Cientos de ayuntamientos podrán cobrar el IBI a la Iglesia en actividades lucrativas

Expertos sostienen que la jerarquía episcopal tiene muy difícil seguir negándose al pago después de la sentencia europea de 2017 sobre el ICIO y la voluntad cada vez más firme del Gobierno.

Cientos de ayuntamientos podrían girar con éxito sus recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica para sus actividades sujetas a rendimiento económico. Así lo estiman expertos en la materia, que se amparan en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2017 que resolvió en favor del Ayuntamiento de Getafe su litigio con las Escuelas Pías para el cobro de poco más de 26.000 euros del Impuesto de Obras, Instalaciones y Construcciones (ICIO).

El fallo del máximo órgano jurisdiccional comunitario no dejó lugar a dudas: la Iglesia católica está obligada a pagar tributos en actividades que comporten rendimiento económico y su exención es considerada una ayuda de Estado expresamente prohibida por el Tratado de la UE. La sentencia permitiría una interpretación extensiva al resto de impuestos en situaciones análogas, según argumentan los especialistas consultados.

El número de ayuntamientos que podrían beneficiarse del cobro del IBI sería muy elevado y, aunque la cuantía global es difícil todavía de calcular, se cifraría en varias decenas largas de millones de euros en todo el territorio nacional. Muchos consistorios han revisado estos últimos años el listado de fincas que no pagan el IBI por razones de distinta índole y han evaluado ya las cantidades dispensadas a la Iglesia católica, propietaria de un enorme patrimonio inmobiliario en todo el país. Las cifras varían en función de la ciudad y la comunidad autónoma.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2013, por ejemplo, reveló que las capitales de provincia andaluzas dejaban de ingresar 6,6 millones de euros por 2.159 inmuebles de la Iglesia. Zaragoza, por su parte, fijó en 2,6 millones el dinero que el Ayuntamiento dejó de percibir por las 584 propiedades eclesiásticas, mientras que Salamanca lo estableció en 923.000 euros, Alicante en 942.000, Jaén en 327.000 o Ronda en 45.000. Los gobiernos locales que han iniciado procedimientos en esta dirección han sido numerosos, aunque la mayoría no han dado el paso de girar los recibos y rechazar las exenciones eclesiásticas para supuestos de actividad lucrativa.

En los últimos años, el número de consistorios dispuestos aacabar con la impunidad fiscal de la Iglesia católica es creciente. Oviedo, Tarragona, Valladolid, Zamora, Lleida, Valencia, Soria, León, Ronda, Lugo, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Badalona, Elda, Córdoba, Alboraya, Móstoles, Rivas y muchos otros municipios han movido pieza de una u otra manera para cobrar el IBI a la institución religiosa.

En algunas ciudades, se dispone de estudios pormenorizados. Es el caso de Granada, donde la organización Europa Laica elaboró un informe detallado sobre las exenciones eclesiásticas, que evidenció que la Iglesia no pagaba por sus 352 edificios declarados, muchos de ellos dedicados a la educación concertada, residencias de mayores, escuelas hogar, cocheras o simplemente locales comerciales, por los que obtiene beneficio económico. La exención tributaria por todo este conjunto inmobiliario granadino asciende a 2 millones de euros.

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