El presidente Iván Duque decidió terminar su período presidencial incumpliendo sus deberes como alto funcionario público y mintiéndoles a las mujeres y personas gestantes del país. En un evento en homenaje a la libertad religiosa, el mandatario dijo que “no existe un derecho al aborto”. También repitió una de sus frases predilectas sobre el tema, que no es más que una verdad de Perogrullo: “El aborto no es un método anticonceptivo”. Lo hace sabiendo que, al mencionarlo de esa manera, alimenta el prejuicio contra las personas que abortan. Es una lástima que la Casa de Nariño desdibuje sus funciones e irrespete a la Corte Constitucional de esa manera.
El aborto es un derecho en Colombia y no desde este año. En 2006, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres causales mediante la Sentencia C-355, el alto tribunal fue claro en mencionar que la interrupción voluntaria del embarazo es parte del derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes. En 2018, después de más de una década de jurisprudencia protegiendo el derecho al aborto, la Corte expidió la Sentencia SU-096 de unificación, donde dice que “el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo protege la autonomía y la libertad de decisión de la mujer” y que “al tratarse de una garantía ius fundamental, compromete en su respeto y realización a todos los servidores y órganos del Estado, a los prestadores públicos y privados de seguridad social y a los particulares”. Para completar, este año, con la Sentencia C-055, la Corte señaló que el aborto debe ser libre hasta la semana 24 y después aplicado por causales. Entonces, presidente, bajo el ordenamiento jurídico colombiano, el aborto es un derecho. Sobre eso no hay discusión. ¿Por qué insistir en desinformar?
La actitud del gobierno de Iván Duque con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido hostil y en ocasiones en directo desacato de la Corte Constitucional. La Sentencia SU-096 de 2018 que mencionamos le ordena al Ministerio de Salud “que, en el término de seis (6) meses, emita una regulación única en la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la Sentencia C-355 de 2006”. No lo hizo. Cuando se estaba discutiendo la demanda que llevó al aborto libre hasta la semana 24, un funcionario del Ministerio de Salud se hizo pasar como apoderado de la entidad pública y envió un concepto a la Corte donde decía que “el fin último de estas demandas, más que la despenalización del aborto, conlleva es al abuso de esta figura al buscar que se permita hacer uso del aborto sin límite alguno”. Algo que bien podría haber dicho el mismo presidente Duque con su discurso sobre el aborto como anticoncepción.
El problema es que, cuando no hay voluntad política desde la Presidencia para hacer cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, en la práctica mujeres y personas gestantes sufren por malas atenciones y dificultades en el acceso a los abortos. Un Ministerio de Salud ambivalente frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo permite que continúe la crisis de salud pública. El nuevo gobierno debería sentar una posición rápida y vehemente sobre el tema: que la política pública nacional sea la de apoyar a las mujeres y personas gestantes que necesiten abortar, para evitar la clandestinidad y los riesgos para su salud. El aborto en Colombia es un derecho y es momento de materializarlo.
