Mientras algunos componentes de diferentes partidos políticos de Colombia piensan que las congregaciones religiosas no deben pagar impuestos, otros le apuestan al sí de los tributos por parte de las iglesias en todo el territorio nacional.
Según las cifras consolidadas dadas a conocer recientemente por la Dian, nos indican que en Colombia existen 8.000 iglesias que cuentan con un patrimonio de 14,4 billones de pesos e ingresos por $5,4 billones; estas cifras se han constituido en el punto de partida que fácilmente puede aclarar la duda respecto a que si deben o no pagar impuestos las iglesias en nuestro país del Sagrado Corazón de Jesús.
Para muchos colombianos, el hecho de que las iglesias católicas y otras más de las llamadas cristianas no paguen impuestos se constituye en una muy cómoda preferencia en cuanto al aspecto tributario, el que ha venido prevaleciendo per sécula seculórum, mientras se conocen cifras como las anteriormente mencionadas, las cuales no dejan de inquietar a los colombianos y colombianas especializados en hacer cuentas en su libreta de apuntes.
Indudablemente, una de las permanentes inquietudes de algunos –no todos– expertos en economía, específicamente en el tópico de los impuestos en Colombia, es la poca o nula carga tributaria que deben enfrentar las iglesias en el país.
Actualmente las iglesias están exentas de los impuestos relacionados con los de renta y predial, ya que cuentan con privilegios y desde tiempos inmemoriales las “empresas” relacionadas con la religión han gozado de regímenes especiales.
Estas consideraciones esgrimidas por un gran conglomerado de la población colombiana, tienen su explicación en la separación del Estado y la Iglesia que se constituye en algo relativamente nuevo en las democracias modernas.
Estas concesiones se habían venido justificando con la excusa de que no se pueden gravar los dogmas religiosos, igualmente que las iglesias se distinguen por sus asuntos espirituales y porque también tienen trascendental importancia en el aspecto social y que por eso merecen el “perdón” de la Dian, aducen que los lugares, personas y actividades religiosas, son factores que simplemente promueven el bien común, así mismo argumentan que imponer tributos a las actividades sagradas podrían catalogarse como una forma de persecución religiosa.
Muy a pesar de todas esas numerosas excusas, en sitios diferentes al púlpito se oficia una misa completamente diferente, sería pertinente que se aclare si es cierto o no que hoy en día muchas organizaciones religiosas no se limitan a promover la palabra del divino redentor.
Sin embargo, no hay que negar que algunas iglesias –no todas– se han diversificado en sus actividades y actúan como grandes conglomerados económicos, dueños de grandes predios y de diferentes negocios, los que supuestamente cobijan bajo un solo manto de la fe religiosa.
La Dian reportó que para el año 2021 el patrimonio líquido de las congregaciones religiosas en Colombia ascendía a más de 16 billones de pesos y los ingresos brutos eran superiores a los $5,4 billones al año.
En la otra cara de la moneda están los que afirman que estas no son entidades con ánimo de lucro, por lo tanto, no deberían ser colocadas en la lista de quienes deben pagar impuestos, manifiestan que no cuentan con recursos propios y sus recursos provienen de los feligreses.
Entonces, este se constituye en un tema más para discutir.
