La Generalitat obliga a las mezquitas a respetar la «historia» y la «tradición»
Los musulmanes y evangélicos, las dos comunidades con más pujanza en Cataluña, lo van a tener aún más difícil para abrir nuevas mezquitas o iglesias. La Generalitat catalana ha decidido reformar una norma aprobada en 2009 por el tripartito para incluir una referencia a la "tradición" y a la "historia" como elementos que los nuevos centros de culto deben "tener en cuenta". La nueva norma que prepara el Gobierno de Artur Mas elimina, además, la obligación impuesta a los ayuntamientos de modificar sus planes urbanísticos para prever suelo de uso religioso. Esta decisión quedará ahora a criterio de los ayuntamientos "en función de las necesidades" de cada municipio.
El anteproyecto de ley, que el ejecutivo prevé aprobar a mediados de septiembre, detalla que las condiciones técnicas y materiales de los centros de culto de nueva construcción "han de tener en cuenta las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y el impacto sobre los elementos artísticos". Eso puede significar, entre otras cosas, que el aspecto exterior de los oratorios islámicos o iglesias evangélicas, por citar dos ejemplos, deberán armonizar con el entorno.
El redactado de la ley es ambiguo y no se especifica qué significa "tener en cuenta" y qué se entiende por "tradición" de cada municipio. ¿Quiere eso decir que no será posible construir oratorios islámicos con la forma arquitectónica tradicional de una mezquita, o sea, con arcos, cúpula o minarete?
La Generalitat remite de nuevo a la autonomía municipal. "Se trata de dar pistas y posibilidades de acción a cada ayuntamiento. Los centros de culto se han de adecuar a las fachadas de los otros edificios". Pero las propias confesiones tienen que pensar si lo importante es la fachada o lo que hay dentro del edificio. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona), de CiU, vetará el proyecto de una mezquita porque su fachada de elementos árabes rompe con la tradición.
Los críticos con la reforma, como el exsecretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, creen que las alusiones a la historia, la cultura y la tradición sobran en la ley. "Bastaba con decir que hay que respetar las normas urbanísticas, como cualquier construcción". "En el fondo de eso hay el trauma social que supone para mucha gente ver minaretes en su entorno urbano", abunda Amorós.
El anteproyecto de ley ha sido criticado por entidades musulmanas y evangélicas porque, en la práctica, supone un límite al derecho a la libertad religiosa que consagra la Constitución. El Gobierno catalán justifica la medida en que la obligación de cambiar los planes urbanísticos "había causado muchos problemas". "Son trámites largos y costosos para los municipios", según el director general de Asuntos Religiosos, Xavier Puigdollers.
La ley de 2009 fija las condiciones de seguridad, higiene y accesibiliad, entre otras, que deben cumplir los centros de culto. Y da a las comunidades cinco años para adaptarse a la norma. La reforma impulsada por CiU prevé alargar el plazo hasta los 10 años. "Las comunidades están haciendo esfuerzos para adaptarse, pero muchas no tienen recurso y necesitan tiempo", justifica el director de Asuntos Religiosos. Los críticos, entre ellos Amorós, replican que la moratoria "cronifica" el problema de la precariedad de los locales de culto.
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