado social o académicamente desfavorecido en numerosos centros públicos. Finalmente el Departamento de educación en vez de afrontar la gravedad del problema denunciado, ha optado por recurrir la sentencia del TSJA.
Segunda solicitud a la Directora del Servicio Provincial de Zaragoza en relación con la información que el 9 de Enero la Administración educativa mostró a la Comisión de Garantías de Secundaria exponiendo los planes de nuevas reglas de adscripción de los alumnos de centros de primaria a los centros de Secundaria (Institutos).
En este nuevo planteamiento no se ha tenido en cuenta las opiniones de la comunidad educativa, hay desajustes por nuevas adscripciones a institutos ya saturados, hay desajustes en las líneas de bilingüismo y con frecuencia se intenta eludir las necesidad de construcción de algunos nuevos institutos, como ya se ha puesto de manifiesto con movilizaciones recientes en el barrio de La Jota.
En la práctica, se está ralentizando la construcción de nuevos centros educativos a la vez que se favorece la construcción de privados concertados, como en Cuarte o en Zaragoza-Sur. O se construyen centros pequeños en relación con las necesidades del entorno como el caso de Valdespartera 2, obligando a muchas familias a salir de su entorno y a aumentar el número de vías generando problemas de infraestructuras y, a futuro, con la admisión de hermanos. Es necesario acelerar la construcción de estos centros públicos.
Pedimos a la Consejería que modifique el proceso de admisión. Que haga caso a las recomendaciones que le hizo el Justicia de Aragón en respuesta a nuestras reclamaciones. Que atienda y cumpla las sentencias de los jueces a demandas del Colegio Pío XII de Huesca. Que atienda la llamada de auxilio que le han hecho desde el colegio Fernando el Católico de Zaragoza, y las necesidades de tantos otros centros en desventaja.
Pedimos a la Consejería que no se obligue a familias que querían un centro público a ir a uno religioso y concertado o desplazarse a 15km para escolarizar a sus hijos, como ha ocurrido en Jaca, a la vez que se mantienen unidades concertadas que no cumplen la ratio mínima requerida.
La falta de planificación, sumada al desorden ocasionado por el bilingüismo, ha llevado a un proceso de adscripción en el que se impide la continuidad de los estudios en el barrio, llevando a los niños a centros fuera de su entorno, lo que de modo indirecto favorece a la enseñanza privada concertada, en donde tienen la seguridad de seguir desde infantil hasta bachillerato, algo muy valorado por las familias.
En resumen, queremos que no se desatienda, que no se relegue la enseñanza pública.
