Desde la dictadura militar de Augusto Pinochet está vigente el Decreto Supremo 924 que reglamenta como deber para los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados impartir dos clases semanales de religión como parte de la formación académica de los alumnos.
El artículo tres especifica que las clases serán “con carácter de optativas para el alumno y la familia” y que los apoderados deben expresar por escrito en el momento de matricular si desean o no la enseñanza de religión.
Desde la organización masónica se intenta abrir caminos para que sea derogado el decreto en aras de la libertad de consciencia que, según la institución, debe promoverse a través de la educación desde los primeros años de formación de los individuos.
“Nosotros tenemos corporaciones educacionales desde Valparaíso hasta Osorno y estas corporaciones tienen colegios que desarrollan un proyecto educativo laico, donde somos obligados por ley a tener profesores de religión y en ese contexto es un problema. Consideramos fundamental que la educación y que la formación de la libertad de consciencia en los educandos esté desprovista de elementos sobre la base de creencias y dogmas”, explicó Sebastián Jans Pérez, gran maestro de la Gran Logia de Chile, en entrevista con Diario El Centro.
El decreto, dijo, “obliga a imponer una enseñanza para la fe dentro de la educación. Si hay un colegio que tenga una afiliación religiosa nos parece normal, pero nos parece complicado para nosotros y eso afecta en nuestras corporaciones educacionales”.
Además del perjuicio particular como institución, Jans Pérez visibilizó el rol del Estado: “Nos parece que ello debiera ser salvaguardado también para la educación pública, porque la financiamos creyentes y no creyentes a través de nuestros impuestos. El Estado nos representa como sociedad y, por lo tanto, tiene que garantizar que la educación que imparte con financiamiento público tiene que estar sobre la base de la prescindencia de opciones religiosas”.
¿Por qué se ha mantenido vigente el decreto durante tantos años?
“Es una de las preocupaciones que tenemos, porque llevamos más de 30 años de democracia y sigue vigente un decreto que fue emitido por un régimen de facto y en ese contexto pensamos que hay una debilidad de nuestra institucionalidad democrática para mantener un decreto”.
¿Cree que hay voluntad política en este Gobierno?
“Creo que ha faltado voluntad política. Creo que lo que hay que hacer es abrir un debate en nuestra sociedad hasta dónde esto se justifica”.
¿Qué instancias han abordado como institución para conseguir la derogación del decreto?
“Hemos conversado esto con distintos sectores parlamentarios, se lo planteamos en su oportunidad al señor Presidente de la República. Él encontró razonable el hecho de que dentro de un Estado laico no podría haber una obligación de este tipo, pero es un tema que, desde luego, vamos a seguir planteando y a poner mayor énfasis en lo que debe ser; y lo que debe ser es que se cumpla el mandato constitucional de la libertad de enseñanza y el Decreto 924 va contra este precepto constitucional”.
En la Iglesia católica se enfatiza mucho el tema de los valores…
“Creo que si las personas necesitan formación religiosa deben buscarlas en las instituciones y espacios religiosos. Si como Estado se está entregando educación, lo que tiene hacer es entregar una educación necesaria desde el punto de vista del conocimiento y la capacidad de construir libertad de consciencia”.
¿Esto también involucra a la educación superior?
“En este contexto podría discutirse lo que está haciendo la educación superior para formar educadores. Pero es otro tema. A nosotros nos preocupa, concretamente, que haya enseñanza de religión en el nivel básico y medio, sobre todo, cuando están en la etapa de que los alumnos no tienen discernimiento, no están intelectualmente preparados para discernir qué es adecuado para su formación o no”.
¿A la larga esto podría convertirse en una confrontación con la Iglesia?
“Nosotros no buscamos confrontar, porque en el fondo que la Iglesia católica tenga sus proyectos educativos nos parece relevante desde el punto de vista de los derechos de desarrollar opciones a partir de una convicción de consciencia. Por lo tanto, que los colegios católicos enseñen religión es normal. Lo que es anormal es que proyectos de educación laica tengan que estar enseñando religión. Y eso no va contra la Iglesia, ni va a buscar confrontaciones. Estamos apelando a que el Estado se haga cargo de una realidad concreta”.
