Mulet pregunta en el Senado dónde se regula la presencia de agentes, soldados y armas en los actos de tipo confesional
Compromís ha reclamado que se aparte de las procesiones religiosas a policías, militares y otros cuerpos de seguridad y ha registrado una pregunta en el Senado para conocer dónde están reguladas las responsabilidades y presencia de estas fuerzas de seguridad en este tipo de actos.
Según un comunicado, la formación se ha interesado por el encaje de su participación, con toda la simbología militar, vestimenta y armas, en procesiones religiosas y exhibiciones «formando parte de ellas».
Para el senador de Compromís Carles Mulet una cosa bien distinta es su presencia a lo largo del recorrido de la procesión religiosa «dentro de sus funciones de seguridad pública», como prevé la legislación, y otra «su integración entre los principales actores de estas procesiones formando parte de la exhibición».
A su juicio, así debería ser dentro de la actual normativa, jurisprudencia y aconfesionalidad del Estado a pesar del vacío legal existente.
La Constitución Española de 1978 reconoce la libertad religiosa, garantizándola tanto a los individuos como a las comunidades, «sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (art. 16.1 CE)».
En su dimensión objetiva, según el comunicado, la libertad religiosa comporta una doble exigencia: de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado y, segundo, las relaciones de cooperación con las diversas religiones.
En este sentido, en la sentencia 46/2001, de 15 de febrero ordena a los poderes públicos mantener «las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales».
La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, «en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso».
Como ejemplo, Compromís ha citado que en las pasadas fiestas de Semana Santa, la Banda de Guerra del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión desfiló por las calles de Antequera.
Su actuación, ha recordado, fue «muy sonada porque uno de sus integrantes parecía haber ingerido alguna sustancia que le dificultaba el equilibrio, mientras que hacía señales para acallar al público que le increpaba la poca vergüenza de desfilar en estas condiciones».
El comunicado indica que antes del inicio del desfile se habrían consumido cantidades de alcohol y uno de sus integrantes habría dado positivo en un test de drogas, según publicaba la prensa andaluza.
Igualmente, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona desfiló en manifestación por las localidades catalanas de l’Hospitalet de Llobregat y Palafolls a pesar de las críticas.
Según Compromís, en estos actos «se mezcla el carácter pseudomilitar, gritos a la unidad de España y la religión, en un ejercicio que se mueve entre lo provocador y lo rancio» e incluso en alguna ocasión alguno de los legionarios ha lucido simbología neonazi.
Para Mulet, «la presencia de agentes en los pueblos y capitales debe garantizarse en la lucha contra la criminalidad, en la vigilancia de bienes culturales de especial valor que puedan participar en una procesión u otras reconocidas en las leyes, pero es necesario ejercer la neutralidad del Estado y que sea para el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».
