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¿Cómo se separa por sexo sin discriminar?

El Supremo cuestiona las subvenciones a los centros separados La Unesco protege su existencia, no su derecho al concierto

Para muchos puede resultar sorprendente el debate de si las escuelas que no admiten a chicos o a chicas discriminan o no, pues la primera acepción de discriminar en el diccionario es: “Seleccionar excluyendo”. Pero hay numerosas personas que, sin embargo, defienden que este tipo de educación es mejor y no discrimina, esta vez, en su segunda acepción: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera”. Se apoyan en una convención de la Unesco de 1960, firmada por España, que dice que esas escuelas son aceptables si ofrecen una enseñanza equivalente para unas y para otros.

Pero el Tribunal Supremo de España acaba de establecer en dos sentencias que sí discriminan, lo que reabre con fuerza un debate tan viejo como la escuela, en el que se enredan la ley, los derechos, la religión, los estereotipos sociales y las discusiones científicas (o seudocientíficas), para dirimir no solo el hecho de que reciban dinero público, sino la propia existencia de los centros separados. En España hay unos 150 colegios de este tipo (el 0,5% del total), de los que unos 70 están concertados. La mayoría están vinculados al Opus Dei.

Marina Subirats, exdirectora del Instituto de la Mujer y exmiembro del Consejo Escolar del Estado, explica que las escuelas separadas nacieron de la idea de que los hombres y las mujeres tienen funciones diferentes en la sociedad. De hecho, las primeras leyes españolas, cuenta, asumían que la extensión de la educación era para los chicos, pues las chicas tenían sus pequeños apartados al final del texto, “y normalmente asociados a rezos y labores”. Con el inicio del siglo XX, influidos por corrientes europeas, empezó a ganar fuerza la coeducación (que ellas pudieran entrar en los centros de ellos para recibir la misma enseñanza), una idea que culminó en la Segunda República, que apostó por ello en la ley para la escuela pública. Pero, tras la Guerra Civil, el régimen de Franco la prohibió, y la coeducación no volvió a las aulas españolas (más allá de casos puntuales) hasta la ley de 1970.

Un año antes, España había ratificado el convenio de la Unesco contra las discriminaciones en la educación que, redactado en 1960, dice: no se considerará discriminatorias las escuelas que separan por sexo, siempre que “ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes”. Eso sí, al comienzo del texto se indica que no se considerarán discriminatorias estas formas de enseñanza separada, “en el caso de que el Estado las admita”.

¿Por qué se incluyó esa cláusula? “Las escuelas que separan a los alumnos por sexo están demasiado generalizadas como para que la convención pueda afirmar que, a nivel internacional, equivalen a una forma prohibida de discriminación”, escribía en 1963 el especialista Pierre Juvigny en un texto editado por la Unesco. El investigador del Instituto Max Planck Klaus Dieter le cita en su libro de 2005 La protección del derecho a la educación en la legislación internacional. En él señala además que fueron los países con una fuerte separación entre Iglesia y Estado los que presionaron hasta introducir la coletilla con la que arranca ese artículo 2 de la convención de 1960: “En el caso de que el Estado las admita”, que “no garantiza por sí mismo el derecho a acceder” a la educación separada, y deja abierta la posibilidad de que los Gobiernos las prohíban, escribe Dieter. Y, tras añadir que “la legalidad de escuelas separadas siempre ha sido un tema bastante delicado”, recuerda, como hacía recientemente un lector de este diario, que el argumento de las escuelas para blancos y para negros en el Sur de EE UU era: “Separados, pero iguales”, es decir, que recibían una educación y atención equivalente aunque fuera en distintos colegios; el Supremo de EE UU tiró abajo esta doctrina en 1954.

“Cuando los chicos y las chicas van a colegios distintos, nadie asume que un sexo es superior y el otro inferior, un mensaje que sí estaba implícito en aquellas escuelas separadas por raza”, matiza el experto en legislación sobre derechos humanos del Kings College de Londres Robert Wintemute. Y añade sobre por qué existe esa matización en la convención de 1960: “Además, algunos padres creen que las escuelas para un solo sexo ofrecen mejor atención tanto a chicos como a chicas (ninguno de los dos se distrae por la presencia del otro)”. Wintemute señala que en la legislación europea no hay ninguna referencia directa a este tipo de escuelas. En Reino Unido, por ejemplo, sí se añade la excepción de estos centros en la legislación contra las discriminaciones por sexo.

“No existe ninguna argumentación eterna para tratarles de forma diferente. Las visiones, por supuesto, pueden cambiar”, asegura Martin Scheinin, profesor de Derecho Público Internacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia, sobre los 50 años transcurridos desde la aprobación de la convención de la Unesco.

Pero, de momento, no ha cambiado. Y lo que cuestiona el Supremo español no es la legalidad de esos centros, sino que reciban dinero público porque discriminan. Pero, aparte de que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, planea cambiar la ley si hace falta para que estos centros sigan recibiendo subvenciones, la cuestión de fondo es que, si discriminan, deberían es estar prohibidos, señala Joaquín Chávarri, abogado del área de enseñanza de UGT.

Así, dándole la vuelta a la idea, los que critican las sentencias dicen que es incongruente decir que discriminan, pero son legales. O una cosa o la otra, y si es una opción legítima debe estar subvencionada, ha argumentado Wert. Lo mismo defiende el director general de Fomento de Centros de Enseñanza, patronal vinculada al Opus Dei a la que pertenecen la mayoría de los centros separados en España. Aludiendo además al texto de la Unesco, dice: “Ese tratado fue ratificado por España en los años noventa (…) Estos tratados tienen el mismo rango que la Constitución”.

A la Constitución se han agarrado los defensores de la escuela separada por sexos, entre ellos el PP. En concreto, al artículo en el que se establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban “la formación religiosa y moral” deseada. También se agarraron a este derecho constitucional los defensores de la objeción a Educación para la Ciudadanía. Pero el Supremo, tanto en el caso de la segregación como en el de la polémica asignatura, ha rechazado que la libertad de elección se vea afectada.

El PP ha cambiado Educación para la Ciudadanía y la eliminará de primaria. También está dispuesto a modificar la ley para proteger las subvenciones a los concertados que separan. El anterior Ejecutivo del PSOE quiso prohibirlas en una ley de Igualdad que no pudo llegar a tramitar el año pasado. Aún antes, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la actual ley educativa (LOE). El Gobierno logró, sin mayoría absoluta, pactar un texto que se aprobó en 2006 con el único voto en contra de los diputados del PP.

Esto les obligó a hacer encaje de bolillos en puntos como el de los colegios separados. Así, entre los criterios de admisión de alumnos que debían cumplir los centros públicos y concertados se incluyó la no discriminación por sexo. Lo que se hizo fue llevar a la LOE, palabra por palabra, el artículo 14 de la Constitución sobre la discriminación.

Los defensores de este tipo de educación estaban tranquilos porque, según la Unesco, ellos no discriminan, aunque ahora resulta que sí lo hacen, según el Supremo. “Siempre pensé que daba más garantías jurídicas a las autonomías que no quisieran concertar a esos colegios el artículo adicional de la ley que da preferencia en lo conciertos a los centros que ofrezcan coeducación”, dice Alejandro Tiana, secretario general de Educación en 2006. En todo caso, tanto Tiana como Joaquín Chávarri, el abogado de UGT, defienden el derecho del Estado a impulsar con sus fondos el tipo de educación que consideran mejor, en este caso, la coeducación.

El modelo mixto se ha ido haciendo fuerte en España desde que se le abrió la puerta en la ley de 1970. Desde aquel momento, la educación diferenciada ha ido disminuyendo hasta convertirse en una opción minoritaria alojada en el ala más conservadora de la Iglesia católica. La mayoría de órdenes religiosas con presencia en la enseñanza apostaron hace años ya por la coeducación.

Un ejemplo es la Compañía de Jesús, que comenzó a admitir alumnas en sus colegios a finales de los setenta. Los Jesuitas tienen 69 centros repartidos por el país, todos concertados y todos mixtos. Fernando de la Puente, responsable de formación de docentes, dice “respetar” el modelo de enseñanza diferenciada, pero cree que la convivencia entre chicos y chicas en el aula “enriquece” la “formación integral” de las personas: “Es más enriquecedor para la formación humana y cristiana”.

El balance que hace de este cambio es positivo, aunque reconoce que existen dos velocidades de maduración. “Cuando tienen entre 9 y 13 años las alumnas maduran antes”, señala de la Puente. Pero insiste: “Estamos contentos”. “Además, conseguimos que las familias puedan tener a todos sus hijos en el mismo centro”, añade.

El letrado Joaquín Chávarri hace otra lectura de la adaptación de la enseñanza religiosa en España al modelo mixto: “Se trató de una mera cuestión de demanda. Como iban perdiendo alumnos, si no se hubieran convertido en mixtos, hubieran tenido que cerrar aulas”. Joan Curcó, de Fomento, cree, además, que muchos temieron que si no se adaptaban a la coeducación “podrían tener dificultades para mantener las subvenciones, que luego se convirtieron en conciertos”.

Curcó insiste en la defensa de la educación separada: “Es un modelo que funciona bien, los padres lo piden y está admitido en países con tradición democrática como Inglaterra o Estados Unidos”. Precisamente en este último país ha vivido un renacer en la última década al albur de teorías y estudios que aseguran que las diferencias cognitivas entre sexos hacen que aprendan más y mejor por separado si se tienen en cuenta esas disparidades. Por ejemplo, que las chicas son más precoces con el habla y la escritura, mientras que los chicos tienen más facilidad para el pensamiento lógico matemático y abstracto, ha explicado en numerosas ocasiones la profesora de la Carlos III, de Madrid, María Calvo Charro.

En EE UU hay más de 500 colegios públicos separados en 40 Estados; en los noventa eran menos de 10. En la mayoría de ellas niños y niños van al mismo colegio aunque estudien en clases separadas todas o buena parte de las asignaturas. En España hay algún ejemplo similar, como el colegio Monte Tabor, en Madrid. En este caso, al admitir tanto a chicos como chicas no está claro cómo les afectaría la doctrina del Supremo, aunque el abogado Joaquín Chávarri cree que están dentro del mismo saco: “Estamos hablando de la enseñanza reglada, no de que estén en el mismo edificio o cerca”.

Hace un año, todo el movimiento de la educación diferenciada sufrió un duro varapalo con la publicación en Science de un artículo que decía —como ya habían hecho otros trabajos de la OCDE, por ejemplo— que los estudios sobre las mejoras académicas de la educación separada no son sólidos, que las diferencias cerebrales entre sexos no justifican ese tipo de escuelas y que lo único que consiguen es aumentar el sexismo y alimentar los estereotipos. La seudociencia de la escolarización por sexos, se titula el trabajo.

“La coeducación ha demostrado que funciona y separar siempre es negativo”, dice Marina Subirats, quien recuerda que una de las funciones principales de la escuela es la socialización. Asegura, además, que esta que se ha abierto con las sentencias del Supremo es solo “una batalla pequeñita, en la que están midiendo sus fuerzas y sus posibilidades” de una ofensiva ultracatólica a favor de estos centros. El papa Pío XI aseguró en 1930: “La escuela mixta promueve la promiscuidad y la igualdad”.

Sin embargo, Joan Curcó, como la mayoría de los responsables de los centros que separan por sexo en España, rechaza que la elección del modelo separado de educación responda a la aplicación de valores morales o religiosos: “Es una opción pedagógica legítima”. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de ellos están vinculados a movimientos católicos conservadores.

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