La campaña en los autobuses urbanos de distintas ciudades españolas con el lema “PROBABLEMENTE DIOS NO EXISTE. DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA LA VIDA” tiene por objetivo poner de manifiesto la existencia en nuestra sociedad de un numeroso colectivo de ciudadanos ateos y no creyentes en general, y reivindicar para ellos los mismos derechos civiles que disfrutan el resto de los ciudadanos. Asimismo aspira a que esta realidad empiece a ser tenida en consideración para la organización social y política de nuestro país.
Las entidades promotoras de la campaña consideran que el derecho a la libertad de ideología, de religión y de culto de todos los ciudadanos, con independencia del caràcter religioso o no religioso de sus convicciones personales, debe ser garantizado por los poderes públicos de acuerdo con lo expresado en la Constitución española. De igual modo consideran que, como es propio y constitutivo de todo Estado libre y democrático, debe ser garantizada la libertad de expresión y, en concreto, el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. La libre manifestación de la opción religiosa o no religiosa de los ciudadanos en el espacio público es un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser restringido por ningún tipo de censura previa.
La nota hecha pública por los obispos españoles afirmando que la campaña ofende las convicciones religiosas de muchos ciudadanos parte del supuesto, absolutamente ilegítimo, de que las creencias religiosas son verdades objetivas que no pueden ser cuestionadas y que, por dicho motivo, deben ser acogidas de forma acrítica por el conjunto de la sociedad civil.
Esta pretensión parte una concepción premoderna de la sociedad que niega la autonomía del individuo y que se opone a la libertad de conciencia de los ciudadanos, lo que constituye una falta de respeto que ofende gravemente a todos aquellos que carecen de convicciones religiosas y que difunden de forma pacífica y respetuosa sus opiniones y su modelo de convivencia en la sociedad. La creencia religiosa, aun siendo merecedora de respeto en lo personal, hunde sus raíces en el ámbito de la especulación, y por su propia naturaleza carece de derecho a arrogarse pretensiones de veracidad absoluta.
Asimismo, resulta extraodinario que aquellos que utilizan el espacio público de forma sistemática para lanzar sus proclamas religiosas y políticas puedan sentirse ofendidos porque otros ciudadanos, en el ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de conciencia, expresen sus propias convicciones de forma clara, pero respetuosa con todos los ciudadanos y con sus derechos. En una sociedad democrática la única idea verdaderamente blasfema es aquella que trata de limitar los derechos ciudadanos para impedir cualquier posible crítica contra privilegios heredados que contravienen la esencia misma del Estado democrático.
Sin embargo, somos conscientes de que esta sociedad es plural, y de que en ella conviven personas con creencias religiosas diversas junto con otras que poseen convicciones de carácter no religioso. Por ello, y sin renunciar al ejercicio de nuestros derechos fundamentales, invitamos a buscar caminos de respeto mútuo y de colaboración, en lugar de apostar por la crispación y el enfrentamiento. Entre todos tenemos la responsabilidad de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde tengan cabida todos los ciudadanos al margen de sus creencias y convicciones particulares. Esperamos que este deseo sea compartido por todos los agentes sociales al margen de sus posibles diferencias.
