Los obispos afrontan divididos la polémica sobre sus privilegios fiscales Blázquez pide a sus sacerdotes que no se opongan al IBI Rouco dice que el pago perjudicará a Cáritas, lo que es falso
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¿Tiene privilegios la Iglesia católica en España? ¿Están dispuestos los obispos a renunciar por la crisis a esas regalías? ¿Pagan más impuestos los católicos para sostener a su confesión? ¿Hasta dónde alcanza el paraíso fiscal eclesiástico? ¿Cuántos millones reciben cada año de las diferentes Administraciones del Estado? ¿Figura esta confesión en la Ley de Presupuestos del Estado? ¿Entorpecería la labor de Cáritas si la Iglesia pagase el IBI? Los libros de estilo al uso prohíben empezar un informe con preguntas, pero ¿qué hacer cuando las respuestas se niegan o se contradicen con desparpajo, según gustos o intereses? Es el caso.
Los obispos parecen perdidos en una recta en plena polémica sobre los privilegios fiscales. Ni siquiera aceptan que existan esas prebendas. ¿O se trata de una ceremonia de confusión orquestada para que todo parezca complicado o irremediable? La confusión se ha extendido a muchos políticos. No faltan quienes achacan el debate a intenciones anticlericales, con apelaciones, incluso, a la manoseada persecución religiosa de laicistas impenitentes.
La polémica de los impuestos que no paga la Iglesia católica viene de antiguo, pero arrecia con la crisis económica, hasta el punto de que muchos prelados se han visto forzados a publicar cartas pastorales sobre la cuestión. Salvo excepciones, no son partidarios de cambiar de régimen fiscal ni de ceder privilegios, que consideran casi de derecho natural. Sin embargo, el arzobispo Ricardo Blázquez, prelado de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha reclamado a sus sacerdotes “sensibilidad con la situación inmensamente complicada que vivimos” y que no defiendan con “uñas y dientes” las exenciones.
El dinero para el salario de obispos y sacerdotes sale de la caja común
Un ejemplo de confusión se produce en torno a Cáritas, la confederación de las entidades católicas de acción caritativa y social. Creada en 1947, tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil, y dispone de centros en 6.000 parroquias, dependientes de 68 Cáritas diocesanas. Su ingente tarea está apoyada por el trabajo gratuito de 61.783 voluntarios y por 4.543 trabajadores remunerados.
En el último ejercicio fiscal (2010), Cáritas invirtió 247,5 millones en acciones de lucha contra la pobreza, de las que se beneficiaron 6,5 millones de personas dentro y fuera de España. De esos recursos, el 64,89% procede de donaciones privadas (socios, colectas, empresas, etcétera, por un total de 160,6 millones de euros); el 35,11% lo pagan entes públicos (Hacienda a través de la casilla de Fines sociales en el IRPF, Gobiernos central y autonómicos, Ayuntamientos, etcétera, por un total de 86,9 millones), y apenas el 2,17% les llega de la CEE (5 millones en 2012). “Es el cuarto año en que la Conferencia Episcopal repite este gesto de generosidad, que se inició en 2008 con la entrega de 1,9 millones, y que volvió a producirse en 2009 con 2,9 millones”, informa la oficina de comunicación de Cáritas.
En Alemania solo los católicos pagan un impuesto para financiar su iglesia
Más extravagante es la ceremonia del impuesto de bienes inmuebles (IBI), antes llamado contribución territorial urbana. ¿Quieren, o no quieren, pagar el IBI los obispos, como todo hijo de vecino? La Iglesia romana es la segunda propietaria inmobiliaria en España, después del Estado, de forma que muchos alcaldes están buscado la manera de cobrar el IBI sobre algunos de sus inmuebles ahora exentos, o que el Ministerio de Hacienda les compense por esa pérdida de ingresos. El primero en pedirlo fue el Ayuntamiento de Madrid, entonces presidido por el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Antes se había producido una masiva campaña de Europa Laica (muy eficaz, a la vista de las disputas que ha suscitado), con una propuesta concreta de moción municipal, en paralelo a otra para que los ciudadanos no pongan la equis en favor de la Iglesia en su declaración del IRPF. Son un centenar los Ayuntamientos que ya han aprobado esas mociones, pero sus deseos han fracasado en el Congreso, abstención incluida del Grupo Socialista pese a haberse comprometido lo contrario. Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, afeó este viernes con gran severidad este comportamiento errático del PSOE.
La disputa, estas semanas, está centrada también en el impreso de la declaración de la renta de las personas físicas (IRPF), donde solo figura la Iglesia católica. También se discute sobre el origen de tales canonjías.
“Ni pagas más, ni te devuelven menos”. Con este argumento excitan los obispos a sus fieles para que pongan la equis en su IRPF a favor de la Iglesia católica. Lo ha hecho ya una veintena de prelados mediante cartas pastorales. Craso error de comunicación. Frente a ese gratis total, predicado también en la propaganda de la CEE con el eslogan de XTantos, los prelados sostienen, sin embargo, que lo que reciben de Hacienda es producto de lo asignado por católicos o simpatizantes, no dotación del Estado.
¿Quieren decir, acaso, que los católicos pagan un impuesto especial para su Iglesia, como ocurre en Alemania, por ejemplo? No. El católico en España paga a Hacienda, mediante el IRPF, por los mismos conceptos que el resto de los contribuyentes, sean judíos, musulmanes, protestantes, budistas, ateos e incluso anticlericales a la vieja usanza. Ni un euro de más para su Iglesia. El dinero para salarios de obispos y sacerdotes sale de la caja común, no lo dan los católicos de su bolsillo.
Este año, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que debate estos días el Congreso, Hacienda está ingresando cada mes 13.266.216,12 euros en una cuenta corriente de la CEE, a esperas de una liquidación a final de año casi siempre superior.
Así que, efectivamente, los católicos “ni pagan más, ni les devuelven menos” por asignar a su confesión el 0,7% de su cuota fiscal. Los obispos dicen la verdad en esto porque llevan siglos bebiendo de un cáliz sin fondo: la proverbial tacañería del español para con su Iglesia. En 1979, cuando el Estado vaticano y España acuerdan revisar el Concordato nacionalcatólico de 1953, se pacta una “dotación presupuestaria” (con ese nombre), en tanto la jerarquía encontraba formulas para “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Textual.
Nada se ha cumplido. Ni prosperó la idea de lo que entonces se llamó, sin razón, el impuesto religioso, ni los obispos están interesados en autofinanciarse. La fórmula que se ha consolidado es la llamada “asignación tributaria”, que les permite sostener la ficción de que lo que Hacienda les da cada mes se lo han adelantado los contribuyentes católicos.
Dotación, asignación, impuestos… La realidad es que, eufemismos aparte, quien paga los salarios de obispos y sacerdotes, más otras funciones de culto, es Hacienda —y “Hacienda somos todos”, decía un eslogan que hizo fortuna—.
¿Qué ocurriría si el católico español tuviera que pagar a Hacienda un 0,7% más para el sostenimiento de su Iglesia? Conocemos lo que sucede en Alemania desde que comenzó la crisis. Según datos de su Conferencia Episcopal, de enero pasado, en 2009 abandonaron esta confesión 120.000 feligreses para no tener que pagar el impuesto eclesiástico.
En Alemania, con 25 millones de católicos —el 31% de la población—, este impuesto es obligatorio para quien confiesa pertenecer a una religión. Quien no lo paga queda excomulgado, con la suspensión de sus derechos —presencia de sacerdote en ceremonias sociales, entierros, etcétera)—. La misma reglamentación sirve para los protestantes, que son mayoría. Los ingresos fiscales les sirven para pagar sus aparatos —jerarquía, clero, Administración—, pero sobre todo para el sostenimiento de instituciones caritativas y oficinas de asesoría, incluso en temas de aborto voluntario.
La Iglesia católica es la segunda dueña inmobiliaria de España
Sobre la financiación global del Estado español —mediante sus diversas Administraciones— a la Iglesia católica, incluido el paraíso fiscal eclesiástico, Europa Laica calcula que la confesión que lidera el cardenal Rouco recibe cada año, por múltiples conceptos, en torno a 11.000 millones de euros, una cifra que la Fundación 1º de Mayo acaba de rebajar a 5.689,7 millones. Lo hace en un informe de abril pasado, titulado Financiación de la Iglesia católica y gasto público. Tanta discrepancia prueba la opacidad, cuando no el secretismo, con que Gobierno y obispos llevan sus relaciones.
¿De dónde proceden los privilegios eclesiásticos? La respuesta es sabida, pero no compartida: de los acuerdos entre el Vaticano y España, suscritos en Roma en 1979. Los obispos, en este debate, han cambiado el mensaje, afirmando ahora que, en realidad, sus privilegios fiscales, como la exención del IBI, son consecuencia de la ley de mecenazgo de 2002, que también beneficia a otras instituciones “sin ánimo de lucro”. Si un día un Gobierno decide cambiar esa ley suprimiendo ese privilegio, se encontrará con que los obispos apelarán entonces al concordato económico de 1979 para garantizarse la inmunidad fiscal. Es ese concordato, llamado ahora en una de sus partes Acuerdo sobre Asuntos Económicos, el que garantiza esta situación. Dice su artículo IV: “La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones: A) Exención total y permanente de la contribución territorial urbana, etcétera”. El cardenal Rouco considera, con razón, que se trata de un acuerdo internacional, e incluso “supraconstitucional”, es decir, inamovible salvo un complicado proceso de modificación.
La CEE solo aporta un 2,17% del presupuesto de Cáritas
No están de acuerdo ni el vicesecretario para Asuntos Económicos episcopales, Fernando Giménez Barriocanal, ni el director de la Oficina de Comunicación de la CEE, Isidro Catela. Dice el primero: “A día de hoy, la Iglesia dispone del mismo régimen fiscal que se aplica a otras instituciones no lucrativas del país, el mismo que tienen otras confesiones religiosas. No hay privilegios. Gracias a estos beneficios, nuestras instituciones realizan una importantísima labor a favor de la sociedad, atendiendo demandas de los ciudadanos y con ellos devolviendo con mucho el esfuerzo fiscal realizado. Es una inversión social muy rentable”.
Isidro Catela, más contundente, habla de campaña de descrédito y de muchas falsedades. “La manipulación de la opinión pública, que cala como lluvia fina, lleva a creer a mucha gente que la Iglesia católica es la única que no paga el IBI y que además no paga ninguna clase de impuestos”, se lamenta.
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